Poco antes de las Navidades, dos novedades político-lingüísticas ocuparon fugazmente los titulares. Por un lado, Marcelino Iglesias cumplió su promesa y las Cortes de Aragón aprobaron finalmente la ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. Por el otro, el Gobierno de José Montilla decidió enviar al Parlament el proyecto de ley del aranés.
La comparación entre estos dos documentos resulta bastante instructiva. Ambos desarrollan los respectivos estatutos de autonomía, que de entrada ya son muy diferentes entre sí. Aunque sea en un artículo aparte del que dedica al catalán y al castellano, y con una preposición diferente, el Estatut d’Autonomia de Catalunya establece que la lengua occitana, denominada aranés en Aran, «es oficial en Catalunya». En cambio, el Estatuto de Autonomía de Aragón se limita a reconocer que «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés» y a anunciar que una ley de las Cortes de Aragón se ocupará de regular su uso.
Una vez descartada la oficialidad del catalán y del aragonés en Aragón, estaba por ver hasta dónde alcanzaría la generosidad del legislador a la hora de extraer consecuencias prácticas de su reconocimiento. Ahora ya estamos en condiciones de afirmar que esa generosidad no es mucha y en todo caso se sitúa por debajo de las previsiones de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En su último informe sobre la aplicación de la Carta en España, el comité de expertos del Consejo de Europa, que preside el alemán Stefan Oeter, recordaba que los compromisos elegidos por el Gobierno español, además de un «modelo bilingüe estructurado», conllevan ofrecer asimismo «modelos de enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias».
Pues bien, la ley aragonesa no solo no plantea un modelo de plena inmersión, sino que ni siquiera prevé un «modelo bilingüe estructurado». Todo lo que garantiza la ley es lo que de hecho ya existe, a saber, el derecho a la enseñanza voluntaria del catalán y del aragonés (no en catalán ni en aragonés). Naturalmente, este apartado de la ley aragonesa ha servido para poner en evidencia al partido de Mariano Rajoy, que en su programa del 2008 sostenía que los españoles «tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos»; ahora sabemos que para este partido los únicos españoles que tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos son los españoles castellanohablantes. (Menos en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo acaba de proponer algo tan inaudito como que el idioma en el que educar a los hijos se decida mediante una votación entre los padres.)
En el caso del aranés, el proyecto de ley regula su uso como «vehículo de expresión normal de las actividades docentes y administrativas de los centros docentes del Aran». Si la ley aragonesa se queda por debajo de la Carta Europea, este proyecto de ley sin duda la rebasa. En el informe antes citado, Stefan Oeter y sus colegas loan el modelo de plena inmersión, pero no se olvidan de advertir que este sistema «no debe ser obligatorio para todos los niños». En otras palabras, en lugar de experimentar con modelos de educación trilingüe, parece que el proyecto de ley establecerá a escala aranesa el monismo vehicular que rige en Catalunya, con el agravante de que en Aran el aranés solo es la lengua habitual del 23% de la población.
Más allá del caso de la educación, es interesante contrastar los derechos lingüísticos de las 2.000 personas que hablan habitualmente aranés en Catalunya con los de las más de 30.000 que hablan catalán en Aragón. En Aragón, estos 30.000 ciudadanos solo podrán dirigirse en catalán a la Administración en las «zonas de utilización histórica predominante» de esta lengua. Los 2.000 hablantes habituales del aranés, en cambio, gozarán de unos derechos lingüísticos ante todas las administraciones en el territorio de Aran, pero también ante la Generalitat «arreu de Catalunya». Por lo demás, los aragoneses que se dirijan en catalán a la Administración recibirán una respuesta bilingüe; los araneses la recibirán solo en aranés, como corresponde a una situación de genuina opción lingüística.
Y hay más: los 2.000 araneses tendrán el gozo de leer en aranés una versión oficial de todas las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, cosa que no podrán hacer en catalán los 30.000 aragoneses con las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón. (Un detalle revelador es que al Gobierno de Iglesias no se le ha ocurrido publicar la ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón en las lenguas propias de Aragón.)
Aquí hay algunas ideas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (o el de Mariano Rajoy, tanto da) podría copiar si algún día conviene retomar aquello de la España plural. Poder dirigirse en catalán/valenciano a la Administración del Estado «arreu d’Espanya» y recibir la respuesta en catalán/valenciano. ¿Se lo imaginan?
Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.