Si al final de la década de los 90 veía la luz el Tratado de Ottawa por el cual se prohibían el uso, la fabricación, la venta y el almacenaje de las minas antipersona, hoy y ahora hemos logrado reforzar el derecho internacional humanitario con un nuevo tratado para prohibir las bombas de racimo. En Dublín, se ha celebrado la conferencia diplomática que acabó ayer con la aprobación de esta nueva convención internacional. Gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, todos hemos unido esfuerzos para conseguir poner fin al enorme sufrimiento que provoca entre la población civil la utilización de este tipo de armamento.
Las bombas de racimo son como unos contenedores que, una vez lanzados desde tierra, mar o aire, se abren y en su trayectoria dejan caer desde decenas hasta centenares de cargas explosivas. Estas municiones quedan diseminadas por una amplia zona, de una extensión similar a la de tres campos de fútbol, y ac- túan de forma indiscriminada, sin distinguir entre objetivos civiles y militares. Además, tienen unos efectos desproporcionados que se prolongan en el tiempo, en perjuicio de la población civil. En principio, estas cargas deberían explotar cuando llegan a tierra, pero a menudo esto no ocurre. Se calcula que entre el 5% y el 30% de las municiones se mantienen activas hasta que alguien --en muchas ocasiones niños y niñas atraídos por su color y forma-- entra en contacto con ellas y se produce la terrible explosión.
Las bombas de racimo han matado y herido a decenas de miles de civiles inocentes desde que fueron utilizadas por primera vez durante la segunda guerra mundial. Posteriormente, estas municiones han sido utilizadas en conflictos como los que han tenido lugar en Kosovo, Afganistán, Irak y también el más reciente, en verano del 2006, al sur del Líbano. En estos momentos, 75 países de todo el mundo tienen estocs de bombas de racimo, y 34 producen más de 210 tipos de estos explosivos, que han sido utilizados en al menos 20 conflictos. También el Estado español forma parte de la lista de países involucrados en este problema: el Ejército español posee un arsenal de este tipo de armas y varias empresas españolas figuran entre las productoras.
En el año 2007, 46 estados, entre ellos el español, firmaban la llamada Declaración de Oslo y se abría un proceso que deberá completarse en diciembre del 2008 con la firma protocolaria de esta nueva convención internacional. Hace tan solo unas semanas el Parlament catalán tomaba también posición institucional en este tema y reclamaba al Gobierno español que tuviese un rol activo y que uniera sus esfuerzos a los de la sociedad civil para fortalecer esta etapa final del proceso.
El gobierno español siempre se ha expresado públicamente a favor de poner en el centro de este futuro tratado las consideraciones humanitarias. Ahora bien, este principio era incompatible con la defensa de algunas excepciones, como las demandadas por la delegación española en la Conferencia de Dublín. Con el texto del tratado que sale de Dublín, y que cuenta con el consenso de más 100 países, quedan prohibidas todas las bombas de racimo, sin ninguna excepción. El corazón de este tratado ha sido siempre proteger a la población civil de cualquier arma que tuviese los efectos inaceptables que provocan las bombas de racimo. Pues bien: todas las bombas de este tipo serán, a partir de la ratificación del tratado, armamento ilegal.
El texto también deja fuera algunas de las reservas exigidas por algunos países en cuanto a establecer periodos de transición durante los cuales se podría seguir utilizando este tipo de bombas. La convención que sale de Dublín establece de forma clara medidas y plazos de destrucción de arsenales. Asimismo, establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo a las víctimas con un plan nacional, calendario y presupuesto.
El Gobierno español secunda este tratado en cumplimiento, también, de la disposición adicional V de la reciente ley de comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esto significa que, a partir de la ratificación del nuevo tratado por parte del Ejecutivo, los dos modelos de bombas que se fabrican en el Estado español quedarán prohibidos y habrá que proceder a la destrucción de todos los estocs de este armamento que posee el Ejército.
La decisión y el liderazgo de algunos países y, una vez más, la tenacidad, constancia y claridad de objetivos de la sociedad civil internacional organizada han hecho posible este paso tan importante en materia de desarme y defensa del Derecho Internacional Humanitario. Ahora estaremos atentos y vigilantes para que los estados ratifiquen e implementen el tratado lo más pronto posible y con toda su eficacia. Y es en este sentido que pedimos, ya desde ahora, al Gobierno español que sea uno de los primeros países en ratificarlo.
Desgraciadamente, como en el caso de las minas antipersona, este nuevo tratado no servirá para eliminar las guerras ni los conflictos que hay en el mundo; ahora bien, sí servirá para eliminar la grave amenaza que para la población civil significa el uso de las bombas de racimo.
Eugeni Barquero, coordinador de Campañas de la Fundació per la Pau.