La lectura de las cartas cruzadas entre Artur Mas y Mariano Rajoy, publicadas el domingo en La Vanguardia, han logrado introducir en el ambiente político un grado de tranquilidad y normalidad en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno que hace muchos meses se echaba en falta. El cambio está en el tono: las cartas son una muestra de buena educación y ello no es poco. Tanto en las relaciones entre particulares como entre instituciones, sólo las buenas formas – les belles manières, que dicen los franceses– pueden dar paso a racionalizar los términos de una disputa y así desenredar el ovillo que permite empezar a resolverla.
El hecho de que Mas termine su misiva diciendo “le planteo nuevamente la necesidad de abordar el diálogo y la negociación, que permitan de forma pactada la celebración de una consulta al pueblo catalán, en el plazo más breve posible, con los marcos legales que establezcamos”, hace posible confiar en que la posición de los nacionalistas catalanes no está cerrada. Por su parte, Rajoy sale al fin de su mutismo y cordialmente tiende una mano en la despedida: “Quedo a su disposición para trabajar conjuntamente y ofrecer así la mejor respuesta a las necesidades reales de todos los ciudadanos”.
¿Es el comienzo de una nueva etapa? Como muchos ciudadanos estábamos necesitados de encontrar motivos para el optimismo, pensemos que así es. En todo caso, el clima ha cambiado.
Para llegar hasta aquí, es posible que Mas y Rajoy hayan reconocido mutuamente dos errores. El primero no supo interpretar el significado de la manifestación del Onze de Setembre del año pasado; el segundo tampoco hizo una buena lectura de los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Quizás Mas ha comprendido que las posiciones en Catalunya son muy plurales y Rajoy que el deseo de celebrar una consulta no ha cesado. ¿Ambos han aterrizado en la realidad catalana, mucho más compleja de lo que a veces aparenta?
Sin embargo, las bases de este previsible diálogo no están claras, sobre todo no lo están sus límites. El Gobierno de la Generalitat debe saber que no existe el derecho a decidir entendido en el sentido de que la voluntad de los ciudadanos catalanes, expresada mayoritariamente en las urnas, sea vinculante para el resto de los españoles en cuestiones que afecten a estos. Además, si existiera –es decir, si fuera legalmente reconocido– vulneraría el principio democrático.
Lo dijo más o menos así Felipe González el invierno pasado en un coloquio celebrado en Barcelona: “Vosotros queréis votar sobre la independencia de Catalunya. De acuerdo. Pero yo también”. Tenía toda la razón del mundo, porque expresaba una idea de una lógica aplastante: que Catalunya se separe de España, por múltiples razones, me afecta también a mí y al resto de los españoles. Yo añadiría, incluso, a todos los ciudadanos europeos, no olvidemos que España también forma parte de la Unión Europea.
Que una comunidad autónoma como Catalunya no tenga derecho de autodeterminación –derecho a separarse de España por su sola voluntad, pues así entienden muchos el derecho a decidir– no es una regla jurídica arbitraria, sino la consecuencia de aplicar los valores de libertad e igualdad de las personas, los dos valores básicos de todo Estado democrático de derecho. Felipe González y los demás españoles también deben votar en una decisión que les afecta, porque no pueden ser discriminados al ser tomada tal decisión. Dicho en palabras más solemnes: la soberanía está en el pueblo español, no en el catalán. Por tanto, el derecho a decidir de los catalanes no existe.
Por otro lado, el Gobierno español debería preocuparse de saber cuál es la voluntad de los catalanes en esta cuestión. Ni las manifestaciones, las cadenas humanas, los sondeos de opinión o los resultados electorales permiten conocer la opinión mayoritaria de los ciudadanos de Catalunya. Hace falta un debate en el que las causas y todas las previsibles consecuencias de una hipotética independencia sean puestas abiertamente sobre la mesa.
De los actuales datos sólo uno parece indudable: una gran mayoría de catalanes quiere votar, quiere que se le pregunte si desea que Catalunya se separe de España y se constituya en un Estado independiente y soberano. Los catalanes solos no pueden decidir, ya lo hemos dicho, pero a mi parecer pueden ser consultados por las autoridades estatales mediante un referéndum de acuerdo con lo que establece el artículo 92 de la Constitución.
Este procedimiento permitiría conocer el dato que nos falta: cuál es la voluntad mayoritaria de los catalanes. Si la mayoría de los ciudadanos de Catalunya deseara seguir perteneciendo a España el proceso habría terminado; si, por el contrario, una mayoría se inclinara por separarse, habría que proceder a una reforma de la Constitución para que todos los españoles decidieran si Catalunya debería ser excluida de España.
Que unos renuncien a decidir, que otros estén dispuestos a consultar. Los problemas por concretar son muchos, ya lo sé. Pero quizás en este marco de diálogo y negociación se podría llegar a un acuerdo.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.