Por Antonio Gutiérrez, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso (LA VANGUARDIA, 11/04/05):
En el Consejo Europeo de primavera, celebrado entre los días 22 y 23 de marzo en Bruselas, se adoptaron importantes acuerdos en poco más de cinco horas efectivas de reunión. Los más destacables fueron la ratificación de las acotaciones al pacto de estabilidad acordadas unos días antes por los ministros de Economía y de Finanzas, y revalidar la Estrategia de Lisboa. Podría haber sido un ejemplo de lo bueno si breve..., pero la miopía de las coyunturas políticas nacionales vino, una vez más, a enturbiar la perspectiva del conjunto europeo y en lugar de percibirse como un consenso doblemente alentador para todos los países de la Unión, ha trascendido como el trágala que Alemania y sobre todo Francia han impuesto a todos los demás miembros dando encima la impresión de que se ha desbaratado el pacto de estabilidad.
Sin embargo, la primera de las lecturas de la reunión de los gobernantes europeos, la que debieron transmitir y no fueron capaces de hacerlo, se aproxima más a la realidad que la segunda. Porque no es cierto que se haya declarado el ¡viva Cartagena! para que cada cual alcance el déficit público que quiera y cuando le venga en gana, sino que se han empezado a corregir algunas de las disfunciones que ha provocado el pacto de estabilidad por el rigor monetarista con que fue concebido y que fueron advertidas por no pocos expertos desde el primer momento. Se polemizó por ejemplo con que se fijase el tope de déficit anual sin apenas margen para financiar la modernización del tejido productivo e inducir así un crecimiento sostenido y la creación de empleo o para paliar desajustes sociales graves en determinadas coyunturas; tampoco resultó muy convincente que sólo se permitiese traspasar el límite establecido cuando un país hubiese entrado ya en recesión en lugar de poder hacerlo para evitar la caída. Paradójicamente, se olvidó que el pacto se había titulado Pacto de estabilidad para el crecimiento la competitividad y el empleo, para terminar redactándose como un ortodoxo catecismo de la estabilidad presupuestaria a costa incluso de sacrificar el crecimiento y el empleo. Pero con la hipocresía que casi siempre acompaña a la ortodoxia, se hacía la vista gorda con el volumen de deuda pública que en ocasiones ha sido el camuflaje utilizado por algunos gobiernos para partidas de gasto excluidas de la contabilidad de sus déficits públicos.
Que se haya enmendado lo anterior con una mayor vinculación entre el nivel de déficit permitido (que sigue siendo del 3%) y las realidades productivas o necesidades apremiantes de los países, y simultáneamente ser más exigentes en la vigilancia de la deuda pública para que no sobrepase el 60%, no es algo que beneficie exclusivamente a Francia y Alemania, sino a todos los estados miembros de la UE, empezando por el nuestro, que necesita de una mayor flexibilidad para financiar el inexcusable esfuerzo que ha de realizar en I+D+i, por señalar una de las necesidades más inaplazables, si queremos mejorar nuestra competitividad.
Algo similar cabría decir de la controvertida directiva Bolkestein para liberalizar los servicios en toda el área comunitaria, puesto que tampoco nos interesa a economías tan tercerizadas como la nuestra que el dumping social presida la citada liberalización, que, por otra parte, es necesaria para culminar la realización del mercado interior europeo. Lo que resulta chocante es que se haya dejado que fuese Chirac quien apareciese como úni-co valedor de las condiciones de trabajo y de los derechos sociolaborales en el sector de los servicios.
Si el Consejo Europeo hubiese empezado sus resoluciones por la aprobación del informe KOK acerca de la estrategia de Lisboa, nuestros dirigentes europeos habrían transmitido una imagen de mayor cohesión y sobre todo que sus acuerdos eran congruentes con aspiraciones comunes y no concesiones a tal o cual gobierno. En aquel informe, encargado por el Consejo de primavera del año pasado y que entregamos a la Comisión Europea a principios de noviembre (han tenido tiempo de sobra para examinarlo) ya se sugería la flexibilización del pacto de estabilidad precisamente para fomentar la sociedad del conocimiento con mayor esfuerzo inversor en tecnología, investigación y en educación, adecuar los presupuestos nacionales y comunitarios a los objetivos de crecimiento y de pleno empleo que se marcaron en aquella agenda de Lisboa; incluso se les había dado resuelta la papeleta de la expansión supranacional de las compañías de servicios respetando el ordenamiento laboral del país receptor de las actividades.
Esperemos que terminen de aprender que jugar con las cartas de Europa para ganar manos en las partidas de la política nacional sólo lleva a perder en las dos mesas. Lo prueban las últimas encuestas realizadas en Francia evidenciando que la absurda confusión generada en Bruselas tampoco ha servido para despejar el panorama francés a favor del sí en el inminente referéndum sobre la Constitución europea.