Hay españoles para los que el encaje de bolillos que supuso el acceso a la democracia hace cuatro decenios es ya referencia inservible y debe arrumbarse en el trastero como un cachivache. Se habla de la necesidad de una «segunda transición» para, desde ella, darle la vuelta al calcetín de lo que se hizo en aquella delicada situación histórica.
Quienes comúnmente se apuntan a desandar el camino son jóvenes. No vivieron aquellos años de incertidumbres, acuerdos generosos entre partidos antagónicos, compromisos responsables para superar no ya una realidad política singular, sino también una coyuntura económica muy compleja, y ello desde cesiones y renuncias de todos para desembarcar en un tiempo distinto en el que España fuera equiparable a las naciones democráticas. Fue una experiencia de éxito que, sin que parezca exageración a quienes no la vivieron, asombró a propios y extraños. Para muchas cancillerías del mundo el futuro de España aparecía entre negras interrogaciones y el feliz cambio «de la ley a la ley» supuso una tranquilizadora y excelente noticia.
Seguí de cerca aquellos años de esfuerzos, de pactos, de primeras elecciones, de debate constitucional… Incluso me tocó asistir a momentos amargos, como al 23-F en el Congreso de los Diputados, que marcó el fin del siglo XIX en España, un siglo de pronunciamientos militares que, como somos diferentes, aquí duró hasta el penúltimo decenio del siglo XX. Acaso porque compartí esas vivencias coincido con mi generación en la valoración y el respeto de la Transición, lo que no supone sacralizarla.
Para quienes la demandan, esa «segunda transición» se enmarcaría en una profunda reforma constitucional partiendo casi de cero; como si la Carta Magna de 1978 fuese también un cachivache inservible. Si me asombrase algo, que ya no, acaso sería que unos profesores de Ciencia Política sean los que más se desgañiten en la exigencia de un proceso constituyente; no por ser jóvenes, sino por ser profesores; conocen –supongo– lo que la experiencia de otros aporta sobre esos procesos sin red. Cosa bien distinta de reformar con prudencia y tino responsable la Constitución es afrontar un proceso constituyente.
Nuestra quebradiza historia constitucional es aleccionadora; por ejemplo, sus tres últimas experiencias que cubren casi siglo y medio. La Constitución de 1876, aprobada en unas Cortes con amplia mayoría canovista, padeció, entre otros, los lastres del sufragio censitario, de la soberanía compartida, del bicameralismo descompensado… Duró teóricamente hasta 1931, aunque suspendida durante la dictadura de Primo de Rivera. Alrededor de medio siglo.
La Constitución republicana de 1931 fue definida ante las Cortes por Luis Jiménez de Asúa, presidente de su comisión redactora, como una Constitución «de izquierdas». Y así era, con lo que tal adscripción representó de excluyente. Ya tenemos otra vez las dos Españas, y una de ellas redactando contra la otra, o ignorándola, la ley fundamental del Estado. Duró ocho años con una guerra civil de por medio.
La de 1978 es la primera Constitución acordada entre todos y no otorgada por un monarca ni impuesta por unos contra otros; fue aprobada, además, en consulta directa al pueblo español en referéndum. Las Constituciones anteriores habían sido aprobadas en el seno de las Cortes. Lleva 37 años de vigencia.
El canovismo supuso políticas pragmáticas para unos tiempos difíciles que precisaban estabilidad, huyendo de rupturas, y con el compromiso, lejos de las urnas, de un bipartidismo turnista pactado entre conservadores y liberales, antiguos moderados y antiguos progresistas. Cánovas y Sagasta. En su balance negativo cuentan el caciquismo rampante y el permanente pucherazo electoral. Joaquín Costa, en su «Oligarquía y caciquismo», ya en 1901, cuatro años después del asesinato de Cánovas, critica duramente el sistema canovista, herido ya de muerte, desde un regeneracionismo que había abierto el desastre del 98.
La experiencia republicana de 1931 resultó fallida entre otros muchos motivos porque cada facción quería «su» República excluyendo a las demás, y en muchos casos con el anuncio de hacerlo incluso físicamente. Resulta relevante el editorial de «El Socialista» del 30 de septiembre de 1934: «Nuestras relaciones con la República no pueden tener más que un significado: el de superarla y poseerla». Pocos días después estallaba la revolución de Asturias. El régimen republicano fue todo menos pragmático; no consiguió acuerdos salvo entre afines; tampoco los buscó. Su error mantenido fue el frentismo.
Con la Constitución de 1978 y la Monarquía parlamentaria, el sistema español venía apuntalándose en un bipartidismo garantista de la estabilidad. Los constituyentes trataron de evitar, sobre todo, futuros saltos en el aire. El deseo de enmascarar sucesivos fracasos electorales cada vez más hondos ha llevado a una de las dos patas del bipartidismo –la pata socialista– a echarse al monte en brazos del oportunismo, la inmadurez y las incertidumbres. Es lo que hoy tenemos. Además de las preocupantes interrogaciones que representan, como futuro, los partidos figurín que no han gobernado nunca.
Resultaría absurdo suponer que en política algo es inamovible e inalterable. Desde luego no la Constitución, que establece las vías de su reforma. Pero ello no debería suponer inicio ni ruptura, sino perfeccionamiento y paso adelante. Es inapelable que pasados cuatro decenios España ha cambiado. No son los mismos ni piensan lo mismo quienes no vivieron la Transición y quienes la vivimos. Los cambios son necesarios, aunque la salud de las Constituciones se mide por su permanencia, y, obviamente, sería impensable que cada generación votase una Constitución nueva. Incluso eso ha llegado a demandarlo algún sesudo.
Aquel proceso fundamental que fue la Transición guarda no pocas enseñanzas. Es un espejo para políticos, no un cachivache. La Constitución que salió de aquella fructífera etapa recoge que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, cuestión que no debe estar en juego ni en almoneda. Asusta, por su irresponsable endeblez, que un líder político de la izquierda propugne cambios constitucionales para que hipotéticamente se sientan cómodos unos ciudadanos sobre otros, arrasando la igualdad de todos. En cuanto a la apuesta federalista, es como querer apagar un fuego con gasolina. Nuestra Constitución diseña un sistema avanzado y descentralizado en la gestión y el gobierno de los distintos territorios que conforman la Nación. No precisa insistencia que los secesionistas son insaciables además de ciegos. Frente a tal evidencia hay que exigir cordura a quienes no lo son.
Juan Van-Halen, escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.