Cómo explicar que Francia tuviera al inicio de la crisis una tasa de paro del 7,6% y ahora una del 9,7%, mientras que España, en las mismas fechas, pasó del 9,6% al 21,5%? La explicación de esta diferencia trataron de encontrarla Bentolila y Dolado comparando lo que habría ocurrido en España de haber tenido una normativa laboral similar a la francesa en este periodo de crisis inmobiliaria y financiera. Los resultados a los que llegaron son en buena medida muy limitados, puesto que su conclusión es que de haber sido así, nuestra tasa de paro sería unos 2,5 puntos menos de los que en realidad son.
Todo ello, además, después de analizar y comparar entre los dos países las tres instituciones fundamentales en el mercado de trabajo: protección del empleo (costes de extinción), negociación colectiva y protección por desempleo. De ellas concluyen que son básicamente similares y que las diferencias, si las hay, son mínimas.
Pese a todo, su trabajo les sirve para proponer de nuevo el contrato único como medio de escapar de esta lacra del mercado laboral español que es su intensa volatilidad (crece el empleo con idéntica potencia con la que decrece).
Lo sorprendente es que, a mi modo de ver, estos dos excelentes académicos menosprecien una de las razones fundamentales que explican la extremada volatilidad del empleo en nuestro país: la peculiar estructura de nuestro mercado de trabajo, tan dispar en términos de geografía nacional, y la estructura de la propiedad en España, en aquellas actividades más proclives a la estacionalidad, que no son otras que la construcción, la agricultura y la hostelería.
Consideremos esas razones y analicemos unos datos ilustrativos. En términos de empleo, en Francia no ha habido crisis inmobiliaria alguna, sino un leve crecimiento del sector de la construcción, toda vez que al inicio de la crisis (segundo trimestre de 2007) había en el país galo 1,73 millones de empleos en el sector, y en estos momentos cuenta con 1,87 millones de ocupados; qué distinta la realidad española que en las mismas fechas ha pasado de 2,70 millones de empleos a 1,37 millones. Únase a ello todo el arrastre que el sector de la construcción tiene en otros como los muebles, la cerámica, la gestión inmobiliaria, etcétera, y tendremos una primera explicación del interrogante con el que comenzaba estas líneas.
Si ponemos los ojos en el sector agrario volvemos a encontrar en la dualidad hispano-gala otra significativa diferencia. España cuenta en estos momentos, y ha contado siempre, con más asalariados en la agricultura que Francia (y más que Alemania e Italia), siendo así que la población total asalariada enFrancia supera en más de seis millones a la española.
Superamos al inicio de la crisis, y seguimos superando ahora, a los franceses en la cuantía de asalariados en el sector del turismo (bares, restaurantes y hoteles); lo hacemos, por lo demás, en casi medio millón de ocupados y eso que Francia nos supera con creces en número de turistas.
En definitiva, todos esos argumentos, que se basan en los datos de las EPAS europeas que proporciona Eurostat, son reveladores de una singularidad española en lo que se refiere a la estructura del empleo por actividades, en general, y, dentro de esta, a la estructura de la propiedad de los negocios o las actividades, en particular.
Pero trasladémonos a nuestra realidad y analicémosla desde el punto de vista autonómico. ¿Qué explicación tiene que mientras que Andalucía, en la crisis, ha pasado de una tasa de paro del 14,8% al 30,9%, Navarra lo haya hecho del 5,6% al 12,6%? La geografía del paro en España y su evolución en estos años, revela una cuestión elemental que no puede ser atribuida ni a los costes del despido, ni a la estructura de la negociación colectiva, ni a la generosidad de las prestaciones por desempleo porque, por fortuna, y por muchos años, las tres instituciones tienen idéntica regulación en todo el territorio nacional. ¿Qué diferencia entonces a las regiones españolas que tienen tasas de paro tan desiguales? Sin duda alguna la estructura productiva que incide en el empleo, y la estructura de la propiedad que es la determinante de la tasa de salarización de las actividades económicas.
Es por eso por lo que, por ejemplo, todas las regiones del Cantábrico han tenido, y tienen, una tasa de paro muy inferior a la media nacional. Entre otras cosas porque el País Vasco, por poner un caso paradigmático, tenía en la construcción un 9,7% del empleo al comienzo de la crisis y ahora un 6,65%, en tanto que Andalucía que tenía un 15,0%, lo ha visto reducido hasta un 7,5%. A ello hay que añadir una estructura muy distinta de la propiedad de la tierra (minifundio-latifundio) y una distinta, por más débil y menos salarizada, actividad en el sector turístico.
En la realidad nacional es por tanto sobradamente evidente que los costes de despido no determinan la tasa de desempleo porque de otro modo no habría manera de explicar las dispares tasas de paro que ofrece la geografía nacional; el remedio y corrección de esta realidad no puede ser el contrato único, a menos que de modo taumatúrgico se produjera una modificación del modelo de crecimiento de nuestro país. En la realidad internacional, por otra parte, cabe hacerse una pregunta: ¿en qué países de nuestro entorno está en vigor? En ninguno. ¿Existe evaluación de su vigencia en un periodo temporal razonable? Ni existe ni puede existir más que en las mentes de quienes lo proponen y defienden porque no se conoce evidencia empírica alguna. Llama la atención, entonces, que en torno a una cuestión de esta envergadura para millones de trabajadores se haya producido una conjunción de pareceres que trasciende lo político y pretende pertenecer a la esfera de lo científico, de lo que no se puede ni se debe discutir
En este ámbito, una reciente visita a nuestro país de Pissarides, profesor de la London School of Economics y Nobel de Economía en 2010, dejó constancia de su apoyo al contrato único y al significado que él encuentra asociado al mismo. Así, cuando se le inquiere en qué dirección debería de ir la reforma laboral de nuestro país, su respuesta es inequívoca y esclarecedora: "Debería existir solo un tipo de contrato. Antes que nada creo que los contratos de trabajo deberían dejarse en manos del sector privado. El Gobierno no debería interferir. Lo que sí es asunto del sector público es la prestación por desempleo". (EL PAÍS, 29 de octubre de 2011).
Ahí lo tienen: contrato único y Gobierno ausente, a no ser que haya que pagar el desempleo. En suma, no llama en absoluto la atención que quienes desconfían de todo lo público, excepto cuando el lobo de la crisis enseña las orejas, sostengan con entusiasmo esta construcción intelectual del contrato único que la academia les ha servido en bandeja; es natural también que lo hayan asumido como propio y lo apoyen con entusiasmo; lo que sí extraña es que esta visión, aparentemente científica del papel del Gobierno, del que se predica y exige su neutralidad en lo relativo a normativa laboral, sea compartida por alguno de los que aquí han defendido el contrato único con denuedo desde la academia. Yo no creo que sea así. No me lo puedo creer.
Por Luis Martínez Noval, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social.