Contra el Estado de derecho

Por Frances de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 03/07/08):

Sin casi darnos cuenta, la política española se está deslizando sigilosamente por una peligrosa pendiente antidemocrática. Ciertos cargos institucionales de la mayor relevancia y algunos líderes de importantes partidos desafían últimamente las normas básicas del Estado de derecho como si fuera algo natural, como si al hacerlo estuvieran cargados de razón. La actual crisis económica tiene en España componentes internos e internacionales que a todos nos preocupan. Pero que ciertos partidos hagan propuestas al margen de las reglas del juego democráticamente establecidas es una insólita peculiaridad interna española que también debería preocuparnos. En otras épocas, a quienes adoptaban actitudes semejantes se les solía calificar, acertadamente o no, de fascistas.

Hoy sucede lo contrario: quienes amenazan con saltarse impunemente la Constitución son los que tachan de fascistas a quienes exigen respetarla. El mundo al revés.

Todo ello viene a cuento con motivo del nuevo plan Ibarretxe y del acto que Òmnium Cultural celebró la semana pasada en Barcelona, el primero un claro desafío a la legalidad y el segundo un nuevo intento de deslegitimar al Tribunal Constitucional.

No es preciso ser un gran experto en derecho para llegar a la conclusión de que el lehendakari no tiene competencia alguna para plantear el referéndum que se propone. Ningún artículo del Estatuto vasco se lo permite y un órgano político no tiene potestades si una ley no las prevé. Sin embargo, la legalidad de la posición de Ibarretxe ha sido avalada por un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora vasca que se aprobó por el voto de calidad de su presidente ya que la mitad de sus miembros, a pesar de estar todos designados directamente por el propio lehendakari, consideraron que la propuesta era ilegal. Nadie ha hablado, sin embargo, de la politización de este órgano vasco ni ha intentado deslegitimarlo por su manifiesta parcialidad en este caso. Ahora, tras la esperpéntica aprobación en el Parlamento vasco de este plan Ibarretxe II, debido al humillante voto mendigado por Ibarretxe al partido que no condena a ETA, el asunto se va a dilucidar ante el Tribunal Constitucional que, por supuesto, desde los sectores nacionalistas, será considerado un tribunal “español” al que no debe reconocerse autoridad alguna. Como es obvio, de eso se trataba: utilizar las instituciones autonómicas para deslegitimar al Estado, despreciando a la ley y a la democracia. El fin justifica los medios.

El acto organizado por Òmnium Cultural -asociación subvencionada este año por la Generalitat con casi dos millones de euros- tuvo la solemnidad propia de las reuniones que congregan a los guardianes de las esencias patrias. Se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya y a él asistieron Josep Lluís Carod-Rovira como vicepresidente del Govern; Artur Mas, líder de la oposición; Joan Puigcercós, presidente de ERC; Jaume Bosch, dirigente de IC. Debe destacarse que no enviaron representación los demás partidos y es especialmente significativo que no asistieran ni representantes del PSC ni de Unió Democràtica.

El objetivo del acto era contraponer la supuesta superioridad democrática del referéndum del Estatut frente a la legitimidad de la Constitución, para así coaccionar a los miembros del Tribunal Constitucional con el fin de que no declaren inconstitucionales ninguno de los artículos del nuevo texto estatutario. A pesar de las normas vigentes, se pretende por lo visto que Catalunya sea un territorio exento de la aplicación de dichas normas. Otro claro desafío al derecho y a la democracia, esta vez presidido por el número dos del Govern y por los máximos líderes de los partidos nacionalistas a excepción de Duran Lleida. Todo ello tendrá continuación en el próximo congreso de Convergència, en cuya ponencia política se consagra el “derecho a decidir” de los catalanes – es decir, el derecho de autodeterminación- por encima de las reglas constitucionales y, por tanto, la opinión de los ciudadanos catalanes expresada en referéndum debe prevalecer por encima de la Constitución: “Si el Estatut no sale íntegro del Tribunal Constitucional, el derecho a decidir de los catalanes quedará alterado”, dice el proyecto de ponencia política.

Por tanto, al parecer los llamados nacionalismos moderados se han echado al monte. Cierto que en el PNV existe un sector disconforme con Ibarretxe, cierto que en la misma Convergència puede pasar lo mismo y, en todo caso, su aliada Unió no parece estar de acuerdo con su actual dirección. Pero también está repetidamente comprobado que los nacionalistas moderados siempre son arrastrados por los más radicales. Además, en este caso, arrastran a otros partidos con escasos principios por el confort que suministra el poder: es el caso del PSC, de IC y de EB.

Nuestro Estado democrático de derecho, el que instauró la Constitución en 1978, está pues en manos de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP. Sólo un acuerdo entre ellos puede mantener el cuestionado orden democrático, con el apoyo, estoy seguro, de la mayoría de españoles, también de la mayoría de vascos y de la mayoría de catalanes.