¿Contra el terrorismo?

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 14/09/06):

El viajero llega al aeropuerto de Comalapa, en El Salvador, para tomar el avión que debe conducirlo hacia Barcelona.

Dado que el vuelo debe hacer escala en Miami y las medidas de seguridad en Estados Unidos son extraordinariamente severas, en Comalapa mismo pasa, descalzo y sin cinturón, por dos detectores de metales y le revisan minuciosamente, también por dos veces, el equipaje de mano: le requisan, entre otros, objetos tan peligrosos como el dentífrico y la colonia.

Llega a Miami y vuelta a empezar: en el control de entrada y antes de volver a embarcar, sendas revisiones del equipaje de mano. En cada registro va dejando nuevos objetos peligrosos, tan peligrosos como los anteriores. Además, el viajero, que debe recorrer a toda prisa el aeropuerto para no perder el enlace de su vuelo, rellena un formulario en el que se le pide que conteste, entre otras muchas, preguntas tan inútiles como ésta: “¿Ha estado o está implicado en actos de espionaje o sabotaje; actividades terroristas; genocidios; o participó de algún modo entre 1933 y 1945 en persecuciones relacionadas con la Alemania nazi y sus aliados?”.

Finalmente, tras veintiuna horas de un vuelo sin retrasos, el viajero llega a Barcelona: comprensivo con las medidas adoptadas en los aeropuertos, considera que en principio están justificadas por la necesidad de prevenir atentados terroristas. Ahora bien, al mismo tiempo, no deja de hacerse otras consideraciones que, al final, le hacen llegar a la conclusión de que se trata de medidas preventivas bastante inocuas, incapaces de contribuir a poner fin al terrorismo, dada la política general antiterrorista. Éstas son sus cavilaciones.

Los controles de seguridad en aeropuertos empezaron hace ya tiempo, pero se intensificaron notoriamente a partir del 11-S, hace ahora cinco años. Después, con los sucesivos atentados, las medidas se han ido reforzando. ¿Tienen sentido dichas medidas? Sin duda lo tienen, aunque siempre como piezas de una política general adaptada a la naturaleza del fenómeno terrorista. Sin embargo, no parece que ello sea así.

Desde el principio, inmediatamente después del 11-S, la política contra el terrorismo internacional de raíz islamista ha estado centrada en considerar a estos grupos violentos como grupos armados de naturaleza predominantemente militar, en el sentido tradicional del término, sin comprender que su naturaleza era otra. Los terroristas no actúan como las tropas regulares del ejército de un Estado sino con instrumentos mucho más complejos: infundiendo, de manera difusa, miedo y esperanza a la población; explotando el legítimo descontento de la gente, haciéndose eco de sus reivindicaciones económicas y sociales; utilizando creencias religiosas fundamentalistas como ideología básica de su lucha. La violencia física, pues, es sólo la herramienta más visible de sus actuaciones. Pues bien, frente a todo ello no sirven las bombas, por sofisticadas que sean. Es más, pueden ser, y están siendo, contraproducentes.

En efecto, la piedra angular de la lucha antiterrorista, al menos según la versión oficial, ha sido la guerra. Primero, la guerra de Afganistán que debía acabar con los talibanes y detener a Bin Laden: muerto el perro se acabó la rabia. Fracaso total: ni lo uno ni lo otro. Después había que poner fin al régimen de Sadam Hussein, que nada que ver tenía con los atentados del 11-S. Como se trataba de una guerra convencional y la desigualdad entre las partes era obvia, ello resultó relativamente fácil, pero el balance final ha sido desastroso: tres años después el país se debate en una trágica guerra civil, un nuevo foco de terrorismo, allí y en el resto de la zona. Ayer, sin ir más lejos, 86 muertos (en el momento de escribir estas líneas). Por último, para acabar de arreglarlo, los israelíes se prestan a colaborar en el desastre al convertir un incidente fronterizo, condenable pero habitual, en una guerra contra la población de Líbano, desde hace algunos años un país pacificado y próspero.

Así no se combate el terrorismo internacional del que estamos tratando, de esta manera se le alimenta y se le hace propaganda. El fuego no se apaga echándole gasolina. No se puede ser, a la vez, bombero y pirómano porque no es creíble. Las dudas, pues, aparecen: ¿en realidad se quiere combatir lo que se dice combatir o bien la finalidad de todo ello es otra, muy distinta e inconfesable? ¿Alguien tiene necesidad de restablecer el clima de guerra fría o echa en falta al enemigo para justificar el rearme? ¿Tanta importancia económica y estratégica pueden tener las inmensas bolsas de petróleo y gas que se esconden el subsuelo del Asia central, en el entorno del Caspio, por encima de Iraq y Afganistán? ¿Por qué razón Estados Unidos sigue teniendo estrechas relaciones con Arabia Saudí, centro del fundamentalismo islamista desde hace muchos años? ¿A quién sirve en realidad Bin Laden, ese viejo colaborador de la CIA en la guerra contra el Afganistán soviético, a la postre un gobierno modernizador de aquel país?

Todas estas preguntas surgen mientras uno se presta gustosamente a los rutinarios controles de los aeropuertos. Comprende su necesidad: son medidas policiacas y judiciales, medidas de seguridad pública, adecuadas para detener a delincuentes, que es lo que son los terroristas. Lo que no entiende es que, a la vez, los estados que promueven estas necesarias medidas, utilicen también, aparentemente con el mismo objetivo, los tanques y las bombas.