Contra la vergüenza, por los derechos

En los últimos meses se ha acrecentado la crisis humanitaria, también social y política, que vive Europa, inimaginable hace pocos años y que tiene su raíz en el éxodo de centenares de miles de personas que huyen de la guerra, la destrucción y el horror en Siria y otros países, buscando refugio en un continente que aparecía ante el mundo como garante de los derechos humanos y de la libertad.

Está claro, sin embargo, que la UE y sobre todo los estados miembros no están a la altura: la imprevisión y el fallo de las políticas comunes acaban teniendo resultados tan desastrosos como la práctica supresión del derecho a la libre circulación y del derecho de asilo.

Las impactantes imágenes de televisión apelan a nuestras conciencias, cierto, pero puede que, poco a poco, los refugiados dejen de ser noticia en tanto no haya otro gran naufragio o un incidente fronterizo. Mientras, miles de personas seguirán malviviendo en Idomeni, arriesgarán la vida en el mar, continuarán siendo negocio para las mafias o serán trasladadas a Turquía en aplicación de un ignominioso acuerdo. Los niños, en especial los que viajan solos, se habrán convertido en un vulnerable eslabón del que deberíamos sentirnos responsables.

Contra la vergüenza, por los derechosEl pacto suscrito el pasado 18 de marzo entre la UE y Turquía no merece otro calificativo que vergonzoso. Se podría discutir su falta de garantías jurídicas y de ética y también su viabilidad práctica, pero lo esencial es que no respeta los principios básicos del derecho de asilo.'¡Vergüenza, ni un minuto más! Por una Europa de las personas' es el título del manifiesto impulsado por los colegios profesionales de Catalunya y que hemos hecho llegar a las autoridades comunitarias. Porque estamos comprometidos con las personas y porque queremos seguir creyendo en Europa nos consideramos legitimados para pedir a sus dirigentes que actúen desde la inteligencia, la justicia y el humanismo.

Subrayamos que es una vergüenza, en efecto, un acuerdo con Turquía, cuya calidad democrática está en entredicho, que no puede garantizar a los refugiados los mínimos niveles de seguridad y de protección que reconocen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Carta europea de Derechos Fundamentales. Es evidente que solo con dinero, con los 6.000 millones de euros aportados por la UE, no se fabrican ni compran los derechos humanos.

Sentimos vergüenza porque esta cuestión afecta a la esencia misma del Estado de derecho y a los valores de que hacemos gala los europeos como tolerancia, respeto, dignidad y bienestar. Todos ellos figuran en los principios fundacionales de una nueva Europa que quería dejar atrás guerras y enfrentamientos, pero que alimenta ahora una creciente intolerancia hacia el extranjero, actitudes racistas y xenófobas. No debiéramos permitir que se mezcle interesadamente la llegada de refugiados con la amenaza terrorista. Lamentablemente, cada vez que hay un atentado en París o Bruselas (pero no en Lahore o Kabul), aumenta la desconfianza hacia los refugiados y el terrorismo logra que nos blindemos, que renunciemos a la libertad a cambio de seguridad y que la sociedad se vuelva más desconfiada.

Europa debe aceptar, sin duda, su cuota de responsabilidad en los conflictos de Oriente Próximo -origen de estos grandes desplazamientos humanos- y contribuir a resolverlos con una política exterior común y a combatir el terrorismo con armas políticas, económicas, judiciales y de seguridad.

En otro orden de cosas, es justo reconocer que Alemania, Suecia o Austria, entre otros países, han acogido centenares de miles de refugiados, mientras otros no cumplen sus compromisos. Los 15.000 refugiados que debía atender España han quedado por ahora en 18, pero el Gobierno se permite criticar a las autonomías y ayuntamientos, como Catalunya y Barcelona, que ponen en marcha planes para recibir expatriados. Para colmo, en España se tarda hasta tres años en reconocer el asilo o la protección internacional.

Los colegios profesionales catalanes hemos expresado asimismo en el manifiesto citado la voluntad de colaborar con instituciones y oenegés en el proceso de acogida. En esta línea, los abogados estamos preparados desde septiembre del 2015, cuando por iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española se creó un registro de especialistas en extranjería y asilo, para asistir a los refugiados cuando llegasen aquí.

En Catalunya viven aún personas que, tras la guerra civil, sufrieron la dureza del exilio forzoso. Saben qué significa ser refugiado y el valor de la solidaridad y el compromiso del género humano.

J. Oriol Rusca, Decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

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