Consecuencias de la colonización política de las cajas

La gravísima crisis económica que hemos padecido, tuvo un muy relevante componente financiero, tanto en España, como en otros países. La crisis se ha llevado por delante bastantes cosas, pero entre ellas, las cajas de ahorro. Ahora mismo en España sólo quedan, en sentido estricto, dos cajas de ahorro, las de de Pollença y la de Ontinyent, menos del 1% del sistema financiero. Hace menos de una década, las cajas de ahorro eran casi la mitad del sistema financiero. Todas las entidades que han sido intervenidas eran cajas de ahorro con una excepción, el Banco de Valencia, controlado mayoritariamente por Bancaja, que era una caja. No todas las cajas lo han hecho igual de mal, algunas son ahora bancos saneados y rentables, pero el núcleo del problema estaba ahí, y no en los bancos.

Los efectos fundamentales de la crisis de las cajas han sido tres. En primer término, está el coste del ‘rescate bancario’, que el Tribunal de Cuentas evaluó en 60.800 millones de euros. El importe es una cifra espectacular, pero es sólo es una estimación, que ni siquiera incluye todos los conceptos. Por una parte, es una estimación basada en lo que se podía recuperar vendiendo las acciones de Bankia y Banco Mare Nostrum, con la cotización de hace unos meses de las acciones de Bankia, que, desde entonces, ha bajado.

Por otra parte, no se han incluido cuestiones como el coste fiscal de los denominados activos fiscales diferidos, es decir la pérdida de recaudación en el impuesto de sociedades derivada de las pérdidas de los bancos. Tampoco es fácil determinar las pérdidas para el contribuyente de los denominados esquemas de protección de activos (EPAS), que consisten en que el Estado, a través del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria o FROB, asuma una parte de las pérdidas en los créditos de algunas cajas, cuando se han vendido a otras entidades financieras. Otra de las sorpresas en todo esto, es que para poder vender algunas cajas había que pagar al comprador. En fin, una estimación incompleta, provisional e inexacta, pero necesaria para partir de algún sitio, de nada menos que 60.800 millones de euros a cargo del contribuyente.

En segundo término, durante casi toda la crisis, buena parte del sistema financiero no concedió crédito. Esto supuso, entre otras cuestiones, que empresas rentables acabaran cerrando, o no llegaran a arrancar, por falta de liquidez. La crisis de las cajas, es decir su pésima gestión, salpicada por algunos episodios que los Tribunales han considerado delictivos, hizo más profunda la crisis en España.

En esto influyó de forma determinante la supervisión y el control de las cajas. Si en esta cuestión, usted está pensando en el Banco de España, naturalmente tendrá razón, pero estará pasando un detalle por alto: los Estatutos de Autonomía concedían bastantes potestades de control a las Comunidades Autónomas, esencialmente en materia de gobierno corporativo. Traduciendo, los políticos nombraban a los órganos de gobierno de las cajas, y luego los supervisaban… Todo este proceso de colonización comenzó con la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro de 1985, siendo uno de sus principales impulsores, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), que luego sería gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012.

La labor del Banco de España durante la crisis está en estos momentos en el ojo del huracán. Con independencia de las competencias de las Comunidades Autónomas en cuestiones de gobierno corporativo de las cajas, el organismo que debía velar por la solvencia de las entidades financieras era el Banco de España. Si el expresidente socialista Rodríguez Zapatero señalaba que “teníamos el sistema financiero más sólido del mundo” en 2009, y nadie decía nada desde el Banco de España, o más bien se apoyaban estas afirmaciones, es que la supervisión estaba fallando de forma muy grave.

Esto se ha visto de forma nítida en el caso de la salida a bolsa de Bankia. Sin entrar en otras consideraciones, si el Gobernador no tenía por qué conocer la opinión del equipo de inspección de Bankia ante su salida a bolsa, es que la organización y los procedimientos de supervisión necesitan una reforma en profundidad. Si no se tiene en cuenta la información y la opinión de los únicos que tienen acceso a las cuentas, se está simplemente a ciegas, o en manos de la información que la dirección de una caja, que por cierto necesitaba imperiosamente salir a bolsa porque si no, incumpliría los requisitos de capital, y hubiese tenido que ser intervenida.

Por supuesto, la responsabilidad fundamental en el desastre, o en los muchos desastres, de las cajas es de sus gestores. En algunos casos, estos gestores eran políticos del PP, como Rato, del PSOE como Narcís Serra, de partidos nacionalistas, e incluso de Izquierda Unida, y en otros casos, los nombraron políticos de estos partidos. Podemos hablar de un proceso de colonización de las cajas por parte de los partidos políticos. El control y la supervisión por parte de las Comunidades Autónomas sólo complicó las cosas. Por último, la máxima responsabilidad en el Banco de España en casi todos estos años correspondía al gobernador Fernández Ordóñez, militante del PSOE, y que venía de ser Secretario de Estado de Hacienda en el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Para concluir, el tercer efecto de la crisis de las cajas, causada fundamentalmente por la colonización política, ha sido la práctica desaparición de la obra social de las cajas, reducida a su mínima expresión. El coste social y cultural no ha sido precisamente pequeño, y es algo permanente, aunque nos hayamos ido olvidando.

Para afrontar todo esto, Ciudadanos promovió la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, que salió aprobada por unanimidad hace unas semanas. Además, hemos solicitado que el gobernador del Banco de España comparezca en la Comisión de Economía para explicar qué está pasando en la cúpula de supervisión, en la que ha habido varias dimisiones por las imputaciones del caso Bankia. Por último, hemos promovido una proposición no de ley de regeneración del Banco de España, con el objetivo fundamental de una reforma en profundidad de la organización y los procedimientos, para que no se puedan volver a ignorar los informes de los inspectores, los únicos que tienen acceso a la contabilidad de las entidades financieras.

Los españoles se merecen que la Justicia depure las responsabilidades penales en el desastre de las cajas, pero también tener un diagnóstico claro de la colonización política de buena parte del sistema financiero. Ése es nuestro trabajo en el Congreso. Sólo así, conociendo las causas, podremos tomar las medidas necesarias para evitar que este desastre se repita.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión de Economía del Congreso e inspector de Hacienda.

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