Contra el terrorismo y el odio, la solidaridad y la fuerza del derecho

Nicolás Sarkozy, ministro de Interior francés y presidente de la UMP, y Charles Clarke, ministro de Interior británico (LE FIGARO, 27/10/05).

Los terroristas que han golpeado Nueva York en 2001, Madrid, en 2004, y Londres, este verano, están animados por una voluntad de destrucción. Guiados por el odio, nuestros enemigos quieren matar. Buscan destrozar los cimientos de las sociedades modernas y debilitar las democracias.

La amenaza es de peso. Pero las democracias son más fuertes de lo que piensan los terroristas. Somos fuertes por nuestra historia que, a menudo, nos ha preparado para afrontar lo peor. Somos fuertes también por nuestras mesuradas tradiciones jurídicas, que preservan el equilibrio entre el orden público y las libertades. Combatiremos a los terroristas sin tregua, hasta la victoria, utilizando todos los instrumentos de un Estado de Derecho, moderno.

Pues el Estado de derecho no es una abstracción. Los principios de rule of law están fijos, pero el derecho que los mantiene está vivo. Debe evolucionar con el siglo. Es, precisamente, para proteger mejor a nuestros conciudadanos y las personas que residen pacíficamente en nuestro país por lo que nuestras leyes deben evolucionar, en el respeto de las libertades fundamentales.

Nuestros dos proyectos de ley, relativos a la lucha contra el terrorismo, no son estrictamente, idénticos, porque el estado de nuestras legislaciones tampoco lo son hoy. Pero hemos tenido cuidado de acercar nuestras informaciones y nuestras prácticas, esforzándonos en extraer enseñanzas, con pragmatismo y celeridad, de la experiencia vivida a cada orilla del Canal de la Mancha. Cotidianamente, nuestros servicios operativos intercambian informaciones útiles en la lucha contra el terrorismo. Esta cooperación práctica se acompaña de un trabajo de reflexión jurídica, del que nuestros proyectos son el producto. Con este espíritu, querríamos evocar aquí los principales instrumentos jurídicos de los que queremos dotarnos.

Luchar contra el terrorismo es, primero, velar para que los enemigos no prosperen en nuestros propios territorios. No podemos aceptar que, en nuestro suelo, extranjeros fanáticos glorifiquen el terrorismo y apelen a la violencia. Golpeada desde los años ochenta por sangrientos atentados, Francia se ha provisto con los medios jurídicos y logísticos para expulsar a los predicadores del odio hacia sus países de origen y para prohibir en su territorio los grupos sediciosos. El Reino Unido desea, también, a partir de ahora, capacitarse para proceder a tales expulsiones, para controlas las publicaciones difundidas por extremistas o prohibir los grupos que inciten al terrorismo.

Más aún. Debemos adaptar nuestro orden jurídico a las realidades tecnológicas de nuestra época. Respecto a esto, el Reino Unido ha mostrado el camino. La identificación de los terroristas que atentaron en el metro de Londres, en julio pasado, mayormente fue facilitada por el resultado rápido y eficaz de las cintas grabadas por las cámaras de videovigilancia. Francia desea hoy inspirarse en el ejemplo británico desarrollando, a su manera, la videovigilancia: sistemas más numerosos y de mejor resolución podrán desarrollarse, grabando imágenes a las que podrán acceder policías especialmente capacitados. Y lo mismo en materia de vigilancia automática de vehículos, que permitan la fotografía de las matrículas, con el fin de descubrir más fácilmente los desplazamientos de los activistas. Por otra parte, nos parece importante tener los medios necesarios para recoger ciertos datos de caracter personal que recogen las compañías aéreas, según prevé una directiva europea adoptada el año 2004: el análisis de estos datos permitirá, mejor que ahora, cribar a los individuos que marchen a entrenarse par la "Yihad" en ciertos países extranjeros conocidos por esconder campos de entrenamiento. Los terroristas se mueven, lo sabemos. Nuestro Derecho debe adaptarse a esta realidad, permitiendo a los policías especializados de los servicios de la lucha antiterrorista, descubrir y explorar las huellas informáticas dejadas por los terroristas.

También, pensamos que son necesarias medidas dirigidas en materia de derecho a la nacionalidad. No se trata de cultivar ninguna sospecha respecto a los ciudadanos que recientemente se han hecho británicos o franceses y que, como sus conciudadanos, pueden ser mañana víctimas de actos terroristas. Pero se trata, con toda lucidez, de hacer fracasar las estrategias de implantación territorial. Es por lo que el proyecto de ley francesa modifica el régimen de pérdida de la nacionalidad: cuando una persona que haya adquirido la nacionalidad francesa se muestre indigno de ella, hasta el punto de cometer un acto terrorista, debe ser desposeída de la nacionalidad antes, en la medida de lo posible, de ser expulsada del territorio nacional.

Esta exigencia de dominio tecnológico se aplica particularmente a las comunicaciones electrónicas. Los terroristas se han convertido en maestros en el arte de utilizar Internet y la telefonía móvil. Algunos datos técnicos de las comunicaciones deben poder ser transmitidas, más rápidamente que ahora, a los servicios especializados. No se trata ciertamente de instaurar una especie de Gran Hermano, sino de dotar a las policías antiterroristas de los medios para actuar rápido y, sobre todo, contra la comisión de un atentado. Finalmente, nunca como ahora, la represión del terrorismo debe adaptarse a la realidad de la amenaza y la organización de sus redes.

Nuestra responsabilidad, también consiste en reforzar la eficacia de los procedimientos de detención preventiva de las personas sospechosas de preparar o haber cometido un acto de terrorismo. Nuestros sistemas jurídicos son diferentes a este respecto, pero su evolución va en el mismo sentido. El Reino Unido desea dar a los servicios policiales la posibilidad de detener a un sospechoso durante un tiempo máximo de tres meses, en vez de catorce días como actualmente. En Francia, se prevé alargar el periodo de detención, en casos de terrorismo, de cuatro a seis días, manteniendo sin cambios la prisión preventiva.

Por esta razón, en el Reino Unido, el hecho de la participación en un campo de entrenamiento terrorista será castigado con 10 años de prisión. El proyecto de ley francés prevé, por su parte, reprimir más la asociación de malhechores terroristas cuando tengan como objetivo preparar crímenes atentando contra las personas. Los malhechores que preparan estos crímenes serán castigados a partir a ahora con 20 años de reclusión (y no sólo 10 como hasta ahora), mientras que los dirigentes de estas operaciones serán castigados con 30 años de prisión (y ya no será sólo 20): hay que golpear las "cabezas" de las redes y los "manitas" cuya colaboración es decisiva.

La modernización de nuestros instrumentos jurídicos de lucha antiterrorista debe comportar, también, una dimensión europea. Particularmente es el caso en materia audiovisual. Ciertas cadenas de televisión por satélite se han convertido en los vectores privilegiados de los mensajes de odio. Francia ha propuesto una modificación de la directiva "Televisiones sin fronteras" con el fin de introducir una disposición relativa a la lucha contra la propaganda terrorista.

Así, adaptando nuestras herramientas jurídicas a la naturaleza y la amplitud de la amenaza terrorista actual, mejoraremos nuestras capacidades de acción. Y por lo mismo, consolidaremos la democracia, ya que es verdad que la primera de las libertades es el derecho a la seguridad.