Constitucionalismo a la gallega

Aquel enero de 1978, la misma semana en que el Boletín Oficial de las Cortes publicó el anteproyecto de la Constitución, la periodista Pilar Urbano hizo una ronda de entrevistas para ABC con los siete hombres que habían discutido, negociado y acordado el texto. Estaban satisfechos pero no eufóricos, porque la norma todavía había de atravesar un largo trámite hasta su ratificación en referéndum el 6 de diciembre y porque todavía les duraba el cabreo. Una filtración del borrador en Cuadernos para el Diálogo había arruinado el ambiente de confidencialidad que consideraban imprescindible para dirimir sus enormes diferencias. Hay artículos, como el 16, que se refiere al carácter aconfesional del Estado, de los que siempre se sospechará que fueron modificados por el revuelo que levantó la redacción esbozada.

Urbano trata de tú a los entrevistados y a algunos los interroga en su casa. Cuando le pregunta a Manuel Fraga por el carácter ambiguo del texto, el fundador de Alianza Popular arranca la respuesta con una fórmula que siempre le delataría cuando había perdido la paciencia. “No, mi querida amiga”, le dice, y continúa, “yo a eso lo llamo flexibilidad”. Es curioso, solo Manuel Fraga y -el todavía declaradamente marxista y a la vez declaradamente católico- Gregorio Peces-Barbacoinciden en hablar de flexibilidad y quizás sea porque este es el eufemismo más digerible para sus respectivas parroquias. El resto de los ponentes reconocen que la ambigüedad fue la palanca que permitió desplazar -hacia delante- los obstáculos, doctrinales y sentimentales y hasta morales, que bloqueaban el camino de la reconciliación y que impedían avanzar hacia la normalidad democrática, que en España nunca fue normal. La ambigüedad fue la solución no solo durante la redacción de la Constitución, sino durante toda la Transición. Era la única forma de conciliar aspiraciones y biografías, más que dispares, enfrentadas, y lograr el consenso, una palabra que significa unanimidad y que hoy todo el mundo confunde con mayoría.

Así fue como lo óptimo dejó paso a una ambición más modesta: algo que no entusiasmaría a nadie, pero que tampoco disgustaría a nadie. Quizás es que la democracia consistía en ese spleen. Alguno sentirá vértigo cuando recuerde, o cuando descubra, que al menos tres de los siete ponentes eran declaradamente contrarios a la abolición de la pena de muerte y un cuarto, Miquel Roca, consideraba necesario diferenciar el tiempo de paz y el de guerra. Fraga decía: “No soy abolicionista. Y por una sencilla razón: si cuatro hombres con la cara tapada y un pasamontañas pueden condenar a muerte a un industrial, a un primer ministro, a un almirante… ¿Por qué cuatro jueces con toga no pueden imponer a aquellos terroristas la misma ley?”. Finalmente prevaleció el criterio de Roca.

Hubo discusiones encendidas porque los asuntos que se dirimían eran graves. El voto particular contra la Monarquía del PSOE enfadó a los ponentes de UCD. Jordi Solé Tura tenía que hacer malabarismos para explicar cómo en su ánimo y en el ideario del PSUC continuaba la transformación de la sociedad española hacia un modelo comunista, pero -las adversativas no suelen gustar a los revolucionarios- “es todo un proceso largo y complejo de coexistencias que ha de hacerse desde el orden constituido”. El propio Solé Tura explicaba por qué la ambigüedad era necesaria: «Había -¡hay!- que evitar que la Constitución se redujese a un debate dramático».

Cuando a los ponentes se les preguntaba cuál fue el asunto que provocó una discusión más encendida, todos, sin excepción, señalaron «las autonomías», y si se les pedía mayor precisión, el término «nacionalidades». Para Roca y Solé Tura era el asunto fundamental y curiosamente quien más lejos propuso ir en la denominación de la cosa fue Peces-Barba: “Yo hubiese preferido que se utilizase el término naciones, pero aún irritaba más y asustaba más”. Peces-Barba ya creía en la nación de naciones y hacía su creencia extensiva al PSOE: “Los socialistas somos federalistas, concebimos a España como una unidad superior que integra en sí diferentes pueblos, naciones: vascos, castellanos, andaluces, catalanes, valencianos, gallegos…”. Ahí está el voto particular de Fraga para dar fe de la posición del que luego se convertiría en el otro polo del bipartidismo. El gallego fue el único que no optó por la solución ambigua. No quería que se hablase de nacionalidades, pero la palabra nacionalidades fue la que finalmente sirvió, como tantos otros significantes de amplio significado, para resolver la colisión entre las aspiraciones de una parte y el miedo de otra.

Cuarenta años después, ese término incrustado en el artículo 2 sigue siendo el verdadero desafío democrático. Hasta el punto de que sería imposible encontrar una metáfora que lo explicara sin que alguien se enfureciese. ¿Una pieza suelta? ¿Una bomba de acción retardada?

Por entonces, lo que temían los ponentes es que la ambigüedad que a ellos les permitió resolver sus cuitas -que eran las de sus representados- supusiera «un cheque en blanco para el legislador». No previeron que lo que ocurriría es que el Tribunal Constitucional adquiriría casi un poder constituyente. ?

La palabra nacionalidades ya no conforma a los centrífugos ni conforta a los centrípetos. Quizás porque nadie sabe qué diablos significa y porque el miedo que hizo posible el consenso se ha evaporado tras cuatro décadas de spleen democrático. De bendito spleen democrático.

Rafa Latorre, periodista.

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