“Terminé la capacitación un viernes y el lunes ya estaba firmando contrato”, dice María Rocío Cortés Medina, una joven de 22 años desplazada por la violencia en Colombia, sobre su primer empleo formal: agente en un call center en Cali. “No solo gano más, sino que ahora puedo compartir con mi hijo los fines de semana”, agrega.
Antes de conseguir ese trabajo en la cooperativa Coomeva, donde ya lleva más de año y medio, María Rocío laboraba de lunes a domingo como manicurista sin ingreso fijo; un fiel reflejo de casi el 50 % de colombianos que trabajan en la informalidad. Allí, el desempleo juvenil duplica el promedio nacional y es mucho peor en los que han sido víctimas de la violencia, como ella.
Lo suyo no fue suerte. Ella participó en el Programa de Bonos de Impacto Social (BIS), un instrumento de pago a cambio de resultados que, en este caso, se utilizó para emplear a población de difícil colocación.
El modelo tiene dos particularidades. Por un lado, el objetivo no es formar personas, como suele ocurrir en los programas de empleabilidad, sin ninguna garantía de que se firmen contratos laborales. Los BIS, en cambio, tienen como meta concreta que los participantes obtengan puestos formales.
La segunda particularidad es que son inversionistas privados quienes anticipan los recursos para financiar el programa. Solo si se logran los objetivos (que los participantes consigan trabajo), el Gobierno paga y devuelve lo invertido a los actores privados. Incluso, existe la posibilidad de que obtengan un retorno por el riesgo asumido, ya que los inversionistas pierden si no se cumple con lo previsto.
De este modo, los BIS garantizan que los recursos públicos se aprovechen en programas sociales con éxito verificado.
El esquema, del que Colombia es pionera entre los países en desarrollo, se resume así:
- Los copagadores son el Gobierno de Colombia, a través del Departamento de Prosperidad Social, y BID Lab (el laboratorio de innovación del BID), con recursos de SECO (la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza). A través de un convenio con un intermediario, acordaron pagar 1.250 dólares por cada participante efectivamente contratado y que además permaneciera en su trabajo por al menos tres meses. Asimismo, se pactó una prima de 10% por aquellos participantes que cumplieran seis meses de retención.
- Los inversionistas fueron las fundaciones Corona, Bolívar Davivienda y Mario Santo Domingo. Aportaron 300.000 dólares para financiar a cuatro operadores (Fundación Carvajal, Kuepa, Volver a la Gente y Fundación Colombia Incluyente), encargados de seleccionar, formar, orientar y acompañar a los candidatos en su búsqueda laboral.
- Para asegurar la calidad del bono, se contó con la asesoría técnica de la firma Instiglio, la gestión financiera de la Corporación Inversor, la asesoría legal de la firma Durán y Osorio y la verificación por parte de Deloitte.
Los datos de este primer Bono de Impacto Social —implementado en las ciudades de Cali, Pereira y Bogotá, entre 2017 y 2018— son alentadores: de 898 personas colocadas, 677 mantuvieron sus empleos por al menos tres meses, 309 por al menos seis meses y 133 superaron el año. Los inversionistas, por su parte, obtuvieron un retorno de 8,2%, antes de inflación.
“Este nuevo enfoque nos llevó a preguntarnos constantemente qué más podíamos hacer para perfilar mejor a los participantes, para aprovechar las vacantes que ofrecen las empresas, para que los contratados mantuvieran sus puestos de trabajo”, cuenta Ana Enríquez, de la Fundación Carvajal.
El diseño del programa concibió no uno sino tres bonos. El segundo, actualmente en ejecución, empezó en febrero de 2019 y finalizará en octubre de 2020. El éxito inicial llevó a que en este se duplicara el número de inversionistas: los mismos tres iniciales, más otros tres.
Colombia ya empezó a compartir sus aprendizajes con otros BIS, que están siendo ejecutados en Argentina y Chile, también con apoyo de BID Lab. Además, le han llegado consultas de Costa Rica, Jamaica, México, Brasil, y hasta de India.
Para Rafael de la Cruz, gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID, el propósito de proyectos como los BIS es que se conviertan en referentes para el resto del mundo: “Queremos que estos casos sean un espejo en el que otros puedan mirarse, inspirarse y aprender de la experiencia adquirida en el terreno”.
Por lo pronto, la expectativa en Colombia es que, si al cabo de unos años BID Lab o la Cooperación Suiza no están para participar como copagadores, el instrumento sea suficientemente sólido para que el Estado lo implemente por sí mismo.
En función de ello, el gobierno colombiano incorporó los Bonos en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, convirtiéndolos en ley, con lo cual su implementación tiene mayor sustento legal y se reconocen como una herramienta de innovación pública. Dicho Plan también incluyó la creación de un Fondo de Pagos por Resultados que ofrezca recursos estables, de modo que los futuros programas ya no dependan de presupuestos anuales y consoliden su estabilidad a largo plazo.
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la mira
Otro elemento distintivo del modelo es que, si bien el Gobierno participa en su diseño, interviene lo menos posible en la ejecución. Para Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona —que además de actuar como inversionista tuvo un rol de intermediario en el primer Bono—, “esto permite que en el camino se puedan hacer ajustes con más libertad, porque los actores privados estamos comprometidos con los resultados y no con un listado estricto e inamovible de actividades”.
Los buenos resultados alientan la expectativa de que los gobiernos utilicen los BIS cada vez más y amplíen su alcance a otros sectores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la salud, la nutrición, la educación y hasta la erradicación de cultivos ilícitos.
La oportunidad que plantea el modelo es única: programas sociales que solo comprometen recursos públicos si se logran los objetivos, y donde inversionistas privados asumen el riesgo. Esto da mayor efectividad al gasto, incentiva la colaboración público-privada y mejora la provisión de servicios, en particular para poblaciones pobres y vulnerables.
Christine Ternent es especialista líder de BID Lab, en Colombia, y Andrés Gómez Osorio, escritor y consultor del BID
Este artículo se basa en un compendio de historias de innovación documentadas por el BID en la publicación titulada: Cómo innovar en proyectos de desarrollo: 13 casos de innovación en Latinoamérica.