¿Copiar es de listos?

En una reciente entrevista, y a propósito de los exámenes online, el ministro de Universidades, Manuel Castells, dijo que «la obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria. Si copian bien y lo interpretan inteligentemente es prueba de inteligencia». La declaración no es un lapsus -la entrevista fue por escrito- y creo que hace un flaco favor a la universidad, pues numerosos estudios han descrito los efectos nocivos que tiene copiar y hacer trampas en los alumnos, en la universidad y en la sociedad en su conjunto.

En el plano individual, es evidente que los alumnos honestos se ven perjudicados al no obtener, en términos relativos, los resultados que se merecen. Los daños se multiplican porque esta injusticia conduce a la desmotivación y a la pérdida de confianza en los compañeros, reduciendo la colaboración para evitar que otros se aprovechen de su trabajo. El tramposo es lo que se conoce en términos económicos como un free-rider, es decir alguien que viaja gratis a costa de los demás. Pero este viaje a expensas de sus compañeros es también carísimo para el deshonesto: la falta de estímulo para el estudio y el aprendizaje le convierten en dependiente de los demás para cualquier trabajo creativo. Además, perjudica su reputación y su autoestima como consecuencia del sentimiento de culpa y de la falta de satisfacción por unos resultados que sabe que no merece.

También para los profesores el coste es enorme: la necesidad de control del fraude y su castigo son uno de los mayores factores de estrés para los docentes; si el fraude es generalizado no tienen elementos para juzgar el aprendizaje y mejorarlo; y finalmente se quiebra también la confianza entre alumnos y profesores. La universidad como institución también sufre un desprestigio en la sociedad.

La falta de eficacia en la evaluación perjudica también al alumno al devaluar el valor de su título: como estudió el economista Akerlof, cuando el comprador no puede determinar la distinta calidad de varios productos ofrecidos, pagará el precio del de calidad más baja. Si las notas no son fiables, se produce una asimetría de la información cuya consecuencia es que todos los alumnos de la universidad serán peor pagados.

La deshonestidad, además, inicia un círculo vicioso dentro y fuera de la universidad. Según Zeune, para que se produzca el fraude son necesarios tres factores: necesidad, oportunidad y racionalización. Es evidente que el fraude de unos pocos crea en los demás la necesidad de actuar igual para mantener el nivel y también ayuda cualquiera a racionalizar -a justificarse a sí mismo- su actuación. Aunque desde luego nada mejor para racionalizar que un ministro de Universidades diciendo que copiar es de listos y controlarlo autoritario. El carácter contagioso de todo fraude ha sido comprobado a menudo y hay una clara correlación por países entre tolerancia al fraude estudiantil y corrupción.

Dado que el tercer factor que favorece el fraude es la oportunidad, resulta que evitar el fraude en los exámenes online no es pedagogía autoritaria sino una necesidad para defender a la universidad y a sus alumnos, también a los deshonestos. Utilizar para ello exámenes largos no es necesariamente malo -como dice el ministro- pues el profesor adaptará las calificaciones a la extensión y al nivel de la clase. No parece tampoco que la utilización de la videoconferencia sea más lesiva para la intimidad que un examen presencial, como también sostiene.

En este país llevamos décadas -o siglos- esforzándonos por desprendernos de la picaresca y de la admiración al listillo o al defraudador de impuestos, y por eso es una desgracia que un ministro de Universidades califique al tramposo de inteligente. Quizás en ningún lugar sea tan importante la honestidad como en las universidades, porque determina su reputación, la calidad de la formación y la ética de los futuros profesionales. Quizás la explicación de estás extrañas declaraciones sea la tendencia a ponerse al lado del supuestamente débil -aquí el estudiante que no ha estudiado- sin caer en la cuenta que tratar de evitarle esfuerzos y dificultades perjudica a largo plazo a toda la sociedad, pero muy especialmente a él.

Segismundo Álvarez Royo-Villanova es patrono de la Fundación Hay Derecho. Profesor universitario.

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