Contra el odio, pero no en caliente

Que Europa no se confunda: el enemigo no es el islam, sino el fanatismo que mata y muere matando. El autor de la peor masacre en Europa en los últimos cinco años no era ningún musulmán: el noruego Anders Breivik, un ultraderechista contaminado por su odio, no sólo contra el islam sino contra el pluralismo cultural e identitario. Desde ese delirio asesinó a casi 200 jóvenes socialistas en los que veía un semillero de apertura ante la diversidad. La UE debe responder, sí. Pero sin ceder un palmo a su razón de ser, ni desdecir la idea que enloquece a los fanáticos: Europa como un crisol respetuoso con sus valores fundacionales, la libertad inclusiva, el respeto al diferente.

Los atentados de París han reavivado el debate sobre la contraposición entre nuestra libertad y nuestra seguridad, como si no fueran dos derechos consagrados en el mismo artículo de la Constitución española (artículo 17, además de en su Preámbulo) y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (artículo 6). La vieja diatriba europea sobre la tolerancia, que desde Voltaire plantea sus límites frente a sus abusos por los intolerantes, conduce al dilema de defender hoy la libertad, combatiendo a sus enemigos, o exponerse a los fantasmas de la tiranía mañana. Tal como nos enseña un pasado de sangre y guerra en Europa.

De nuevo al calor del debate se agitan opciones gruesas. Reformas penales que apuntan a “endurecer” las respuestas frente a las amenazas. “Legislar en caliente” sería la expresión metafórica de la tentación de adoptar “nuevas medidas”, aunque algunas aparezcan disconexas con su justificación. En la UE es improbable la “legislación caliente”: la hacen imposible tanto la sofisticación del procedimiento como la complejidad de la composición de intereses en tan enorme escala. También la vinculación de la UE a su Carta, que consagra los principios de necesidad y proporcionalidad en toda norma que limite derechos fundamentales (artículo 52).

Sí se “legisla en caliente” —y cómo— en los Estados miembros. Un somero repaso a las iniciativas en buen número de ellos arriesga la recurrencia del “derecho penal de telediario”, populismo punitivo que apenas resiste el contraste con la ley en vigor. El Gobierno del PP vuelve a la carga con el “restablecimiento de controles interiores”, ignorando aquellas cláusulas del actual Código Schengen y su sistema integrado de información que ya permite excepciones ante situaciones tasadas.

Los argumentos orientados a la aseguración de fronteras exteriores y registro de pasajeros, así como a tipificar el reclutamiento y propaganda yihadista de su odio en Internet, sí deben ser considerados, tal como postula el nuevo acuerdo antiterrorista que se ha abierto paso en España. Pero sin eludir las garantías europeas. Y sin omitir tampoco que los terroristas que perpetraron las matanzas que más han dolido en la UE en los últimos 10 años residían legalmente en los Estados miembros en que cometieron sus crímenes. Los que asaltaron Charlie Hebdo eran ciudadanos franceses, nacidos tales en Francia, en desafío a la eficacia del sistema educativo laico y republicano.

Pulsando sólo la tecla de la seguridad —acceso a datos personales y prolongación de penas— no derrotaremos un monstruo que continuará estando ahí. Debemos librar también, a escala paneuropea, la traspapelada batalla de los valores: integración social, lucha contra la exclusión y la marginación y la desigualdad extrema que aboca a la desesperanza o a la desesperación a cada vez más gente abandonada a su suerte, en una radicalización de resentimientos cruzados que erosiona la genuina identidad europea.

Ninguna de estas reacciones cuelga en la abstracción o el vacío. Se producen en un escenario de fragmentación e injusticia. Y de inquietantes recortes, no sólo de derechos sociales, sino de los de libertad y de la propia calidad de la democracia en la UE. No sólo, como algunos piensan, en los Estados miembros de más reciente adhesión. Es fácil estigmatizar a Rumania, Bulgaria y, más crudamente, Hungría, en pavorosa involución tras varias reformas constitucionales diseñadas para achicar el espacio de la alternancia política, subordinar los medios públicos y privados e incluso la justicia al Diktat gubernamental de Fidesz, partido ultranacionalista de la familia del PP europeo. Pero un escalofriante informe (Democracy backsliding), del prestigioso think tank británico Demos, documenta la regresión democrática que anida en los asaltos a la libertad de expresión y en la restricción de los márgenes de la contienda política en otros muchos Estados miembros incluidos los más veteranos.

El “dilema de Copenhague” alude a la paradoja que contrasta los rigores en los criterios de acceso al club europeo —imperio de la ley, derechos, democracia pluralista— y la ausencia de garantías de calidad una vez que ya se es parte de éste. Esa hungarización describe un larvado retroceso de esa idea con la que Europa se explica ante los europeos: la que debe pervivir en el combate a los nuevos enemigos de la sociedad abierta si no quiere traicionarse. Derrotar a los fanáticos exige mantener la guardia, tanto frente a su furia como ante sus provocaciones para que desfallezcamos en esa voluntad de ser libres por la que tanto nos odian.

Juan F. López Aguilar es eurodiputado socialista. Miembro de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, de la que fue presidente (2009-2014).

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