Contra la trata de personas

Tras registrarse uno de los episodios más crueles de la historia moderna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagró la dignidad de las personas, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres como principios fundamentales de inexcusable cumplimiento que debían estar por encima de cualquier ideología. Lamentablemente, tras más de 70 años, aún queda mucho camino por recorrer para que ese ideal común de los pueblos sea una realidad, especialmente, en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres y los niños en todas sus formas.

En el año 2010, la Asamblea General de la ONU adoptó un Plan de Acción Mundial para combatir uno de los delitos más execrables que aún hoy, a pesar de estar en pleno siglo XXI, sigue existiendo: el tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. Un terrible delito ligado al crimen organizado que afecta de manera global a la comunidad internacional, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas de esta forma de esclavitud, contra el que todos los países deben luchar de manera coordinada.

Precisamente, la Asamblea General de la ONU, para "concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos" adoptó una resolución en la que se designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. Esta decisión fue refrendada el pasado 25 de septiembre de 2015 al aprobarse la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyo objetivo número 5.2 resulta de aplicación universal, previendo la necesidad de luchar para poner fin a la trata de seres humanos y a todo tipo de violencia contra mujeres y niños.

Según los datos publicados en el Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2018 sobre la trata de personas, el principal objetivo de los traficantes son mujeres y niñas, proviniendo la gran mayoría de las víctimas de zonas en conflicto, como el África Subsahariana y el Oriente Medio, en las que aquellos se aprovechan de la vulnerabilidad estructural de ciertas regiones del mundo para lucrarse, sin importarles pisotear la dignidad de las personas o destruir la inocencia de las mismas en un elevado número de ocasiones.

España es uno de los principales países de Europa de tránsito y destino de las víctimas de esta forma de esclavitud con una demanda muy importante que, de manera consciente o inconsciente, la respalda y alimenta. Recientemente, el Tribunal Supremo ha considerado que es delito de trata de seres humanos la actividad de los clubes de carretera donde se esclaviza a mujeres extranjeras, en una resolución en la que, además de advertirnos de la cercanía del problema, hace un recorrido clarificando las distintas fases en las que se articula: captación, traslado y explotación. Confiamos que dicha sentencia sea el inicio de un cambio muy importante, en cuanto al establecimiento de una regulación eficaz que ayude a acabar con este tipo de consumos, en los que se reflejan grandes desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, por cuanto los primeros acuden a los centros de explotación sexual de manera libre y voluntaria, mientras que las segundas no. Muchas mujeres escapan de sus países de origen en busca de una vida mejor, sin saber en su huida que van a caer en las redes de las mafias y a trabajar para las mismas bajo el yugo de una amenaza constante por parte de sus traficantes. Las víctimas de la esclavitud sexual tienen dueño y viven atrapadas por el miedo a que estos les hagan daño a ellas o a sus familiares. Se hace difícil comprender que los miles de hombres que acuden en busca de sexo de pago no sean conscientes del terror que se esconde detrás de cada consumo, o no quieran mirar más allá para tratar de comprender la trascendencia de su participación en esta cadena opresora que hace posible que hoy en día aún siga existiendo la esclavitud.

La ONG Apramp, que en 2018 consiguió entrevistar a 51 víctimas menores de edad en Madrid, reveló recientemente que el 65% de las mujeres prostituidas empezaron a ser explotadas sexualmente cuando aún eran menores, porcentaje que ha ido creciendo año tras año, a pesar de la dificultad de cuantificar oficialmente esta cruda realidad invisibilizada por las mafias. También resulta preocupante que el 27% de estas víctimas sean niñas menores de 15 años, parasitadas comercialmente por sus explotadores que, de manera fría y cruel, acaban con todo atisbo de inocencia e infancia. Algunas incluso son vendidas por sus propios familiares, que mercantilizan su virginidad aún a riesgo de exponerlas no solo a traumas terribles para el resto de sus jóvenes vidas, sino también a graves enfermedades de transmisión sexual y a embarazos no deseados.

La lucha contra esta forma de esclavitud nos compete a todos, de ahí la importancia de señalar un Día Mundial contra la Trata, para instar a los Gobiernos a que tomen medidas con una visión integral como las proclamadas por Europa en el Convenio de Estambul, así como para exhortar a la ciudadanía para que tome conciencia y exija de sus representantes respuestas contundentes en ese sentido. La abogacía seguirá trabajando para erradicar cualquier forma de violencia sobre mujeres, niños y niñas, y para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad a todos los niveles. Para ello, resulta apremiante la aprobación de una ley integral para la protección de las personas que han sido víctimas del tráfico de seres humanos, que persiga de manera contundente los delitos relacionados con estas despreciables conductas y que contemple una asistencia plenaria a las mismas a través de recursos formativos, sanitarios, terapéuticos y de asesoramiento jurídico.

La abogacía debe asegurar la prestación de asistencia jurídica a las víctimas de cualquier tipo de violencia machista y trabajar de forma coordinada con los poderes públicos hasta lograr que se establezca un entorno normativo y seguro para que las personas que hayan caído en las garras de estas mafias puedan denunciar a sus explotadores y proxenetas. Ante el esfuerzo de las mafias en ocultar la esclavitud sexual de mujeres y menores, resulta fundamental su visibilización para acabar con la misma estableciendo medidas reguladoras con vocación integral, así como por la vía de la concienciación de la ciudadanía: no es posible que aún hoy, en pleno siglo XXI, resulte tan barato a la vez que denigrante comercializar con la dignidad de los seres humanos.

María Eugenia Gay Rossell es decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

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