Apunta J. M. Ruiz Soroa en su artículo 'Curioso consenso' (19-2-09) en una dirección digna de ser tomada en consideración: el consenso concitado por la ponencia final del proceso de debate Euskara 21, titulada 'Itun berritu baterantz /Hacia un pacto renovado', ha sido alcanzado en el Consejo Asesor del Euskera, compuesto por ciudadanos y ciudadanas bilingües, hecho ante el cual plantea que para que ese consenso sobre las bases de la futura política lingüística en Euskadi sea verdaderamente omnímodo debería incorporar también la opinión de los monolingües castellanohablantes. Comparto lo esencial de tal afirmación. La propia ponencia final señala con absoluta contundencia: «No es posible perpetuar el divorcio entre el mundo del castellano y el del euskera: compete a la totalidad de la ciudadanía (también a quienes se hallen más alejados del euskera) configurar, acordar y llevar a la práctica la política lingüística. Porque no existe una 'cuestión del eus kera', sino la cuestión de la convivencia entre los ciudadanos vascos. Por tanto, que nadie margine a nadie de esa tarea y que nadie se automargine».
Es un hecho insoslayable que ninguna política lingüística podrá ser eficaz obviando las opiniones, inquietudes, vivencias y aportaciones de la ciudadanía monolingüe. En efecto, en este consenso están presentes universos y sensibilidades que son muy distantes, pero el objetivo común es nítido: sentar las bases para una política lingüística favorable a la revitalización del euskera en la que quepamos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, independientemente de las convicciones, credos y vivencias de cada cual. Una política lingüística, señor Ruiz Soroa, que quiere tener presente sus vivencias y las opiniones que usted sostiene, pero para avanzar en el logro de una sociedad vasca multilingüe, en la que la libertad de opción lingüística de cada ciudadano (también, obviamente, para optar por el castellano) sea celosa y democráticamente salvaguadada y promovida por el conjunto de la sociedad y de sus instituciones. Y recurro nuevamente al documento: «Esa actitud de búsqueda del consenso se apoya en dos elementos: flexibilidad y actitud proactiva. En nada sería adecuado un compromiso que forzara la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, y precisamente por ello se precisa flexibilidad; pero, de la misma manera, tampoco sería aceptable una flexibilidad que volviera la espalda a la actitud proactiva. Y si bien todos hemos de amoldar nuestras posiciones en nombre del consenso, los sectores sociopolíticos que hasta el momento no se han acercado a la realidad del euskera deberán moverse un poco más. Sea como fuere, respecto a esa tarea todos deberíamos estar a la altura de las circunstancias».
Y esto significa elevar la mirada por encima de actitudes defensivas, máxime cuando no existe ataque alguno. Quienes hemos consensuado el documento no propugnamos ningún atropello lingüístico contra ninguna de las lenguas que la ciudadanía vasca utiliza y siente como propias. Al contrario, pretendemos que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vean garantizado su derecho de opción lingüística. Como ve, no llegamos en la defensa del euskera tan lejos como la Constitución en la defensa del castellano, cuyo conocimiento impone como deber a toda la ciudadanía. Nos limitamos a señalar que una sociedad saludable desde el punto de vista democrático debe preferir la convivencia entre sus lenguas a la mera coexistencia. Debe comprender que el monolingüismo constituye una limitación indigna de ser reclamada como derecho en plena era de la comunicación y del conocimiento.
Desde ese punto de vista, su artículo contiene, a mi entender, un error de bulto: los ciudadanos monolingües no son el «sujeto paciente» de la política lingüística. Nadie pretende «convertir en bilingües» a los monolingües, como quien, pongamos por caso, alfabetiza a un analfabeto. El sujeto de la política lingüística que propugna el documento consensuado es el conjunto de la ciudadanía vasca. Porque se trata de trasladar al campo de la política lingüística la idea central de la cohesión social como mejor objetivo, y, en consecuencia, arbitrar las más sólidas plataformas de consenso entre absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas vascos.
Nuestra defensa del euskera no se sitúa en una perspectiva de conflicto lingüístico, sino de convivencia. Queremos sumar, y no restar, y queremos contar también con usted y quienes piensan como usted en la suma para una política lingüística moderna y eficaz en la promoción del euskera y en el fortalecimiento de la convivencia entre nuestras diversas lenguas y sus hablantes. Pero, eso sí, desde una óptica de colaboración, una posición constructiva y que considere la realidad sociolingüística como algo dinámico (ese 70% de ciudadanos monolingües al que alude su artículo ha dejado de ser cierto hace ya mucho tiempo entre nuestros menores de 25 años, bilingües en un 65% en el grupo de edad 16-24 años, y en un 75% por debajo de los 16 años).
Es preciso comprender que también la opción individual por el monolingüismo es, en sí misma, toda una política lingüística con consecuencias muy concretas para los conciudadanos bilingües de quien realice esa opción. En presencia de un monolingüe sólo es posible una opción lingüística; en presencia de un bilingüe, son al menos dos las opciones posibles. ¿Qué es, por tanto, más restrictivo en materia de derechos y libertades? ¿Qué es más fructífero desde el punto de vista de la cohesión social?
En materia de política lingüística, ha llegado la hora de que todos, también los monolingües resueltos a seguir siéndolo, nos apliquemos, adaptada, la vieja máxima de Kennedy: 'Preguntémonos qué podemos hacer por la convivencia lingüística en nuestro país, en lugar de preguntar qué puede hacer la normalización lingüística por nosotros'. Esto quiere decir que es la hora de las propuestas positivas, no del encastillamiento en posiciones defensivas.
Patxi Baztarrika, viceconsejero de política lingüística del gobierno vasco.