Cuentan que hace años, un joven y brillante economista visitó una pequeña economía que, después de un periodo de autarquía, iniciaba un proceso de apertura y reformas que impulsaran su modernización e internacionalización. En las reuniones con las personas que impulsaban las reformas, le plantearon que la intensificación de los flujos migratorios internos, asociada a la industrialización, alteraba las pautas de comportamiento individuales. El shock en la oferta de trabajo requería un nuevo modelo de viabilidad para la población mayor. ¿Qué modelo cree que deberíamos impulsar?, le preguntaron. Este tema es central para afrontar los retos del Estado de bienestar. La referencia es el Informe Beveridge de 1942, respondió el economista. ¿Qué podríamos hacer con este enfoque?, preguntaron. Tras pensar un instante, el economista respondió: implantar un sistema de reparto. La idea es muy sencilla. Se aparta una proporción del producto de la economía, que se reparte entre los mayores. Esta proporción la aportan los trabajadores. En el futuro, los trabajadores actuales serán pensionistas y recibirán la misma proporción del producto del futuro con la que contribuyeron en el pasado. Ello garantiza que los mayores reciban una proporción constante de los bienes y servicios que produzca el país, que incorporará los avances en tecnología y capital humano. La cantidad recibida por cada generación crecerá con el PIB. Este es el gran atractivo de la propuesta. Es un contrato entre generaciones. Pero rebosa romanticismo. Una generación soporta las pensiones de sus mayores y recibirá la suya de las aportaciones de sus hijos.
Es cierto que es muy atractiva. Es política en estado puro. Nuestra población es de 100 personas que se distribuyen de la siguiente forma: 26 menores, 67 en edad de trabajar y 7 son mayores, le dijeron. El economista respondió: la decisión política consiste en establecer el sistema y en determinar el porcentaje del mismo. El resto son medidas técnicas. La distribución de contribuciones y prestaciones debe responder solo a criterios técnicos que garanticen el contrato.
¿Qué porcentaje deberíamos establecer?, preguntaron los políticos. La proporción de mayores es del 7% pero aumentará, por lo que debería superar esta cifra. Al principio, el sistema podrá financiar incluso otras políticas sociales como la sanidad, respondió el economista. Pero no olviden que las únicas variables relevantes son la tasa de dependencia, el número de mayores en relación con el de personas en edad de trabajar, y el porcentaje del salario que cubre la pensión media. Ambas están fijadas solo por la demografía.
Cincuenta y un años después, el economista, ya profesor retirado, coincidió con uno de aquellos políticos y reanudaron su conversación en el tiempo. ¡Cuánto tiempo ha pasado!, ¿cómo ha ido el sistema de reparto?, preguntó el economista. Fue un éxito absoluto, un salto de bienestar social. Se estableció el 10% del PIB para el sistema. Aunque ahora hay una enorme preocupación, le contestó el político. Ya, sé que la economía ha crecido mucho y que ahora está plenamente integrada. Sé que la población ha crecido el 46%, hasta 146 personas: 21 menores, 100 en edad de trabajar y 25 mayores. Y sé que el sistema está maduro, dijo el economista. ¿Qué quiere decir?, preguntó el político. Que la tasa de dependencia es 1/4 en lugar de 1/9 y que la pensión media aún cubre el 80% del salario. Y, ¿cómo lo sabe? Ni siquiera yo lo sé, dijo el político. Es fácil, respondió el economista. La remuneración de asalariados es aproximadamente la mitad del PIB. Dado que hay 100 personas que trabajan, el coste laboral medio es el 0,5% del PIB. Y la pensión media es el 10% dividido entre 25, es decir el 0,4% del PIB, el 80% del coste laboral. Tienen un sistema de prestación definida, ¿no es así?, preguntó. Sí, el sistema determina la pensión inicial con la carrera laboral individual, respondió el político. Lo que quiero decir es que si las reglas están bien definidas, la pensión media no puede superar el 80% del coste laboral. Pero el cambio demográfico reducirá este porcentaje, dijo el economista. Sí, existe un amplio debate social, preocupan la evolución de los ingresos y los desequilibrios que se prevén en el sistema. El Gobierno ha encargado una evaluación a un grupo de expertos. ¿Qué significa que el cambio demográfico reducirá la pensión media?, preguntó el político. El problema no son los ingresos. El sistema está equilibrado por definición. Si aparecen desequilibrios es porque las prestaciones están mal definidas. El cambio demográfico aumentará la tasa de dependencia y reducirá el porcentaje del salario que podrá cubrir la pensión media. Es el cambio demográfico el que afecta al sistema, respondió el economista.
¿Sería posible anticipar lo que ocurrirá en otros 51 años?, preguntó el político. Claro, las proyecciones demográficas estiman que la población aumentará solo el 1,74% hasta 149 personas: 20 menores, 75 en edad de trabajar y 54 mayores. La tasa de dependencia se triplicará, desde 0,25 hasta 0,73. El coste laboral medio será el 0,67% del PIB. Y la pensión media el 0,19%, como máximo el 27,8% del salario medio, respondió el economista. Y, ¿será suficiente?, preguntó el político. Es imposible responder, pero los mayores deberían reducir demasiado su nivel de vida. ¿Y qué se puede hacer?, volvió a preguntar el político. Adecuar la edad de jubilación al nuevo ciclo vital, contestó el economista. Ya, pero eso cuenta con el rechazo de los votantes, dijo el político. Ya les dije que no se podía politizar este tema, que una vez tomada la decisión política de implantar el sistema de pensiones, las reglas eran exclusivamente técnicas, contestó el economista. ¿Existe viabilidad para el sistema de reparto?, preguntó el político. Sí, el informe del Banco Mundial de 1994 propuso tres pilares, los dos últimos de capitalización para complementar la pensión del sistema. Ello exige una fiscalidad del ahorro adecuada, respondió el economista. ¿Y no podríamos cambiar el porcentaje, subiendo las aportaciones?, insistió el político. Recuerde que el sistema de reparto es un contrato entre generaciones, eso alteraría el contrato, habría una generación beneficiada a costa de otras. Además, implicaría subir la fiscalidad sobre el trabajo, respondió el economista. Sí, la tasa de desempleo es ya muy elevada, afirmó el político. Pues subir la fiscalidad aumentaría el desempleo, argumentó el economista.
Parece que no hay salida. ¿Qué se puede hacer?, preguntó el político. Explicar que los problemas son exclusivamente consecuencia del cambio demográfico. Hay que aumentar el ahorro, diseñar una fiscalidad que no lo penalice, contestó el economista. Y ¿qué más?, ¿cuál es ahora el gran reto?, preguntó el político. El gran reto, respondió el economista, es el capital humano. La evidencia muestra que, en promedio, por cada año adicional de educación, el salario real aumenta el 10%. Esta es la única vía para aumentar el bienestar de todos, de los trabajadores y de los pensionistas.
[Solo añadir que las estructuras poblacionales son las de España en 1950, 2001 y 2052. El porcentaje del PIB que se destina al sistema de pensiones es el 13% e incluye las clases pasivas del Estado. Y, a lo largo del tiempo, hasta donde la memoria me alcanza a recordar, los ingresos oscilan alrededor del 13% del PIB, a pesar de las crisis].
David Taguas Coejo, director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas. Universidad Camilo José Cela.