Mucho se ha escrito ya sobre el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de una parte de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de Vox, PP y Ciudadanos y la abstención de ERC y BNG. Por tanto, se trata de un proyecto que ha dividido al Congreso en dos, lo que no augura nada bueno para su futuro; de hecho, el presidente del PP ya ha anunciado que lo derogará si llega a gobernar. Yo quiero hacer algunas reflexiones.
Conviene reconocer que legislar sobre la memoria histórica o la memoria democrática de un país con un pasado sucio (por usar la expresión con la que titula Álvarez Junco su último y magnífico libro) no es tarea fácil. Dicho eso, hay que aclarar inmediatamente que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno con un pasado no menos sucio que el nuestro -ahí tenemos el ejemplo de Alemania y su pasado nazi, o de Italia y el fascismo, o de Francia y Vichy- lo han conseguido de una forma más o menos satisfactoria. Pero ha requerido mucho tiempo, mucha investigación y, sobre todo, mucho consenso. En España hemos tenido tiempo de sobra: han pasado 86 años desde el comienzo de la Guerra Civil. Hemos contado con excelentes investigaciones nacionales y extranjeros sobre la II República, la guerra civil y el franquismo. Probablemente sea de los periodos mejor conocidos de nuestra historia. Lo que no tenemos, al parecer, es políticos con la altura de miras suficiente para alcanzar un gran consenso sobre cómo contarnos a nosotros y a las nuevas generaciones este pasado sucio: la utilización política del pasado, especialmente de la guerra civil y del franquismo, no deja de ser una constante anacrónica de nuestra vida política presente y un intento un tanto infantil de reescribir un pasado en el que nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hicieron lo que pudieron con el tiempo que les tocó vivir. Igual que todos.
Sentado lo anterior, el proyecto de ley contiene una exposición de motivos en la que se recoge los propósitos canónicos de este tipo de normas, proclamando que "la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural" dado que "las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática", concluyendo que "la memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias antidemocráticas que crecen en su seno". Es difícil estar en desacuerdo con estos fines.
Ahora bien, conviene preguntarse si no existe una cierta contradicción con que apoye este texto una fuerza política como Bildu que ha estado muy poco comprometida en desactivar las derivas totalitarias y antidemocráticas de la sociedad vasca, por decirlo con suavidad. Cierto es que lamenta los crímenes de ETA y recientemente ha guardado un minuto de silencio en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que conmocionó a España y esto hay que reconocerlo como un paso hacia adelante; pero no podemos olvidar que el trasfondo de una violencia terrorista padecida en plena democracia era, precisamente, la construcción de una sociedad totalitaria y antidemocrática en el País Vasco. Tampoco que para demasiados votantes del País Vasco esta tentación sigue ahí. Lo mismo que siguen ahí las víctimas de ETA y sus familiares.
En definitiva, el Gobierno de coalición en general y el PSOE en particular no podían ignorar el malestar que este apoyo iba a provocar en un país en el que la mayoría de los que estamos vivos -a diferencia de lo que sucede con el franquismo o con la Guerra Civil- sí podemos acordarnos perfectamente del terrorismo de ETA y lo que significó no sólo en términos de violencia y crímenes sino, también, en términos políticos y morales. No es de extrañar que, antes de leer el texto, no sólo los colectivos de víctimas sino también muchos militantes y votantes del PSOE hayan manifestado su absoluto desacuerdo con estos compañeros de viaje, máxime si se piensa que la única razón de que lo sean es la conveniencia oportunista: si de verdad se primaran los objetivos que proclama la Ley, ¿no debería haberse intentado alcanzar el máximo consenso posible?
Claro está que hay que partir del reconocimiento de que la memoria histórica o democrática no equivale nunca a la historia; siempre tiene un componente subjetivo e ideológico y, en definitiva, político. Pero creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles pueden suscribir el propósito del proyecto de ley de "cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana" y también con el compromiso hacia el futuro de seguir defendiendo la democracia y los derechos fundamentales "como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana".
En ese sentido, cabe destacar la regulación de la condición de víctimas y los derechos que les asisten, entendiendo por tales a los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. O las denominadas "Políticas integrales de memoria democrática" en las que se incardinan, de forma muy destacada, la localización e identificación de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Es el Estado quien asume el liderazgo en esta importante tarea, lo que complementado con la regulación y la oportuna financiación permitirá simplificar y dotar de un nuevo impulso a los esfuerzos que se vienen realizando en este sentido. Hay también, como en todas las leyes de este tipo, una regulación muy extensa de los elementos simbólicos que se refleja en cambios en el callejero, la resignificación del Valle de los Caídos, la supresión de los títulos nobiliarios franquistas, etcétera.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el Gobierno y particularmente sus socios de investidura están bajo sospecha. De ahí la preocupación que suscita la introducción vía enmienda de una referencia a "la persistencia de elementos con posterioridad a la Constitución de 1978 que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia los derechos fundamentales y los valores democráticos y la creación de una comisión técnica para elaborar un estudio sobre dichos supuestos con la finalidad de señalar posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas". No cabe duda de que dichos elementos existieron pero, ¿no estábamos hablando de la guerra y la dictadura? ¿Y quién va a decidir en esa comisión técnica? Y no preocupación sino pasmo jurídico causa la enumeración entre las víctimas de "las comunidades y lenguas catalana, vasca y gallega". ¿De verdad que asumimos ese mantra nacionalista según el cual las comunidades y las lenguas y no las personas pueden ser víctimas?
En esa línea, sorprende también, como ha apuntado Josu de Miguel, que ciertas expresiones del derecho de reunión y de manifestación (las ligadas con el franquismo o la dictadura) ya no se toleren y puedan llegar a prohibirse y sancionarse. Es interesante que los que suelen ser más partidarios del carácter no militante de la democracia española -normalmente en relación con el independentismo- no vean nada raro en este doble rasero, según el cual hay que defenderse sólo frente algunas ideologías anticonstitucionales pero no frente a otras. En ese sentido, debemos recordar que el carácter no militante de una democracia presupone renunciar a prohibir las manifestaciones que nos desagradan y reconocer el derecho a defender ideas políticas que nos indignan.
En definitiva: si de verdad aspiramos a una democracia inclusiva y pluralista, nada como reconocer que en la memoria democrática podemos caber todos. Así lo dice el proyecto de ley cuando reconoce que el consenso "fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país".
Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho.