Contra la exclusión social

El VII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España supone un riguroso trabajo colectivo de análisis y diagnosis global sobre la complejidad del proceso en que nos encontramos. Durante cinco años, un equipo de más de 90 investigadores de 30 universidades españolas han trabajado con la visión de que no se trataba solo de continuar la trayectoria de los precedentes Informes de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) en estos 50 años de trayectoria, sino de la necesidad de tomar conciencia de las bases que estamos poniendo para nuestro propio futuro como sociedad y para nuestro propio proceso de desarrollo humano.

Esta investigación avanza en la senda de quienes en 1965, basados en las investigaciones del I Informe Foessa, en otra España bien distinta, se propusieron hacer, y realizaron, la «Ponencia sobre Factores Humanos» que aportaron a los Planes de Desarrollo entonces vigentes. A lo largo de cinco décadas de historia, Foessa ha tratado de desentrañar nuestra realidad con una apuesta por el rigor y por el compromiso con el desarrollo que no siempre ha resultado sencilla, pero que se ha mantenido firme en todo momento.

Contra la exclusión socialComo se señala en este último informe, fruto de un vasto trabajo de investigación sociológica basado en la encuesta más amplia que existe sobre el perfil de la exclusión en España, la crisis que iniciara su andadura a finales de 2008 no ha sido causa sino consecuencia; es decir, la concreción de un modelo que prometía las certezas endebles de todo espejismo. Basadas eso sí, en estadísticas incuestionables que hablaban de un contexto inmejorable: un crecimiento económico en términos de PIB por encima de la media europea y una generación de empleo que nos situaban como referencia a imitar.

En el VI Informe Foessa publicado en 2008 se explicitaba cómo los indicadores macroeconómicos estaban ocultando situaciones de vulnerabilidad extendidas, que hacían del nuestro un modelo de integración precario y que constataban cómo este periodo de crecimiento económico no fue aprovechado para consolidar un modelo integral de protección social capaz de prevenir, controlar y reducir aquellos riesgos presentes o potenciales derivados de las estructuras de desigualdad existente, y que han ido consolidando la precariedad como rasgo específico de un contexto aparentemente favorable.

Y de la misma forma que entonces el crecimiento era el «buque insignia» de nuestro modelo social, ahora son las necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario colectivo. En este proceso de pagar por los excesos cometidos, observamos el efecto que dichas reformas están ocasionando: reforzamiento del principio contributivo y retroceso del principio de ciudadanía social, reducción del gasto público, o traslado al tercer sector y a la familia de las funciones de apoyo y cuidados personales y de atención a los colectivos excluidos, entre otros.

Como consecuencia de todo ello, hoy se está generando una «crisis de desprotección» que «asistencializa» los derechos y sitúa a los asistidos en el foco de la sospecha de por qué ese gasto, poniendo en marcha la propuesta de un nuevo modelo de sociedad: un modelo que pasa del contrato social al contrato mercantil.

Las instituciones del bienestar han sido, por encima de todo, un proyecto de vida en común, y es precisamente ese proyecto de comunidad el que ha entrado en crisis. A medida que las políticas públicas pierden ambición universalista, dejan de ser espacios para la cooperación, el reconocimiento y el encuentro, y se convierten en campos de batalla donde distintos colectivos sociales pugnan por recursos cada vez más escasos.

Hablamos de cambios que están modificando la concepción del individuo y de lo colectivo, del papel de los medios y los fines. Por ello, el reto que se plantea es ambicioso y es una oportunidad: ya que el modelo actual ha constatado su fracaso, estamos en disposición de impulsar uno nuevo. Nuestro objetivo primordial debe ser fortalecer los valores cívicos y que estos se vean reforzados con la regulación necesaria, y dar prioridad a la atención a los fenómenos de exclusión y pobreza severa en las políticas públicas de protección social: porque primero son los que están peor, por dignidad y por sostenibilidad social.

Desde Foessa llamamos también la atención en el ámbito de las políticas de cooperación internacional al desarrollo, que han pasado a ocupar un lugar marginal en la estrategia internacional de España. Y lo mismo señalamos sobre el carácter defensivo en las políticas de inmigración.

Pero, además, debemos ser autocríticos y no esperar a que los cambios se produzcan sin nuestra participación. Se vienen dando síntomas en esa dirección y, aunque todavía no es posible presentar un modelo alternativo de vida colectiva, existen múltiples prácticas y movimientos que nos permiten cuestionar y vivir de forma real, lejos de las lógicas de la privatización, la individualización y la mercantilización.

Estamos a tiempo para una reacción colectiva que invierta las tendencias hacia la fractura social, en la medida que existe un marco solidario que aún se mantiene en la sociedad española. Urge, pues, articular un repertorio de propuestas –objeto también de diagnóstico en el VII Informe Foessa– que sirvan para recrear ese nuevo modelo social.

Urge desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas, y construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea.

Urge considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a aquellos ámbitos más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas; y eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares por el debilitamiento de los servicios públicos y por el impacto de la crisis.

Urge desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes, así como poner en marcha una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes en el presente y de especial gravedad para el futuro.

Y urge, finalmente, defender con ahínco esa tarea ineludible de transformar la realidad para, como nos indica el Papa Francisco, «que nadie nos robe la esperanza de hacer otro mundo posible».

Sebastián Mora Rosado, director ejecutivo de la Fundación FOESSA y secretario general de CÁRITAS ESPAÑOLA.

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