El Brexit podría no haber ocurrido si hubieran votado los miles de ciudadanos europeos no británicos que viven en el Reino Unido. Este año la Unión Europea afronta un año decisivo en negociaciones y reformas. Como apuntaba recientemente el artículo de este diario titulado Berlín, no Barcelona, será clave la configuración del nuevo gobierno de Alemania y en este sentido la posible entrada del SPD en una nueva coalición es un buen augurio. Martin Schulz, líder del partido socialdemócrata, se ha manifestado por la redacción de una constitución europea con participación de la sociedad civil. Su propuesta se une a la larga lista de iniciativas económicas, sociales, de seguridad, y políticas encaminadas a una mayor integración anunciadas por Macron hace pocos meses. Tanto Macron como Schulz miran al futuro en lugar de claudicar ante el auge de los nacionalismos.
No obstante su ambición, las propuestas de Schulz y Macron corren el riesgo de quedarse en nada debido a la complejidad política que supone coordinar las políticas de veintisiete estados y eludir los vetos de los distintos estados. Quizás, los avances hacia la integración europea deban venir no de la coordinación de políticas o del logro de mayorías más o menos cualificadas en el ámbito de la Unión Europea sino de iniciativas unilaterales por parte de los estados miembros. Mi propuesta va en esta línea y tiene como objetivo la reducción del déficit democrático en la Unión Europea. Se trataría de que los estados que así lo deseen extiendan el derecho a voto en elecciones regionales y nacionales, así como a otro tipo de votaciones en dichos ámbitos, a los residentes extranjeros que provienen de otro país de la Unión Europea. Estamos hablando de los derechos políticos de más de doce millones de ciudadanos en una población de más de cuatrocientos millones.
El derecho a voto en elecciones regionales y nacionales, además de reducir el déficit democrático, fortalecería el proceso de integración europea. En primer lugar, es una apuesta contra el nacionalismo, pues es de esperar que, salvo excepciones, el voto anti-nacionalista de los nuevos votantes compensara con creces el posible refuerzo de los partidos xenófobos contrarios a dicho derecho (ej. el raro votante anti-rumano que no sea también anti-musulmán y no esté ya posicionado políticamente de modo nacionalista). En segundo lugar, la reforma promovería el sentimiento europeísta en los residentes afectados. También fomentaría la solidaridad europea horizontal, uniendo los intereses de los ciudadanos del país de residencia y los extranjeros residentes, y generando simpatía de los ciudadanos del país de origen de los residentes extranjeros hacia los estados que otorgaran dicho derecho. En tercer lugar, la extensión del derecho de voto propulsaría programas políticos más orientados a la problemática europea. Finalmente, la extensión del derecho a voto podría fortalecer los derechos sociales dentro de la Unión Europea. Al menos desde que se inició el nuevo milenio la población europea móvil ha tendido a ser de clase obrera o media-baja y a provenir de estados con niveles de renta inferiores a los de la media de la Unión Europea. Dicha población probablemente votaría por aquellos partidos que defienden una Europa social.
España está bien posicionada y tendría especial interés en liderar este cambio. La reforma constitucional abre una ventana de oportunidad para que los partidos políticos se posicionen en relación a este tema. Los sucesivos gobiernos democráticos en España se han pronunciado siempre por la integración europea. Es hora de que traduzcan palabras en hechos sin la necesidad de escudarse en lo que hacen otros estados. Además, si hay un ámbito en el que se puede hablar de una contribución de España a la construcción europea es precisamente el de la ciudadanía europea. Felipe González y Manuel Marín idearon y propulsaron dicho concepto y su implementación a través de programas como Erasmus. Para un país que no destaca ni por su fuerza militar, ni por la fortaleza de su economía, ni por la calidad de su estado de bienestar, la extensión del voto para ciudadanos europeos residentes fuera de su país de origen convertiría a España en el paladín de los derechos de la ciudadanía europea y fortalecería su posición de liderazgo en la Unión Europea. Finalmente, en ningún otro país, salvo Alemania, es más flagrante la contradicción entre el concepto de ciudadanía europea y la exclusión de miles de ciudadanos europeos de la capacidad de influir sobre las políticas que les afectan. Son más de dos millones los ciudadanos implicados. Extender el voto a dicha población sería consecuente y justo.
Juan Díez Medrano es profesor de sociología en la Universidad Carlos III de Madrid.