En España, tras la muerte del dictador, no se depuraron las instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura. No se creó una comisión de la verdad que investigara las violaciones de los derechos humanos, no se celebraron juicios contra los responsables de las muertes, torturas y detenciones ilegales. El recuerdo de la Guerra Civil y el miedo a las Fuerzas Armadas fueron determinantes para limitar las políticas hacia el pasado. La paz y el orden, metas deseadas por los españoles, se tradujeron por los responsables políticos en olvido e impunidad.
La dictadura franquista tuvo una identidad represiva muy intensa. Los estudios históricos evidencian su extensión en el tiempo, la variedad de las víctimas, las muertes arbitrarias, la existencia de campos de concentración, los consejos de guerra sin garantías, las torturas... La represión decidida desde el poder causó un miedo que varias generaciones sufrieron en silencio.
La decisión de no exigir responsabilidades por los gobiernos de la transición rompió con una práctica de nuestra historia del siglo XX, pues la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República o el propio franquismo exigieron responsabilidades al periodo que les precedió. Las campañas a favor de la amnistía durante la Transición se dieron en un contexto de movilización social, en el que las demandas de responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos fueron minoritarias. Una vez realizadas las elecciones de junio de 1977 se frenó la movilización y se aprobó la Ley de Amnistía. Fue un acuerdo entre elites, justificado por la necesidad de reconciliación.
Años después el dirigente socialista Txiki Benegas afirmaba: "la única ley de punto final que ha habido la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas". El Partido Comunista al apoyar la Ley de Amnistía se felicitaba de haber "enterrado" a sus "muertos" y sus "rencores". Dicha ley impedía perseguir a aquellos que habían participado en las violaciones de los derechos humanos. Cumplió el papel de ser una ley de "punto final". Así se cerró, en falso, dicho tema.
En 2018 se han cumplido 82 años desde que se inició la Guerra Civil y 43 de la muerte de Franco. ¿Tiene sentido una comisión de la verdad? Tras los años transcurridos conocemos, gracias a los historiadores, buena parte de lo sucedido y lo que falta será cubierto, en la medida que las fuentes lo permitan. La historia está proporcionando un conocimiento sólido, lo que implica un reconocimiento.
¿Entonces qué verdad se trataría de conocer? Una "verdad oficial" sería un error y mal acogida por una sociedad dividida sobre el tema. Dicha "verdad" no generaría el consenso necesario. En Chile, tanto el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), como los Informes sobre Prisión Política y Tortura realizados en 2005 y 2011, recogieron la "verdad oficial". El problema fue que dicha "verdad" variaba según los informes, lo cual generó desconfianza. ¿Para qué queremos una "verdad oficial" si ya tenemos las "verdades" históricas rigurosas y reconocidas?
Entre 1974 y el 2010 se crearon en el mundo algo más de 40 comisiones de la verdad, según Amnistía Internacional. Los modelos fueron muy diferentes, así como sus objetivos y métodos de trabajo. Pero ninguna Comisión se creó pasado tanto tiempo.
La Comisión que se forme debe centrarse en evitar el olvido y gestionar las reparaciones simbólicas y materiales. Ambas han sido hasta la fecha insuficientes. Es necesario buscar un reconocimiento público, con el más amplio apoyo parlamentario y de las víctimas para que "nunca más" se vuelvan a repetir los hechos.
La exhumación de los restos de Franco debería llevarse a cabo con discreción. También deben de ser exhumadas las víctimas que se encuentran en el Valle de los Caídos y devueltas a sus familiares. Con aquellos que no puedan retornar se debería de hacer un monumento sencillo. El Valle una vez desalojado debe ser cerrado por tiempo indefinido. No puede ser el monumento de la reconciliación, ya que nunca dejará de ser el monumento de la victoria.
Se debe ser generoso con las reparaciones materiales a las víctimas, aliviar el daño moral, facilitar la localización de las fosas comunes, incentivar las investigaciones sobre los espacios y los temas aún no estudiados, presentando cada año a la sociedad la labor realizada. Llevará su tiempo, pero será clave no sólo para evitar la injusticia, sino para mejorar la convivencia.
Álvaro Soto Carmona es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid