Conllevancia o autodeterminación

Por Juan-José López Burniol, notario (EL PAÍS, 02/02/07):

Me impulsa a publicar este artículo el que un punto esencial del problema vasco, pese a ser evidente, no suele reconocerse. Mi idea es ésta: la reivindicación de fondo que hoy plantean los nacionalistas vascos es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi, por lo que cualquier negociación que se inicie con ellos no podrá eludir este tema. La independencia es -aunque no se diga- el horizonte de todos los nacionalistas. Para un nacionalista -defensor del principio de que cada nación ha de tener su propio Estado- todo sucedáneo de la independencia anhelada no es sino un coitus interruptus. Hace más de veinte años, un colega de Bilbao me describió la situación de su tierra de un modo muy expresivo: “Entre los nacionalistas, los dirigentes son independentistas, pero saben que no puede ser; los militantes son independentistas, pero no saben que no puede ser; y los votantes están en un vaporoso estado de exaltación cordial en el que cabe todo”.

Ahora bien, hoy no puede mantenerse que los dirigentes nacionalistas sigan viendo imposible la independencia de Euskadi. Las circunstancias internacionales han cambiado, cierta erosión de los viejos Estados a resultas de la globalización es evidente y, sobre todo, un cuarto de siglo de hegemonía nacionalista ha provocado un distanciamiento sentimental progresivo entre parte del País Vasco y el resto de España, que hace muy difícil pensar en proyectos compartidos e intereses comunes. Los intereses se ven distintos cuando no contrapuestos, por lo que, aun cuando puedan concertarse, no dejan de sentirse como diversos. ¿Cuántas veces hemos oído a dirigentes nacionalistas que los únicos intereses por los que se sienten concernidos son los particulares de Euskadi, haciendo caso omiso de los generales de España? Pero un Estado -también un Estado federal- es, recordémoslo, un ámbito donde el interés general de todos sus miembros prevalece en algunas materias sobre el particular de cualquiera de sus partes. En otro caso, no hay Estado sino todo lo más confederación de Estados.

Así las cosas, ¿qué opciones tiene hoy la España que se siente española a la hora de afrontar el problema vasco? Sólo dos, basadas ambas en el mismo presupuesto, a saber: que el Estado autonómico fruto de la Constitución, desarrollado con coraje y vigor hasta convertirlo en un auténtico Estado federal, es el único marco -no inmutable, sino modificable según sus propias reglas- que la nación española acepta como base de su proyecto común. Pues bien, sobre la base de esta estructura autonómica devenida federal, las dos opciones existentes frente a la perenne reivindicación nacionalista vasca son éstas:

Primera. Conllevar el problema -tal y como aconsejaba Ortega, refiriéndose a Cataluña- sin pretender solucionarlo. Dejar pasar el tiempo. Hay quien sostiene que existen dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que resuelve el tiempo. En esta línea y ciñéndose al ámbito vasco, se ha dicho por un conocedor del tema que ETA nunca será derrotada, pero se extinguirá con el tiempo. Por consiguiente, el camino a seguir sería modificar la Constitución en la medida precisa para desarrollar el Estado autonómico, hasta convertirlo en un Estado federal homologable y efectivo. Para ello sería preciso el acuerdo de los dos grandes partidos españoles, abierto a la participación constructiva -no sólo a la simple adhesión- de los demás partidos dispuestos a prestarla. Y hecho esto, clavar los pies en la arena, aguantar, aplicar la ley hasta el extremo –observata lege plene– y esperar a que escampe.

Segunda. Afrontar el problema vasco en busca de una solución pactada con los nacionalistas, lo que implicaría necesariamente admitir que este contencioso se concreta, para éstos, en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi. Todo lo demás son paños calientes. Intento justificar lo que digo.

El problema vasco sólo tiene dos salidas: o Estado federal o secesión. No existe una fórmula intermedia de tipo confederal. Ésta quizá podría ser satisfactoria para Euskadi, pero no para España, no sólo porque su probable extensión a más autonomías provocaría la destrucción del Estado, sino por una simple cuestión de intereses: ¿qué ganaría España con ello? Sólo introducir un factor de desestabilización permanente. Por consiguiente, de persistir hasta hacerse insoportable la reivindicación nacionalista vasca, el interés de España -insisto, el interés de España- pasaría porque Euskadi decidiese de una vez entre la federación o la secesión.

Lo insostenible, como afirma Stéphane Dion, es utilizar permanentemente la amenaza de la secesión como un medio para obtener un estatus especial, o para conformar bilateralmente con el Estado el alcance y los límites de la federación, pues la fijación del alcance y de los límites del Estado federal corresponde a todos los ciudadanos por igual y ha de ser objeto de un consenso constitucional.

A la luz de cuanto antecede, es fácil entender lo sucedido en el reciente y frustrado proceso de paz. En los tratos preliminares que preceden a toda negociación, ambas partes eludieron entrar en concreciones y lo fiaron todo a sus respectivas habilidades en la negociación propiamente dicha; pero, cuando ésta se abrió, pronto se vio claro que los etarras iban a por uvas -autodeterminación y Navarra-, mientras que el presidente Rodríguez Zapatero no podía hacer concesiones en este terreno. Y ésta es la historia. No se trataba de aproximación de presos, ni de beneficios penitenciarios. El tema era y es otro: la autodeterminación. Y lo será siempre que se abra el diálogo con los nacionalistas, por lo que jamás se podrá eludir la reivindicación que constituye su razón de ser: la autodeterminación como pórtico de la independencia. Esta realidad debe tenerse muy en cuenta en los días que corren, si se piensa en reanudar la negociación con ETA. Cuantas veces se intente, ocurrirá lo mismo: o autodeterminación o ruptura.

La opción por una de ambas posibilidades -conllevancia o autodeterminación- es una decisión política grave que corresponde tomar al Parlamento español y que le obligaría -si optase por la segunda- a una reforma constitucional que la hiciese viable. Sólo añado que, a estas alturas y para un número incierto de españoles, el único factor que les impide inclinarse -a causa del hastío- por la segunda opción es el destino que aguardaría, en un Euskadi independiente, a la casi mitad de la población vasca que no es nacionalista y se siente más o menos española. ¿Se les puede abandonar a su destino, después de lo que han pasado y pasan?

Vuelven a mi memoria, en este punto, unas palabras de Ralf Dahrendorf, que leí en su libro En busca de un nuevo orden: “El nuevo regionalismo, que suele defenderse con pasión y no pocas veces con violencia (…) es el fruto (…) del deseo de homogeneidad étnica (lingüística, religiosa). Su principio fundamental es la delimitación: hacia fuera, frente a los vecinos ‘extranjeros’; hacia dentro, frente a las minorías ‘extranjeras’. (…). De ahí que, si el intento tiene éxito, los más beneficiados sean los activistas, no el pueblo”. Hay que pensar en ello.