Conservadurismo universitario

El último intento de reforma universitaria del ministro José Ignacio Wert, abriendo la posibilidad de reducir los grados a tres años es, ciertamente, un disparate. Pero no lo es por el modelo 3+2 (tres años de grado más dos de máster), sino por el hecho de proceder según su habitual práctica de gobierno: la improvisación autoritaria. De manera que aquello que debería haberse recibido con aplausos, ha conseguido que provoque un rechazo generalizado que dificultará todavía más que en el futuro se tomen decisiones tan razonables como urgentes.

En realidad, el modelo 3+2 era el que habían defendido las universidades catalanas, y muy particularmente el gobierno catalán de izquierdas y su conseller Carles Solà, durante el debate de la reforma de Bolonia. Este es el modelo mayoritario de las universidades europeas, siempre aplicado con flexibilidad para atender las particularidades de determinados estudios como los de las escuelas politécnicas, medicina o arquitectura. Si España no lo siguió, fue por los intereses corporativos de las propias universidades y por tener el ojo puesto en el mercado latinoamericano más que en el europeo. Es decir, como es habitual, se pensó en todo menos en los intereses formativos de los estudiantes.

Ahora, ante la reforma que el ministro se saca de la manga, se vuelve a producir el mismo fenómeno. La inmensa mayoría de argumentos en contra del modelo 3+2 no se refieren a las posibles necesidades formativas de los estudiantes. La paradoja es que, siempre amparados por el coco de las imposiciones del mercado y de una supuesta voluntad privatizadora, a la hora de rechazar el modelo europeo por excelencia sólo se esgrimen, precisamente, argumentos de naturaleza mercantil. Por parte de las universidades se teme la reducción de ingresos. Por parte del profesorado, preocupa que sobren efectivos. Y las organizaciones de estudiantes dan por hecho que se encarecerán los estudios. Preocupaciones legítimas, claro está, pero que no habrían de determinar una rigurosa reflexión sobre la mejor formación universitaria.

Desde mi punto de vista, hay razones de sobra para apostar por el modelo 3+2, con todas las excepciones necesarias. En primer lugar, la generalización de la formación universitaria ha cambiado radicalmente el papel de una institución que tradicionalmente había tenido un perfil elitista. Se podría discutir si el grado todavía es un nivel verdaderamente universitario. Ahora bien, en todas partes se acepta que se trata de una formación básica y generalista que, en todo caso, y posteriormente, puede completarse con una especialización, sea profesionalizadora, sea orientada a la investigación y la excelencia académica.

En segundo lugar, hay que decir que la demanda de perfiles laborales de nivel medio encaja poco con la formación actual que tiende, en muchos casos, a reproducir el perfil del propio profesorado, más interesado en la investigación que en iniciar al estudiante en lo que será su profesión. No es tanto un problema de sobreformación sino de mala orientación de la que se da. Las altas cifras de abandono indican la dificultad por satisfacer las expectativas de los estudiantes. Terceramente, en ningún caso la duración de unos estudios puede confundirse con su calidad ni con la adecuación a las necesidades de los estudiantes o del mercado laboral. En cuarto lugar, creo que disponer de un único modelo tanto para dar una excelente formación básica de nivel medio como para satisfacer la excelencia académica es un disparate, al margen del despilfarro de recursos que supone. Aquí todas las universidades quieren ser de excelencia y aparecer en los rankings internacionales por la calidad de su investigación. Sin embargo, ¿quién quiere ocuparse de dar una docencia también excelente en los niveles formativos básicos? En la práctica, nadie. Finalmente, está la inadecuación con los modelos europeos, con lo que se crean desventajas competitivas en los casos de movilidad académica.

Otra cosa es si la financiación pública de la universidad es suficiente y con qué criterios se distribuye, pero que en ningún caso tendría que forzar una duración más larga de los grados por razones recaudatorias. Asimismo, hay que defender una dotación adecuada de profesorado para atender correctamente a la docencia y la investigación universitaria. El número de estudiantes que algunos estudios tienen por grupo ridiculizan los esfuerzos hechos por ofrecer nuevas metodologías de aprendizaje. Finalmente, los estudiantes deben preocuparse por si el incremento de los másters a dos años supondrá un incremento en el precio y si eso incrementará la desigualdad de oportunidades. Pero ninguna de estas cuestiones deberían condicionar el modelo de formación más conveniente.

El debate sobre el modelo universitario, pues, tendría que partir del estudio de las aspiraciones y las necesidades formativas de los estudiantes y también del mercado laboral. Eso implicaría, inevitablemente, diseñar un sistema más flexible para cada tipo de estudio, pero también según el tipo de oferta académica de cada universidad, que debería ser plural. Hay bastantes experiencias internacionales de éxito para adaptarlas a nuestro contexto de manera inteligente. Ahora bien, para hacer todo eso, además de ahorrarnos las ocurrencias del ministro Wert, habría que sacarnos de encima estos tics corporativistas que hacen de nuestra universidad una de las instituciones más resistentes al cambio de las que conozco, siempre prisionera de sus miedos y sus prejuicios ideológicos. Todo lo contrario de lo que se debería esperar de ella.

Salvador Cardús i Ros

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