En el año 2013, 1.894.693 ciudadanos de los 28 países de la Unión Europea apoyaron con su firma la Iniciativa Ciudadana Europea «Uno de Nosotros-One of Us», cuyo objetivo era obtener el compromiso de la Unión Europea de:
1. No consentir ni financiar investigaciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos.
2. Que la ayuda comunitaria al desarrollo no pueda utilizarse para financiar el aborto, directa o indirectamente a través de la financiación de organizaciones que practican o promueven el aborto.
Se superaron con creces los mínimos exigidos para estas iniciativas ciudadanas por la normativa comunitaria: 1.000.000 de firmas y alcanzar un mínimo exigido en 7 Estados miembros (se superó el mínimo en 20 países).
A pesar de lo anterior, la burocracia de la Comisión Europea no ha permitido de momento, y con argumentos inaceptables, que esta iniciativa se debata en el Parlamento Europeo. Por este motivo, se ha puesto en marcha por expertos jurídicos, sanitarios y políticos una petición a los presidentes del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea para:
1. Que la Iniciativa Ciudadana Europea «One of Us» sea objeto de una iniciativa de la Comisión Europea y sea debatida en detalle en la Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo.
2. Que las instituciones europeas reconozcan al no nacido como un ser humano, como «uno de nosotros».
El segundo objetivo de «One of Us», que casi dos millones de europeos respaldaron con su firma, nos recuerda, colateralmente, una situación infamante en el mundo actual: varios países desarrollados intentan condicionar, desde hace años, su cooperación al desarrollo a que por parte de los países beneficiarios se legalice el aborto como un derecho y se facilite la práctica del mismo. Esta política, inspirada en la ideología de género, se intenta promover tanto en la cooperación bilateral al desarrollo como a través de los organismos internacionales, un hecho denunciado reiteradamente por parlamentarios de África y Latinoamérica en diversos foros internacionales en los que he participado en los últimos años. Crece el rechazo en otros continentes a este nuevo imperialismo cultural que intenta trasladar a otros países la ingeniería social de Occidente.
Estamos –en palabras del Congresista norteamericano y buen amigo, Jeff Fortenberry– ante una forma de neocolonialismo impulsada por algunos países de Occidente que trasladan sus debates ideológicos a países menos desarrollados, indicándoles cuántos hijos deben tener, cómo deben educarlos e imponiéndoles legalizar y promover el aborto si quieren recibir fondos de cooperación al desarrollo.
La consideración del aborto como un derecho de la mujer es uno de los objetivos que, desde hace varios decenios, promueve en el mundo la ideología de género bajo el concepto engañoso del «derecho a la salud sexual y reproductiva». Y en base a este supuesto derecho, y con desprecio de la soberanía nacional, se producen presiones a otros países –de las que probablemente no ha estado exento el nuestro– para que modifiquen sus legislaciones sobre el aborto.
Esos condicionamientos a la ayuda al desarrollo han provocado un amplio rechazo en la opinión pública en muchos de estos países menos desarrollados, cuyos ciudadanos consideran que estas políticas constituyen una injerencia inadmisible que atenta contra convicciones éticas, religiosas, valores y usos sociales muy arraigados en esas naciones. Una injerencia de algunos dirigentes de países ricos en los que la vida política y social está muy influida por el relativismo moral y por la ideología de género.
En todo caso, esas coacciones a los países menos desarrollados merecen el mayor de los rechazos desde el punto de vista ético, pues colocan a sus dirigentes ante un verdadero dilema moral: aceptar legalizar el aborto en contra de sus convicciones o privar a sus países de una ayuda al desarrollo que tanto necesitan.
Las naciones occidentales tienen en su acervo ideológico, desde hace siglos, el respeto a la dignidad del ser humano, a su derecho a la vida y a la libertad de conciencia. Nada puede justificar que estos principios decaigan a la hora de cooperar al desarrollo de los países menos favorecidos.
Luis Peral Guerra, diputado de la Asamblea de Madrid y secretario de la Asociación Familia y Dignidad Humana.