Convivencia por presos

El final de la actividad armada de ETA sin la disolución de la organización nos plantea dos cuestiones íntimamente relacionadas: su desaparición definitiva y la construcción de una convivencia en el País Vasco basada en el respeto a los derechos humanos y sustentada en los principios y valores del Estado de derecho. Estoy sinceramente convencido de que ETA no se disolverá sin un horizonte para sus presos y huidos. Y también de que no será posible la convivencia en Euskadi en paz y libertad sin su definitiva desaparición.

Y nos encontramos en estos momentos en una situación de parálisis en el camino hacia la consecución de los dos objetivos antes enunciados. ETA no se disolverá sin un horizonte para sus presos, y el Gobierno de Mariano Rajoy responde que no hará ningún movimiento en esta materia hasta la definitiva disolución de la banda, llegando incluso a paralizar las actuaciones de la denominada vía Nanclares. Aquella que contempla la reinserción de los presos de ETA que hubieran abandonado la banda, reconocido su responsabilidad en el daño causado e iniciado la reparación a sus víctimas.

Y ante esta situación de aparente callejón sin salida considero necesario aportar algún elemento que pudiera ayudar a desbloquear la situación partiendo de lo que hasta hace unos meses constituía la fórmula de solución por la que han apostado todos los Gobiernos de la democracia española: el “paz por presos”. El antecedente del final de ETApm, las previsiones del Pacto de Ajuria-Enea y las actuaciones llevadas a cabo en las treguas de 1998 y 2006 así lo ponen de manifiesto. Ahora bien, esta frase se basaba en la existencia de una organización armada no derrotada y se aplicaba con la intención del cese de su actividad, lo que llevaría a su definitiva desaparición. Algo que ocurrió con ETApm.

Lo que ha cambiado en estos momentos es que ETA es una organización policialmente derrotada y políticamente dependiente de una eventual nueva ilegalización de Sortu si volviera a reiniciar su actividad terrorista. Con el riesgo añadido de forzar, en ese caso, un divorcio entre los dos brazos del denominado MLNV. Es decir, nos encontramos ante una doble derrota.

Los presos. Históricamente ETA nunca se ha preocupado de sus presos. Los ha utilizado en plan victimista para denunciar “la maldad del enemigo” confiando en que su puesta en libertad era algo conseguido de antemano en cualquier proceso de negociación. Su objetivo no era el “paz por presos” que se le ofrecía y que consideraba una trampa, ya que pretendía arrancar concesiones políticas a sus interlocutores, pero estaba segura de que el proceso de negociación contemplaría una salida más o menos rápida de sus presos y una vuelta a casa a la misma velocidad de los huidos.

Pero los tiempos han cambiado. ETA es consciente de su debilidad orgánica y política como decía anteriormente y de que el “paz por compromisos políticos” es imposible y trata de aferrarse a la segunda parte de la ecuación, la que siempre había considerado como una trampa: el “paz por presos”. Piensa que de conseguirlo a través de una negociación, o al menos diálogo, con los Gobiernos de España y Francia podría, al menos, camuflar su derrota y venderla a su mundo y por su mundo como una victoria. Sin ser consciente de que no puede imponer nada a quienes la han derrotado, de que negociar de tú a tú con los Gobiernos de España y Francia es una ensoñación fruto de su alejamiento de la realidad, de su vida en una burbuja.

Ningún Estado negociaría la paz con una organización a la que ha derrotado. Nada se les debe, son ellos los que deben mucho a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española. Unas sociedades que, por cierto, dan este asunto por concluido. Algo comprensible fuera del País Vasco, pero no dentro, ya que el fanatismo, el odio y la subcultura de la violencia ligados al famoso conflicto permanecen arraigados en una parte minoritaria, pero importante de la sociedad vasca.

Podemos concluir que nadie parece dispuesto a mover su posición. El Gobierno tiene sólidas razones para no hacerlo y ETA un “sólido aislamiento” que le dificulta conocer y reconocer la realidad. No creo que crea ya ni a Sortu, a quienes ve como “los que pisan moqueta”, más preocupados por su futuro electoral que por la resolución del denominado conflicto y de “sus consecuencias”, o sea, los presos y huidos. La ciudadanía ha relegado la importancia de este asunto a los últimos lugares de su preocupación.

La convivencia. La convivencia en cualquier democracia se basa en dos grandes elementos: el respeto de los derechos humanos y la aceptación de los principios y valores del Estado de derecho. Y ambos elementos están claramente recogidos en la declaración de la ponencia de paz y convivencia del Parlamento vasco de julio pasado, así como en el documento aprobado por el Consejo del Plan de Convivencia en septiembre de 2012.

A mi juicio, tendríamos que modificar el sentido de la frase “paz por presos”, sustituyéndola por “convivencia por presos” o, si se prefiere, “presos por convivencia”. Habría que combinar así la definitiva desaparición de ETA con la puesta en marcha de un camino, de un itinerario de reinserción de sus presos y huidos que facilitara la convivencia. Un camino que tendría que basarse en la aceptación por parte del conjunto del denominado MLNV de ambos elementos: derechos humanos y Estado de derecho. Una aceptación que afirmara de forma nítida la ilegitimidad de la violencia para conseguir objetivos políticos, que aceptara la pluralidad de la sociedad vasca y que, por supuesto, reconociera su responsabilidad en el daño causado y aceptara repararlo. Y, a mi juicio, el lugar idóneo para construir ese camino sería el Parlamento vasco a través del diálogo discreto de los grupos parlamentarios.

Una vez conseguido el acuerdo habría que trasladarlo tanto a ETA como al Gobierno de Mariano Rajoy y socializarlo en la sociedad vasca. Reconozco que no es fácil, pero de otra forma podemos vernos abocados al mantenimiento del fanatismo y del odio en una parte significativa de la sociedad vasca, constituyendo un rescoldo que pudiera ser el germen de una nueva etapa de violencia política.

Jesús Loza Aguirre ha sido comisionado del lehendakari para la Convivencia en el Gobierno vasco de Patxi López.

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