Contra el eco de las armas de ETA

Más de 2.000 años después, siguen estando de actualidad las reflexiones de alguien que hoy es recordado en bustos esculpidos en mármol. Marco Tulio Cicerón nos regaló dos joyas. Dejó escrito que las leyes guardan silencio cuando suenan las armas. También que para ser libres hay que ser esclavos de la ley. De toda la ley. Las dos frases deberían retumbar en la antesala de lo que parece ser el final de ETA, una banda criminal que no sólo ha sembrado fuego y sangre durante décadas, sino que nos deja un legado de odio y rabia que costará eliminar del País Vasco y de Navarra. Deberían retumbar porque ETA no prevé irse cabizbaja, sino todo lo contrario.

ETA dice que tiene algo que decir a la sociedad en la antesala de lo que, dice, será su final, pero el mero ejercicio de escuchar a un criminal justificándose resulta humillante. Con todo, después de que hayan anunciado su posible desaparición, la izquierda abertzale, el nacionalismo vasco y parte del constitucionalismo proponen vincular una hipotética disolución de ETA con decisiones que afecten a la ETA encarcelada: los presos de la organización, aún hoy sujetos a la militancia terrorista. Se ha llegado a abogar por relacionar el final de ETA con la adopción de medidas colectivas contra la dispersión de los presos de la banda, con el traspaso de la competencia de prisiones al País Vasco y hasta con la necesidad de que el Estado reconozca su grado de responsabilidad en un supuesto conflicto entre dos bandos: ETA y el Estado. Sobre esto el PP vasco tiene mucho que decir.

Tiene mucho que decir porque en su ADN llevó y lleva la defensa de la dignidad, de la decencia moral y de la libertad. Fuimos punta de lanza cuando muchos callaban tras disparos contra nucas desnudas y lo somos cuando muchos callan ante homenajes multitudinarios a etarras en nuestras calles y pueblos; o ante injurias vertidas por las instituciones en el País Vasco contra las Fuerzas de Seguridad, sean ertzainas, policías o guardias civiles. Por ello, ante el presumible final de ETA, decimos alto y claro que estamos con la ley, sólo con la ley, pero con toda la ley. Decimos alto y claro que estamos con la Política con mayúsculas, la que aspira a construir una sociedad vasca alejada de la impunidad, de la indecencia, del negacionismo y de la amnesia.

No a que la hipotética disolución de ETA se vincule con cambios en la política penitenciaria. El presumible final de ETA sólo puede afectar al final de la dispersión en un sentido: que los reclusos, sabedores de que ETA ya no les puede prohibir rechazar el terrorismo y renegar de su pasado criminal, accedan a cumplir con los requisitos que nunca cumplieron y que siempre estuvieron a su alcance para pagar su pena en cárceles cercanas al País Vasco: renegar de su pasado criminal y rechazar el terrorismo, condiciones imprescindibles para reinsertarse en sociedad. No cabe comprar el final de ETA si ETA prevé seguir controlando la militancia terrorista de sus miembros en prisión.

Del mismo modo que la disolución de ETA no disuelve el historial criminal de un etarra, la desaparición de ETA no se traduce en la voluntad de todos sus presos de reinsertarse y rechazar el terrorismo. Este argumento no entra en colisión con el respeto a los derechos humanos. No sólo lo dice España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dejado claro: «España no vulnera los derechos de los presos porque estos no estén en centros penitenciarios próximos a sus familias».

No a que la hipotética disolución de ETA se vincule con el traspaso de la competencia de prisiones al País Vasco. Es insólito que el nacionalismo vasco presente esta transferencia como una prioridad para los vascos, ajenos a esa obsesión. Con todo, y sabiendo que se equivoca quien equipara la transferencia de prisiones –gestión de las cárceles– con la política penitenciaria –esta sólo corresponde al Gobierno de España–, la transferencia de prisiones ni es, ni debe ser una prioridad en el País Vasco. El PP vasco es la única fuerza vasca que defiende este extremo.

No a consentir que, tras el acto propagandístico del supuesto final de ETA, quienes aún mueven los hilos de la banda se constituyan como guardianes de la ortodoxia etarra. Cualquier miembro de cualquier banda terrorista debe responder ante la Justicia, independientemente de promesas de no repetición, justificaciones o alegatos de convivencia.

No al blanqueamiento de la izquierda abertzale. La disolución de ETA no disuelve ni la responsabilidad de la izquierda abertzale y de su entorno, obligados aún a condenar décadas de asesinatos, ni la responsabilidad de los demócratas, obligados a exigir la condena del terrorismo para construir una sociedad digna, sin homenajes públicos a miembros de bandas criminales. La Memoria no se negocia.

No a contribuir a que ETA escriba su propia historia. La participación de PNV, EH Bildu y Podemos en el «evento» organizado para escenificar el final de ETA hoy en Cambo (Francia) es un respaldo a un acto propagandístico que prevé colorear la negra historia de la banda. El final de ETA no puede ni debe construirse generando una victimación secundaria a las víctimas del terrorismo. Quien asesinó de forma selectiva durante décadas no merece fuegos artificiales ni protagonismo, sino vergüenza y ostracismo.

Ante el enésimo capitulo del libro de la propaganda de ETA las leyes no deben guardar silencio; deben gritar, bien fuerte, para que la organización criminal, sus acólitos y sus justificadores se enfrenten al eco que el sonido de las armas debe producir en la Justicia, en la memoria pública y en la política.

Amaya Fernández, secretaria general del PP vasco.

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