La aplicación por parte del INE del nuevo cálculo del PIB adoptado en septiembre para aplicarlo a los próximos presupuestos generales, cuyo método incluye las cifras estimadas de la economía ilegal de acuerdo a las directrices del Sistema Europeo de Cuentas SEC 2010, brinda la oportunidad de volver a discutir un tema tan controvertido como el de la prostitución, ahora incluida junto con las demás transacciones ilegales libremente consentidas por las partes (como el contrabando y el tráfico de drogas) en el cálculo de las cuentas nacionales. Se trata de los también conocidos como delitos sin víctimas,en la medida en que, aunque estén penalmente tipificados como ilegales, sin embargo excluyen los daños criminales contra bienes y personas, al producirse como intercambios voluntarios entre adultos en plenitud de sus derechos. Una categoría en la que también deberían entrar los matrimonios de conveniencia, la introducción de inmigrantes irregulares, el tráfico de órganos o la corrupción política, entre otras transacciones más o menos vergonzosas, estigmatizadas o inconfesables que sin embargo no violentan la voluntad de quienes aceptan acceder a ellas.
Pero la introducción en el PIB de la llamada prostitución presenta mayor interés porque la nueva metodología europea para el cálculo de la actividad económica (el citado SEC 2010) ofrece un criterio que quizá permita resolver una estéril polémica que se viene arrastrando desde hace ya demasiado tiempo. Se trata de qué hacer con el comercio sexual alegal, si penalizarlo como proponen los abolicionistas y reclama la fracción puritana del feminismo, o regularizarlo como proponen las feministas más comprensivas que luchan en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero digo que se trata de una polémica estéril porque hasta ahora su enconamiento ha impedido aprobar legislaciones protectoras de las prostitutas a muchos de los Parlamentos que lo han intentado, como el catalán o el español. Y entretanto las trabajadoras sexuales permanecen en un limbo legal, sin derechos, reconocimiento ni protección jurídica alguna, mientras se ven sometidas a la explotación clandestina de las redes de proxenetas así como a la arbitrariedad discrecional de la policía y de las autoritarias ordenanzas municipales.
La solución al dilema debería resultar evidente pues no se trata de elegir una u otra opción (o abolición o regulación), sino de activar las dos a la vez: abolición del tráfico criminal y además regulación del comercio libre. Pero esa solución ha resultado hasta ahora imposible porque ambas opciones aparecen indisolublemente unidas como las dos caras de una misma moneda: el pago del comercio carnal. Por eso, para resolver tan sangrante dilema, haría falta adoptar una solución salomónica que viene a coincidir con el ya citado criterio del SEC 2010.
Se trata de romper la aparente unidad semántica del concepto de prostitución para dividirlo en dos mitades antitéticas diametralmente opuestas entre sí. Por una parte tenemos los servicios sexuales voluntariamente ofrecidos por trabajadoras libres que no estén sometidas a ninguna coerción física ni moral, económica ni autoritaria. Llamemos a esa categoría “comercio sexual”. Y por otra parte aparecen las cautivas sexuales obligadas a someterse a los clientes cómplices de las redes criminales que las secuestran y las obligan. Llamemos a este otro contingente “explotación sexual”. Pues bien, ambas realidades son absolutamente ajenas la una a la otra en tanto que heterogéneas entre sí, del mismo modo que lo son el trabajo asalariado y la esclavitud, o el comercio libre y el fraude criminal. Y lo único que las unifica en apariencia en un todo unitario es el designarlas falazmente bajo un mismo concepto común: la infamante voz de prostitución que las maldice por igual. Pero no son dos especies de un mismo género, la prostitución, sino dos géneros diametralmente opuestos, pues en el comercio sexual las mujeres ejercen voluntariamente su libertad como sujetos personales de sus actos mientras que en la esclavitud se ven privadas de ella y reducidas al papel de objeto pasivo sometido a la voluntad ajena. Mujeres libres frente a mujeres forzadas: dos posiciones antitéticas que deberían estar separadas para situarse en ambos lados opuestos de la ley.
Se trata, pues, de una cuestión política, que sólo el análisis de marcos (framing),dedicado a deconstruir la naturaleza profunda de los problemas sociales que conforman la agenda pública, permite dilucidar para separar ambas cuestiones sin confundirlas entre sí. ¿Qué clase de problema social es la prostitución? Un problema falaz porque mete en el mismo saco dos fenómenos muy diferentes entre sí. Lo que sí constituye un problema social porque genera multitud de víctimas forzosas es la esclavitud sexual, que afecta a cientos de miles de mujeres y menores, casi todos inmigrantes de las antiguas colonias, que son objeto de trata y tráfico criminal: una esclavitud de la que son cómplices necesarios y culpables los clientes occidentales que la demandan y financian. Pero, en cambio, el comercio sexual no es ningún problema social, dado que no genera víctimas ni entre las mujeres adultas que ofertan libremente sus servicios ni entre los clientes que los demandan. O mejor dicho, sólo genera víctimas en la medida en que los derechos de las trabajadoras sexuales no estén legalmente reconocidos por parte de las autoridades públicas. Pues en cuanto los servicios sexuales quedasen legalmente regularizados, pasarían a ser transacciones sin víctimas.
Por eso resulta urgente luchar contra el totalitarismo semántico de la voz prostitución, a fin de separar ambos tipos de actividades, el legítimo comercio libre frente a la criminal esclavitud sexual. Lo cual resulta afortunadamente facilitado por la nueva metodología contable aconsejada por el SEC 2010, que exige considerar los servicios sexuales voluntarios como libre actividad económica pero siempre y cuando no incluya los crímenes contra las personas, como sucede con la trata de mujeres y el tráfico de menores. A ver si así comprenden de una vez las autoridades públicas que el auténtico problema no está en la prostitución sino en la esclavitud sexual con fines recreativos. Pues los efectos perversos de meter bajo el mismo paraguas semántico de la voz prostitución dos realidades tan opuestas afectan no sólo a la ilegalización de los servicios sexuales libres, lo que ya es suficientemente malo de por sí, sino a algo mucho peor todavía pues también conducen a la banalización de la esclavitud sexual, que en lugar de tomarse por lo que es en realidad, un crimen de lesa humanidad cometido tanto por los explotadores como por sus clientes, pasa a ser consentida y disculpada como si sólo fuera una experiencia transgresora de barata sexualidad ilícita.
Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.