Hace demasiado tiempo que el debate actual sobre los problemas de nuestro sistema de pensiones se desenvuelve en uno de los ámbitos más inquietantes: el terreno del absurdo. No es una afirmación exagerada. En realidad, si lo contemplamos con cierto detalle, hay pocos aspectos que escapan a este singular diagnóstico.
El Gobierno impulsó en 2013 una reforma del modelo de revalorización de las pensiones, vinculado hasta entonces a la evolución de los precios, que suponía una congelación de facto de su cuantía (¿cómo calificar de otra forma un aumento anual del 0,25%?), pero a la vez critica al Gobierno anterior por haber acordado la congelación de las pensiones más altas en 2010. Insiste también el Gobierno en recordarnos a todos las circunstancias excepcionales en las que adoptó algunas de las reformas más discutibles llevadas a cabo en 2012 y 2013, pero a la vez parece haber olvidado las circunstancias no menos excepcionales en las que se adoptaron algunas de las medidas llevadas a cabo por el anterior Gobierno en 2010 y 2011.
No podemos permitirnos el lujo de actualizar las pensiones con arreglo a la evolución de los precios, alega el Gobierno apoyado en este caso por los autores de aquella peculiar comisión de expertos que propuso la no menos peculiar fórmula de revalorización de las pensiones hoy vigente, pero al mismo tiempo dedica a reducciones y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social una cantidad que duplica el coste de revalorizar las pensiones de acuerdo con los aumentos en los precios.
Debemos al portavoz del partido en el Gobierno la última perla en este mal llamado debate. Según el primer emisor del argumentario oficial, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que dejó en quiebra el sistema de Seguridad Social y es el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha tenido que restaurar el equilibrio en las cuentas del sistema de pensiones español.
Que el Gobierno que ha dispuesto ya de prácticamente la totalidad del Fondo de Reserva que encontró al iniciar su labor en 2012 (casi 70.000 millones de euros) acuse al anterior de dejarle el sistema en quiebra debe ser una suerte de fatalidad que condena a la política española al lugar, no precisamente distinguido, que ocupa en las preferencias de los ciudadanos. Pero que las afirmaciones del portavoz del PP se realicen a la vez que conocemos que el sistema de pensiones sigue instalado en un déficit de casi 18.000 millones, pese a que el empleo ha crecido en alrededor de 500.000 puestos de trabajo en 2017, es algo verdaderamente extraordinario.
Frente a lo que algunos creen, el Pacto de Toledo es uno de los mejores activos de la política española en el ámbito del bienestar social. Su objetivo nunca fue situar a las pensiones fuera del debate político. De lo que se trataba era de hacer que las reformas tuvieran un alto grado de consenso político, económico y social. Solo así se lograría que pudieran tener continuidad y estabilidad en el tiempo. Por eso, el Gobierno que prefirió no discutir ni dialogar la reforma de 2013 no tiene ninguna razón para pedir que se mantengan sus contenidos. Nunca nadie le ha pedido al Gobierno que haga lo imposible. Pero sí es exigible que, de la misma forma que el Gobierno anterior pudo articular una reforma pactada con sindicatos y empresarios en apenas dos meses, se ponga hoy a articular una respuesta consensuada a los problemas que permanecen en nuestro modelo de pensiones.
El sistema público de pensiones es sostenible. Y lo es solo con más esfuerzo. Con más compromiso de todos en su mantenimiento porque es una de las mejores innovaciones de las sociedades socialmente avanzadas. Es mejor insistir en que para mantener nuestro sistema hay que emplear más recursos que pretender gastar dentro de 30 años lo mismo que gastamos hoy. Dentro de treinta años habrá más de 15 millones de pensionistas, frente a alrededor de 10 millones que hoy protege el sistema.
Puede que el Gobierno no quiera gastar más de lo que hoy gastamos. Pero si esa es su opción solo podrá hacerlo reduciendo en cerca del 40% la cuantía real de las pensiones a base de seguir congelando su poder de compra durante décadas. Es evidente que no habrá consenso alrededor de esta estrategia y, en el camino, también se destruirá el Pacto de Toledo. Yo no creo que esa sea la intención última del Gobierno, pero, la verdad sea dicha, hace todo lo posible para que lo parezca.
Valeriano Gómez es economista y exministro de Trabajo.