La tasa de pobreza relativa (personas cuya renta disponible está por debajo del 60 por ciento de la media nacional), que por fin empezó a caer en 2017 tras subir durante una década a causa de la Gran Recesión, está aumentando de nuevo y de manera más pronunciada. Oxfam Intermón calcula que esta tasa llegará hasta el 23,1 por ciento, desde el 21,5 previo a la pandemia. Puede que no parezca mucho, pero elevaría el número de pobres en 700.000 personas, hasta los 10,8 millones. Se calcula que el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de renta), en el que representa la igualdad perfecta y 100 la desigualdad perfecta, aumentará desde el 32,5 anterior a la pandemia hasta el 34,2. Una vez más, podría parecer una variación poco significativa, pero en el punto álgido de la recesión, entre 2012 y 2013, el índice subió menos de un punto.
Cuando se inició la pandemia, España registraba una tasa de paro del 14 por ciento, casi el doble de la media de la UE. En el peor de los casos, el PIB se podría contraer en un 14 por ciento este año, lo cual haría subir el paro hasta el 25 y se mantendría en el 20 en 2021. Más de tres millones de trabajadores se han beneficiado de un ERTE, pero un número significativo de ellos podría no volver a su trabajo.
Los más vulnerables de cara a perder su empleo son los pobres y las mujeres; muchas de estas personas tienen contratos temporales muy precarios y son siempre las primeras en quedarse sin empleo en tiempos de crisis, porque su despido sale mucho más barato que el de los trabajadores con contrato indefinido.
La subida del desempleo será asimétrica. Oxfam Intermón calcula que la pérdida de renta del 10 por ciento más pobre de la población trabajadora será, proporcionalmente, más de ocho veces mayor que la pérdida del 10 por ciento más rico. Muchos de estos trabajadores vulnerables con empleos de baja remuneración se han llevado la peor parte de la respuesta a la pandemia ya que estaban en primera línea: el personal de limpieza y los celadores en los hospitales; los cuidadores en las residencias de la tercera edad; los reponedores en los supermercados; los agricultores que aseguraron la cadena alimenticia con fruta y hortalizas (se detuvieron las importaciones); y los transportistas que llevaban mercancías a los mercados y los hogares.
El Gobierno, a pesar de ser de izquierdas, se ha mostrado más frugal que otras grandes economías de la UE en el gasto para salir de la crisis, atado de manos por un déficit fiscal antes de la crisis que costó una década bajar del 3 por ciento del PIB -un umbral que la UE ya ha descartado- y una deuda pública cercana al cien por cien del PIB. Se prevé que el déficit escale hasta un nivel entre el 11 y el 14 por ciento, dependiendo de la duración de la pandemia, y que la deuda llegue hasta el 120 por ciento.
El impulso fiscal inmediato de España ascendió al 3,7 por ciento del PIB, frente al 13,3 de Alemania o el 4,8 de Reino Unido, según Bruegel. España también ha sido tacaña en los aplazamientos de impuestos: sus medidas apenas suponen el 0,8 por ciento del PIB, en comparación con el 13,2 en Italia y el 7,3 en Alemania.
Sin embargo, hay un área en la que el Gobierno ha actuado con decisión: la implantación del ingreso mínimo vital este mes. Hasta 850.000 familias podrían beneficiarse de este colchón de protección social (en torno a 2,3 millones de personas). Hasta ahora, el gasto social se había dirigido principalmente a los mayores. Las prestaciones familiares en España son las más bajas de la UE, y las deducciones fiscales suponen un beneficio muy limitado.
La población trabajadora extranjera es la que corre el mayor riesgo de empobrecimiento. De los 5,2 millones de población extranjera residente (el 11 por ciento del total de la población total, excluidos los cientos de miles que han obtenido la nacionalidad española), más de dos millones provienen de países de fuera de la UE (761.00 son marroquíes). Se prevé que la tasa de paro entre los extranjeros alcance el 28 por ciento este año, desde el 19 en 2019, en comparación con el 18 entre los españoles.
La pandemia también está teniendo un impacto desigual en la educación, en un país en el que la tasa de abandono escolar es la más alta de la UE (un 17,3 por ciento en 2019). El Gobierno estima que hasta el 12 por ciento de los escolares se quedaron al margen de la educación a distancia en los colegios públicos durante el confinamiento, lo cual supone casi un millón de alumnos. El aumento de la desigualdad en el rendimiento escolar tiende a traducirse en una mayor desigualdad de los ingresos, un círculo vicioso que es necesario romper.
William Chislett es investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano.