Si un cambio positivo tuvo la política de inmigración del exministro Jesús Caldera, en la anterior legislatura, fue la creación de un sistema de contratación en origen para aquellos trabajos en los que había falta de mano de obra española. Trabajos que se recogen en el catálogo de empleos de difícil cobertura, y por los que puede contratarse nominalmente y llevar a España a alguien del extranjero o a un extranjero que está aquí sin papeles y viaja a su país a tramitar el visado, sin tener que esperar meses a que el Inem acredite que no hay españoles dispuestos a cubrir aquel puesto. Se agilizó, también, otro procedimiento para las contrataciones colectivas de grandes empresas y sindicatos agrarios, que seleccionan en origen a los trabajadores. Este segundo sistema sigue funcionando con rapidez, mientras que el primero, la contratación nominal --utilizado por pequeñas empresas y familias que necesitan una asistenta o cuidadora de ancianos--, se atasca ahora en países como Ecuador o Marruecos en la demora de 6 o 10 meses de expedición del visado. Pero, a pesar de los problemas actuales con el visado, se regularon procedimientos para traer con papeles a los extranjeros que absorbiera el mercado, y el índice de irregularidad bajó, pasando de 1.647.011 extranjeros con permiso de residencia en enero del 2004, a 3.979.014 en enero del 2008.
Y es que si una evidencia se ha demostrado desde que España empezó a atraer mano de obra extranjera en los 80 y 90, es que el mercado absorbe --indistintamente de si tienen o no papeles-- a los trabajadores que necesita para cubrir aquellos puestos vacantes, bien por falta de mano de obra a causa de la caída de la natalidad, bien por el rechazo de la población a hacer ciertos trabajos. Cada vez que se ha querido restringir la llegada de nuevos inmigrantes regulares, con la excusa de que hay paro o que quizá ya son demasiados, lo que se ha logrado es un efecto llamada de aquellos irregulares que pueden entrar como turistas por Barajas o la Jonquera. Y si hay otra cosa que se ha demostrado cierta es que, lamentablemente, en tiempos de crisis como los que vienen ahora, muchas empresas se sirven de extranjeros con papeles o sin ellos para reducir costes, pues aceptan trabajos mal pagados que la mayoría de españoles rechazan.
¿Qué quiero decir con todo ello? Pues que por más que sea cierto que decenas de miles de extranjeros están perdiendo su trabajo en sectores como la construcción u otros dependientes de él, y que algunos miles puedan acogerse a los programas de retorno voluntario, cobrando de golpe el paro y renunciando al permiso de residencia, es inútil y contraproducente engañar a la ciudadanía con discursos como el del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que genera expectativas desaforadas sobre la eficacia de estos incentivos al retorno.
Una cosa es facilitar a los pocos que quieran regresar a su país su marcha, y la otra dar expectativas de que a medio o largo plazo vayan a marcharse un millón. Lo mismo ocurre con las propuestas de Corbacho para impedir el reagrupamiento familiar de los abuelos y los jóvenes de entre 16 y 18 años. El reagrupamiento familiar no es solo una forma tranquila de traer a personas con papeles. Es también un hecho de justicia ligado a la dignidad humana. Los ancianos pueden ser improductivos, pero tendrán aquí a los hijos y los nietos trabajando y contribuyendo. Por lo que respecta a los jóvenes de entre 16 y 18 años, son acogidos por el núcleo familiar que ya está aquí, y, al poder trabajar bien pronto, no son ninguna carga para la Hacienda pública, sino nuevos contribuyentes.
Afirmar que sería conveniente que marcharan un millón de inmigrantes o que ya no podemos acoger a los padres de los que sí tienen papeles, vivienda y estabilidad eco- nómica, es sugerir que esa gente sobra; es repetir, como hacía el PP mientras gobernaba, que no cabemos todos o que son una carga insoportable para el Estado del bienestar. Y recordemos que, mientras el PP decía esto, se producían las mayores entradas de irregulares que acababan encontrando trabajo y después obtenían papeles en regularizaciones extraordinarias.
Podemos entender la inquietud de Corbacho por el aumento del número de inmigrantes ya que él, cuando era alcalde, tuvo que gestionar la acogida de decenas de miles en L'Hospitalet de Llobregat, muchos más de los esperados. Pero esto no justifica este cambio brusco de discurso y subirse al carro de la controvertida directiva del retorno aprobada el día 18 por la Unión Europea, que permite internar 18 meses a un irregular y expulsar, a países diferentes del suyo, a menores. Es cierto que en algunos países de la UE el número de inmigrantes ha tocado techo, pero la mayoría de estudios demográficos coinciden en decir que, pese a la crisis, España, a causa de la baja natalidad, necesita aún a muchos inmigrantes. Y hacer irse los que sobrarán de la construcción para traer a otros a los que habrá que formar es un disparate. Lo que hay que hacer es flexibilizar los permisos de trabajo para permitir que, quien quede en el paro, pueda trabajar de inmediato en otro sector. Así damos los trabajos que se crean a los que ya están aquí y evitaremos que se conviertan en irregulares o que trabajen en la economía sumergida en un sector para el que no tienen permiso, mientras cobran el paro.
Xavier Rius, periodista.