Contra el cambio climático

En estos últimos meses ha habido un gran despliegue mediático para debatir si el cambio climático es un hecho o una suposición. El Nobel de la Paz al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) y a Al Gore ha condenado a los ya escasos detractores del fenómeno a la marginalidad más cavernaria. Ahora, el tema ya no es la discusión, sino la acción. El Protocolo de Kioto, con sus limitaciones, va en esta línea, la única internacionalmente reconocida de que disponemos. Corresponde, pues, emplearse en cumplirlo, más que lamentarse. En concreto, se precisan decisiones políticas responsables sobre el sistema socioeconómico por entero.

El caso es que España ha emitido durante el 2005 (últimos datos disponibles) 440 Mt (millones de toneladas) de CO2, frente a los 289 Mt de 1990, año base para los cálculos. Es decir, un 52% más. El compromiso era llegar al 2012 emitiendo tan solo un 15% más. Mal vamos: de mantenerse la tendencia, llegaríamos al 2012 con un incremento del 65%. Ante ello, se han renegociado los compromisos: el 15% se convertirá en un 37%, sobre la base de sumar a ese 15% un 2% en sumideros de CO2 (plantación de bosques) y un 20% en compra de derechos de emisión; el 28% restante hasta el 65% deberemos tragárnoslo reduciendo las emisiones, que es lo que deberíamos también haber hecho con el 22% que compramos (contra nuestra competitividad) o escamoteamos.

La contención se aplica, de momento, a los sectores regulados por la Directiva del Comercio de Emisiones (generación eléctrica, refinado de petróleo, cerámica, cemento, papel, etcétera), que son los grandes focos emisores ubicados en pocas manos y controlables con lógica industrial. En España han representado (2005) 183 Mt, menos de la mitad del total de emisiones. Los 257 Mt restantes corresponden a los sectores llamados difusos (transporte, construcción, agricultura, climatización, etcétera), que están en muchas manos y cuesta controlar. Ahí le duele: sin muchas pequeñas medidas y sin un cambio de mentalidad de la ciudadanía, esos 257 Mt seguirán creciendo gracias a coches cada vez mayores, a viajes innecesarios, a más construcción alocada, a más ineficiencia transformadora. Cuadrar a las grandes fábricas, que emiten menos de la mitad, no sirve de gran cosa si la ciudadanía y los pequeños productores vomitan fuera de control.

La situación en Catalunya es algo mejor. En el 2005 emitimos 59 Mt, frente a los 40 Mt de 1990, o sea, un incremento del 47%. Para llegar a 2012 emitiendo solo un 37% más que en 1990 bastaría reducir las emisiones anuales en 5,33 Mt. Con ello no resolveríamos los problemas del mundo, pero cumpliríamos con la parte alícuota del compromiso renegociado, bien modesto. Es el mínimo minimorum. Hay que entenderlo de una vez por todas: tenemos un gran problema que exige una solución proporcional.

Ese es el objetivo del Govern de la Generalitat: 5,33 Mt de CO2 menos cada año. Al menos es un objetivo claro y parametrizado. Ha comenzado a concertar voluntades convocando la Convenció Catalana del Canvi Climàtic. Se trata de hacer converger a todos los sectores en pos de una política pactada o, como mínimo, discutida. Me parece fundamental, si queremos reducir las emisiones difusas, que en Catalunya representan el 66% (el 58% en España). Las 186 empresas catalanas que emiten el 44% sujeto a la Directiva del Comercio de Emisiones están controladas y hacen los deberes. El problema, ahora, somos los demás.

Así, los catalanes asumiríamos discretamente el uno por mil de responsabilidad planetaria que nos corresponde. Somos el uno por mil del mundo, sí. No nos sirve de coartada decir que el uno por mil no es nada, porque todos son algunos pocos por mil que, sumados, dan el mil por mil. Debemos cumplir por razones éticas y porque solo haciendo los deberes podremos luego exigir las compensaciones pertinentes, cuando haya que enfrentarse a los efectos negativos del cambio climático. Cierto: cumpliendo con Kioto mitigamos el cambio, pero no corregimos sus consecuencias. Y el IPCC ha dejado claro que los principales afectados serán las islas oceánicas y la cuenca mediterránea, que sufrirán aridez, fenómenos meteorológicos extremos y pérdida de litoral. Serán necesarios planes y programas para poner coto. Y muchos recursos.

El gobierno catalán (y el español) es responsable de este uno por mil mitigador, y en territorio propio, del cien por cien corrector. Manos a la obra. Hay que hacer modelos y concebir escenarios a 10, 20 y 30 años vista. Necesitamos actuar desde ya para hacerlos lo más soportables posible. Reducir las emisiones es obligado, pero no cura nada. Debemos prever qué puede pasar con el espacio costero y las infraestructuras litorales, con la agricultura y los bosques, con el esquí y el turismo de playa, con las avenidas y las alcantarillas.

Un importante productor vinícola del Penedès está comprando terrenos en los Prepirineos. El país entero debería actuar con esa mentalidad. Podemos denostar a China y Estados Unidos por emitir el 66% del total mundial de CO2 (no le afecta Kioto por subdesarrollada, no suscribe el protocolo por imperial), pero eso no nos ahorrará aguaceros y sequías. Hemos de cumplir con los demás y actuar para nosotros. Desde hoy mismo.

Ramón Folch, socioecólogo y director general de ERF, presidente del Consejo Social de la UPC.