La reciente investidura del nuevo presidente de Canarias ha puesto en el centro del debate algunos conceptos constitucionales y democráticos básicos, así como la relevancia de asumirlos con coherencia, cualesquiera que sean las circunstancias.
Para encuadrar las cosas, hace bastante tiempo ya que el Partido Popular se ha instalado en una muy dañina deriva hacia la banalización de la Constitución. Consiste tal actitud, según venimos denunciando desde el Partido Socialista, en la huera invocación de la Ley Fundamental, como si se tratase de una salmodia, una cáscara al servicio retórico de sus intereses partidarios cortoplacistas y cambiantes. Se proclaman así principios constitucionales en ritos de conveniencia, desde la desvinculación o el desprecio puro y duro a lo que realmente dicen y significan. Se cita la Constitución con la furia del converso, propia de quien finge abogar por ella aun sin haberla leído -a veces, sin haberla votado habiendo podido hacerlo- o, sin tomarla en serio, contradiciendo su letra y su proyección normativa de presente y de futuro.
Lejos de fortalecer el prestigio y capacidad de integración de la Norma suprema como orden de convivencia, esta actitud la perjudica. En ningún ámbito resulta esto tan claro como en el de las reformas estatutarias acometidas en esta legislatura.
Vaya el recordatorio de algunos datos indiscutibles. El PSOE es, sencillamente, el único partido nacional que votó sí, además de a la Constitución, a todos los estatutos, a todas sus reformas y a su profundización en lo que se ha llamado segunda generación. Desde posiciones reaccionarias contra el impulso reformista del Gobierno de Zapatero, y encastillado en discursos que recuerdan a la derecha extrema de hace 25 años, el PP ha recurrido por inconstitucionales más de 40 artículos del Estatuto catalán, que resultaron, sin embargo, reproducidos literalmente en los posteriores estatutos valenciano, andaluz, aragonés y balear, en los que votó a favor.
Superándose a sí mismo en la pirueta del esperpento, el PP ha afirmado una cosa y su contraria en la tramitación del Estatuto de Canarias, basculando desde el tremendismo apocalíptico a la teatral lisonja, en exclusiva dependencia de sus cálculos tácticos y apetitos de poder en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Así, los recientes escritos de la Abogacía del Estado y de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional han evidenciado, más allá de toda duda, esta actitud falsaria. La farsa empeora, si cabe, a la luz de la falta de escrúpulos con que el PP se ha prestado a disciplinar a los magistrados afines del TC, sin reparar en daños y al objeto de servir a sus objetivos partidarios, que nada tienen que ver con la función de la Justicia constitucional en nuestro Estado autonómico.
Quizá, a título de ejemplo, el capítulo en que tan descarada instrumentalización de juicios de constitucionalidad carentes de fundamento adquiere tintes más groseros sea el de la Justicia. Así, la culminación de la organización judicial y la terminación de la sucesión de instancias en el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que la figura de los Consejos de Justicia autonómicos como espacios de colaboración, pasaron de ser demonizados por el PP como «arietes destructores de la unidad del Poder Judicial» a ser asumidos, sin más, en todos los Estatutos a partir del valenciano y, por supuesto, en el canario, en el que ni siquiera se han enmendado los mismos textos, idénticos, que en Cataluña se consideraban inconstitucionales de plano.
En un análogo vacío de credibilidad incurren algunas piruetas sobre el sistema electoral canario y sus opciones de cambio en el reciente debate de investidura. El debate raya simplemente lo surrealista cuando hemos visto al PP, y a Coalición Canaria (CC), pasar, una vez más, a decir lo contrario de lo que decían en función de sus conveniencias de poder, al objeto de frustrar la reforma por la que el Partido Socialista aboga desde hace muchos años (y que el PP, hasta hace poco, también defendía): rebajar al 3% regional y 15% insular las barreras porcentuales de acceso al reparto de escaños, añadir una lista regional de al menos 15 escaños e introducir correctivos para la reasignación insular de escaños en relación a las variaciones de población.
Oímos decir, y es falso, que ningún estatuto de autonomía contiene directamente las bases y reglas electorales de su comunidad. De hecho, lo realmente cierto es que el Estatuto canario es anómalo no sólo porque sí que contiene esas reglas bajo su pretextada transitoriedad (¡desde hace 25 años!), sino porque, además, las empeoró en plena tramitación parlamentaria en las Cortes (¡nada menos que en Madrid!) de la reforma adoptada en 1996, de la mano de CC y PP, y con el PSOE en contra en este punto.
A estas alturas, nadie puede ignorar que el resultado de esas reglas es el más discutible de todo el Derecho autonómico, por su dudosa adecuación a los principios constitucionales del Derecho electoral y de la representación. Basta advertir que, como consecuencia de los trucos de este sistema electoral, nada menos que 150.000 canarios que se molestaron en votar el 27-M se han quedado sin representación el en Parlamento autonómico; 50.000 votantes de Nueva Canarias (NC) en Gran Canaria se han quedado sin escaño, mientras sí obtenía un escaño marginal en esta isla CC con 19.000 votos; y sigue sin existir correctivo al aumento de población experimentado por algunas islas desde 1982 hasta hoy.
Finalmente, es también falso que una reforma de esas reglas no cambiaría nada, puesto que se limitaría a reasignar los mismos escaños en igualdad de votos. Se ignora, con ese argumento, que ningún sistema electoral es inocente ni inocuo. Así, la virtualidad más importante de la reforma sería la de su impacto sobre el comportamiento y la cultura política: una lista regional fomentaría la articulación de discursos, programas y candidaturas unitarias, cohesivas y vertebradoras, superando la fragmentación insularista y la yuxtaposición sumatoria de plataformas clientelares. Comportamiento electoral y cultura política cambiarían de la mano del cálculo racional de opciones y preferencias que traería aparejada tal modificación.
Nada es casual. Detrás de la resistencia a modificar las reglas electorales, cuyo rendimiento es de lejos el más insatisfactorio de la España autonómica, subyace una y otra vez una estrategia calculada para desincentivar toda expectativa de cambio. Se procura así la deserción cívica y el desistimiento de quienes alienten el pálpito de que la cosas pueden ser mejoradas con el voto y de que éste sirve para algo. En democracia, el derecho al sufragio cada cuatro años significa, por lo menos, que la ciudadanía puede soberanamente quitarse de encima a los gobiernos que no cuentan con su aprobación.
Frente al desistimiento y al aburrimiento, el PS asume el reto de alimentar la esperanza de otra política posible y, para tantos, necesaria. El reto de la invitación permanente a la participación y a la articulación movilizadora de la alternativa a la que aspiran todos aquéllos que, en Canarias, resisten la resignación y la maldición, inaceptable, de que, sencillamente, la política canaria no puede dar más de sí.
Juan Fernando López Aguilar, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Canario y ex ministro de Justicia.