Consensos manipulados

Por Joseba Arregi (EL CORREO DIGITAL, 24/11/07):

Los 25 años de la Ley de normalización del euskera obligan a reflexionar sobre la situación que la hizo posible, pero también sobre los cambios producidos desde entonces. No es cierto que fuera una norma aprobada por unanimidad, incluso fue recurrida ante el Tribunal Constitucional en alguno de sus apartados. Pero sí que fue una ley que tuvo un soporte más amplio que la tradicional división entre nacionalistas y no nacionalistas. Hasta contó con el voto favorable de la entonces existente Alianza Popular a alguna de sus previsiones. No hubo consenso, pero sí un acuerdo amplio y generalizado en torno a las previsiones generales de la ley. Como lo hubo sobre la ikurriña o sobre el mismo Estatuto. Existía una voluntad de sentar unas bases sólidas para el desarrollo estatutario en las cuestiones más importantes.

Ya entonces fracasó el intento del PNV de convertir el himno del partido en el de toda la sociedad: si había sido asumida la ikurriña, que era la enseña de los nacionalistas, lo mismo debería pasar con el himno, pensaban. El intento no prosperó, pero puso de manifiesto cómo veía el desarrollo del Estatuto el nacionalismo que gobernaba: debía permitir construir una sociedad en la que se asumiera con normalidad lo que no dejaba de ser señal y símbolo exclusivo, y excluyente, del nacionalismo. En estas circunstancias, quienes no eran nacionalistas hicieron un gran esfuerzo a favor de la cohesión social asumiendo la necesidad de compartir cuestiones que hasta entonces habían sido exclusivamente nacionalistas, pero sin tragar con todo lo que el nacionalismo se creía en el derecho de imponer. Los no nacionalistas asumieron el euskera como patrimonio de todos, sin poner obstáculos a su recuperación, a que las generaciones futuras tuvieran la oportunidad de conocer la lengua, llamada equívocamente ‘propia’ por el Estatuto, pero en cualquier caso específica de la comunidad autónoma. De ahí su posición favorable a elementos sustanciales de la Ley del Euskera de 1982.

Los políticos nacionalistas se han acostumbrado a afirmar que la norma fue aprobada gracias a un acuerdo, si no total, muy amplio, y que su desarrollo ha sido también producto del consenso en torno al euskera. Pero, en realidad, en esta afirmación confunden lo que quieren con lo que el resto de la sociedad ha tenido que asumir a regañadientes porque se trataba de un tema especialmente sensible. Un consenso falso que se limita a decir que el euskera debe quedar fuera de la lucha partidista porque es patrimonio de todos. Y en base a ese planteamiento, todas las decisiones concretas que se adoptan deben ser de obligado cumplimiento, en general por parte de quienes no conocen el euskera: los vascoparlantes son poseedores de derechos, los no vascoparlantes son portadores de obligaciones. Ya es hora de poner de manifiesto la falsedad de ese consenso y de enunciar los verdaderos problemas.

Uno de los elementos sustanciales de la ley de 1982 es que fijaba en el final de la enseñanza primaria -a los 14 años, según la estructura escolar de entonces- el momento en que los alumnos debían alcanzar una competencia similar en ambas lenguas oficiales. Para hacer posible este objetivo se crearon los modelos lingüísticos. Tras este esquema se encontraba una idea de sociedad bilingüe, en la que todos los ciudadanos poseyeran la misma capacidad de manejarse en cualquiera de las dos lenguas. Una sociedad de bilingüismo perfecto. Medidas complementarias, relativas sobre todo a los medios de comunicación públicos y a la salvaguarda de los derechos de los vascoparlantes en sus relaciones con la Administración, debían asegurar un contexto en el que el euskera se aprendiera con garantías de que fuera posible un uso adecuado que consolidara lo aprendido en la escuela.

Veinticinco años después, se descartan los modelos lingüísticos y se apuesta por que el euskera sea lengua principal en la educación, aduciendo el escaso rendimiento del modelo A, aunque, a la luz de los resultados, es proporcionalmente tan malo el del B y el del D. El simple hecho de que un porcentaje nada desdeñable de los que estudian en la variante que tiene como lengua vehicular exclusivamente el euskera no alcance el conocimiento requerido es argumento suficiente para replantearse su idoneidad. Y para cuestionar que una mayor exclusividad del euskera como lengua vehicular sea la mejor solución posible. Debemos plantearnos, de una vez por todas, cuáles son los derechos inalienables de los padres y valorar si una ley como la del euskera, o un decreto regulador del uso vehicular de las lenguas en la escuela, pueden estar por encima de ellos, incluso anulándolos. Si el resultado escolar de los alumnos depende -y no hacían falta muchos estudios para constatarlo- del nivel socioeconómico de la familia y de que sean escolarizados en la lengua materna, en la lengua de los padres, las reflexiones a llevar a cabo han de ser múltiples y no pueden estar dirigidas por el dogma de que el cumplimiento de la ley de 1982 depende de la desaparición de los modelos A -lengua vehicular en la escuela el español- y B -ambas lenguas oficiales son lenguas vehiculares-. Por mucho que se revista con la concesión de una mayor autonomía a los centros lo que, en realidad, no es sino la manera de que se aplique lo que quiere la Administración sin que se le puedan pedir responsabilidades.

Es una falsedad completa que, en estos asuntos, haya un consenso social en torno a la política lingüística. Lo que existe es un intento de anular cualquier debate esgrimiendo este supuesto compromiso. Porque lo que debe sustentar cualquier consenso en torno a la política lingüística es el acuerdo sobre lo que entendemos por sociedad bilingüe. Ya el primer Consejo Asesor del Euskera formado en 1982 afirmaba que existían cuatro acepciones diferentes de lo que era una sociedad bilingüe. Para algunos, una sociedad es bilingüe sólo cuando todos los ciudadanos son capaces de manejarse de forma igualmente competente en ambas lenguas. El primer Consejo Asesor del Euskera decía en su informe inicial que una sociedad así es prácticamente imposible. Por eso habría que hablar de una sociedad asimétricamente bilingüe, pues siempre habrá quienes se manejen mejor, con más competencia, en una lengua que en la otra. El ideal sería que dicha asimetría no impidiera la comunicación.

Pero en lugar de fomentar el debate sobre el fondo de la cuestión, se sigue afirmando un consenso inexistente para impedirlo. Un reduccionismo que se explica por la convicción de algunos de que el euskera no tiene futuro si no es como lengua mayoritaria, relegando al español a un segundo plano. Y que sobre todo oculta el debate sobre la relación entre la política lingüística y la libertad. Sin libertad se conseguirá que se aprenda el euskera, pero difícilmente se logrará que se use. Los virus no se adquieren voluntariamente. Cuando son inoculados, tendemos a desarrollar defensas contra ellos. Pero nadie quiere debatir ni el fondo de la cuestión ni los problemas reales. Seguimos empeñados en aparentar que el ‘casi consenso’ de 1982 existe, cuando no es verdad.