Copago, pensiones y fiscalidad

Ante el comentario de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la posibilidad de aumentar el copago de los medicamentos a los pensionistas con rentas más altas me surgen una serie de preguntas que voy a intentar sintetizar.

En primer lugar me pregunto si esa propuesta tiene relación con que el Gobierno esté dándole vueltas estos días a la urgente necesidad de reformar el sistema de pensiones. Entre las múltiples opciones que supongo se plantean, no cabe duda de que habrán pensado en el potencial del copago para reducir gastos y en qué servicios podrían incluirse en esa modalidad.

Uno de ellos es el copago de los medicamentos, pero no creo que sea el más importante a efectos de ahorro; seguramente existe un abanico de servicios médicos y de atención a las personas que pueden proporcionar una reducción del gasto mucho mayor. Por tanto, la medida anunciada no tendría una gran trascendencia y podría tratarse de un globo sonda para calibrar la opinión de la población jubilada sobre futuras propuestas de más copagos, en la línea de los que se aplican en servicios vinculados a la ley de la dependencia y algunos servicios sociales. Desconozco las intenciones de la ministra, pero no creo que el comentario lo haya hecho involuntariamente y sin prever las posibles repercusiones.

En segundo lugar me pregunto si es el mejor momento para hablar de copagos, cuando llevamos cuatro años con incrementos de las pensiones de un 0,25%, el mínimo regulado, con la pérdida de poder adquisitivo que comporta para las persones mayores dado el mayor incremento del IPC.

La tercera cuestión es si no hemos tocado fondo aún en las restricciones presupuestarias relacionadas con la inversión social. ¿Todavía hemos de experimentar un mayor debilitamiento de nuestro Estado del bienestar? Los políticos del Gobierno español sostienen que la crisis se ha acabado, que estamos creciendo económicamente y que, en consecuencia, toda la sociedad está saliendo de las situaciones carenciales que llevamos años sufriendo. Sin embargo, se nos habla de posibles copagos por parte de un segmento de la población que ha sufrido y sigue sufriendo de manera específica esta crisis, tal como se resume en el último informe INSOCAT, ‘Gent gran: pobresa i vulnerabilitat’. No lo comprendo y es algo ante lo que no tengo respuesta.

El cuarto interrogante es dónde quedan los derechos de la ciudadanía, cómo se preserva y se reconoce la cotización que cada una de las personas ha realizado a lo largo de su vida activa para poder disfrutar de una vejez con una mínima calidad de vida y una serie de servicios garantizados por el sistema de protección social. Si dicho sistema hace agua por la crisis y las reformas laborales que se han llevado a cabo, que han provocado altos niveles de paro y una gran precariedad –jornadas laborales cortas, contratos temporales y salarios cada vez más bajos–, no se puede ahondar todavía más con medidas que recaen sobre los mismos que han sufrido ya los efectos de esta situación.

En muchos países europeos existen modelos mixtos para la financiación de las pensiones en los que una parte procede de los presupuestos públicos y otra procede de la cotización individual. La situación actual obliga a un replanteamiento global del sistema de pensiones mucho más profundo de lo que hasta ahora se está planteando.

Y, para acabar, me surge una última pregunta que va más allá del sistema de protección y que viene al hilo de las palabras de la ministra cuando dice que parecería justo que pague más aquel que más tiene. Si trasladamos esta afirmación a nuestro sistema fiscal, estoy plenamente de acuerdo con ella. Creo que respondería a una demanda de muchas personas y organizaciones que llevamos años pidiendo una mayor redistribución de la riqueza y, por tanto, una fiscalidad más justa y más equitativa.

Una fiscalidad en la que desaparezcan las bonificaciones y exenciones para las grandes fortunas; en la que no se pague más por las rentas del trabajo que por las rentas del capital; en la que se recuperen impuestos a los pudientes que se han ido reduciendo, como el de sucesiones o el de donaciones; en la que se persigan el fraude, la evasión y la elusión fiscal. En definitiva, una fiscalidad en la que se aplique el principio de la justicia redistributiva.

Si se llevara a cabo esa reforma fiscal, el incremento de la recaudación para las arcas del Estado sería de tal importancia que, seguramente, no habría lugar para plantear medidas tan dudosas como el copago de los medicamentos.

Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

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