Por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (EL PERIÓDICO, 09/07/06):
Antes o después tenía que suceder. La dirección del PP no ha aceptado el resultado de las elecciones generales del 14-M del 2004. Formalmente nunca han dicho de manera expresa que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no sea un Gobierno legítimo, pero materialmente nunca lo han considerado como tal. De ahí que la dirección del PP se haya movido permanentemente entre el reconocimiento en abstracto de la legitimidad del Gobierno socialista y la impugnación por ilegítimas de casi todas las decisiones más importantes que ha tomado.
Cuando la oposición política se plantea en estos términos, esto es, como un conflicto entre legalidad y legitimidad, deja de haber un marco jurídico dentro del cual pueda encuadrarse el debate. Esto es lo más grave que está pasando en esta legislatura y es el fundamento de la crispación permanente de la vida política, que aunque parezca que va a remitir en algún momento, vuelve a ganar intensidad inmediatamente después, casi sin solución de continuidad.
Y es así, porque la democracia parlamentaria como forma política descansa en la premisa de que la legalidad y la legitimidad coinciden. Una mayoría parlamentaria y su Gobierno son legítimos porque han sido elegidos a través de un procedimiento en el que se han respetado las normas previstas en el ordenamiento jurídico. Es el cumplimiento de la legalidad lo que proporciona legitimidad al Gobierno. Sin la aceptación de esta coincidencia de la legalidad y la legitimidad no es posible el debate político y la existencia misma de la democracia como fórmula de gobierno.
ES VERDAD QUE la legalidad y la legitimidad nunca coinciden al cien por cien. Si así no fuera, nunca se produciría la alternancia en el Gobierno. La alternancia se produce cuando los ciudadanos consideran que la propuesta para la dirección política de la sociedad que hace el partido que está en la oposición es más legítima que la que procede del partido que ocupa el Gobierno. En todo proceso electoral lo que se dilucida es una cuestión de legitimidad, pues el cumplimiento de la legalidad se da por supuesto.
Los ciudadanos tomamos una decisión política, es decir, de legitimidad y no jurídica o de legalidad. Pero esa decisión política o de legitimidad no puede ser adoptada por los ciudadanos en cualquier momento, sino que únicamente puede ser adoptada en el momento en el que el ordenamiento jurídico lo prevé.
La presunción de legitimidad del Gobierno a lo largo de la legislatura es una presunción iuris et de iure, es decir, de las que no admite prueba en contrario. Se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional alguna de las decisiones que se hayan adoptado, pero no se puede cuestionar la legitimidad en general de la acción de gobierno. Sin esa presunción la democracia no puede operar.
Bien lo vimos en la pasada legislatura a propósito de la guerra de Irak. No creo que haya habido desde la recuperación de la democracia en 1977 y, sobre todo, desde la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978, un caso más claro que ese de tensión entre legalidad y legitimidad. Y, sin embargo, a nadie se le ocurrió decir que el Gobierno de José María Aznar carecía de legitimidad para acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y manifestar la voluntad del Estado español en los términos que lo hizo. El 80% aproximadamente de los ciudadanos estaban en contra de que el Estado español se viera comprometido en aquella acción bélica, pero nadie consideró que José María Aznar carecía de autoridad para hacerlo. Hubo que esperar al cambio de legitimidad del 14-M del 2004 para que legal y legítimamente se pudiera modificar la posición del Estado español en el conflicto.
Ni de lejos se ha producido algo similar en esta legislatura. Ni a propósito de la ley de educación, ni del matrimonio homosexual, ni de las reformas estatutarias, ni de la negociación para poner fin a la violencia terrorista. Excepto en lo que a la reforma del estatuto de autonomía para Catalunya se refiere, en el que la opinión ha estado muy dividida, en todos los demás asuntos las propuestas del Gobierno español han coincidido con las preferencias ciudadanas. En el caso de la negociación con ETA de una manera muy destacada, como reflejaba el barómetro de EL PERIÓDICO de esta misma semana.
No hay evidencia empírica alguna que indique que estemos ante una crisis de legitimidad. Todo lo contrario. Los ataques como el del cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, que habla de "leyes injustas" y del derecho ciudadano a rebelarse contra ellas, no hacen más que subrayar la legitimidad de la acción del Gobierno socialista. ¿Hay alguna duda de que la sociedad española, de manera muy mayoritaria, prefiere que la legislación civil la dicten las Cortes Generales con su actual mayoría parlamentaria que la Iglesia católica?
"A MÍ NO SE me convence con argumentos", me dijo un notario de Sevilla que, con seguridad, sería hoy votante del PP. Tengo la impresión de que en esas está la dirección del PP, la casi totalidad de la militancia y buena parte de sus votantes y de ahí que no tenga la más mínima esperanza de que pueda cambiar el clima político en esta legislatura. Hasta que José Luis Rodríguez Zapatero no revalide su mandato en las próximas elecciones (y ya veremos), continuaremos con un PP que planteará su oposición en los términos de un conflicto entre legitimidad y legalidad. Es lo que ha hecho de manera brutal esta semana Mariano Rajoy, al negar que el presidente del Gobierno represente al Estado en la negociación con ETA. Así no hay debate posible.