Un jurado de quinientos ciudadanos condenó a muerte a Sócrates, «el crítico de Atenas». Por su propia mano Sócrates se vertió la cicuta. Tranquilizamos inquietudes, pensando que los estados «occidentales», garantistas, poseen el antídoto: la presunción legal de inocencia (iniciativa de san Luis Rey de Francia). Pero, aun siendo cierto que hemos ido más allá, y ya no se condena sin prueba de culpabilidad, el proceso mismo causa un daño socialmente irreparable, si no había causa: un Sócrates finalmente absuelto no habría podido volver a su profesión: el «magisterio, en la juventud». Estado de Derecho, presunción de inocencia. Y persecución rigurosa (no pasional) de la corrupción.
Corrupción supone desorden en un organismo o institución. La corrupción de las instituciones puede llegar a destruirlas, por pérdida de su razón de ser. Y si el fin de la democracia es crear instituciones para el bien común, la corrupción cronificada será un peligro para las democracias. Garrigues, en reciente coloquio, alertaba sobre el riesgo democrático de la corrupción «asumida». Que en España la preocupación social ante una corrupción grave, y constatada, afecte solo al 18,7 por ciento de la población es preocupante. El virus se habría hecho endémico. ¿Un indicio? La economía sumergida representa entre el 18 y el 20 por ciento del PIB. La desmoralización parece cronificada. En aquel coloquio, Martín Villa hizo notar que la corrupción de un empresario, o las economías sumergidas, no constituyen escándalo, tal vez porque «nos vemos en él». La percepción superficial de la corrupción, como enfermedad que sólo afecta a los políticos, y detectada por otros políticos, no se plantea una pregunta inquietante: ¿se ha podido contagiar desde la sociedad? Y ese silencio es el caldo de cultivo de los «populismos», que se benefician de una irresponsabilidad puritana.
Guy Sorman abría a la esperanza: cada vez más, los medios embisten contra la corrupción. Pero la pregunta es: ¿las tendencias en los estados de opinión –bien distintas de las conciencias individuales– son activas, o más bien estimulan a la inacción? «Que les preocupe, y lo remedien otros», con frase de Unamuno. Lope de Vega escribió versos que retratan la condición humana: «¡hola que me lleva la ola, hola que me lleva la mar, hola que llevar me dejo...!». Y no llegamos a una pedagogía efectiva de la ética económica, (el «Código Aldama» no se tuvo en cuenta, por ejemplo). La solución de cualquier problema parte del acierto en su diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser algunas causas de la evidente corrupción?
La riqueza, el PIB colectivo e individual –permítaseme esta herejía económica– necesita de la aportación individual (esfuerzo), y remedia necesidades. Es, pues, un bien, ¿Qué ocurre si se ridiculiza el esfuerzo optando por otras vías (ingeniería financiera, «peonadas» falsas, sobornos, economía sumergida...) o, aún obtenida lícitamente, la riqueza se despilfarra? O no fuimos personas o nos corrompimos. El Papa Francisco advierte contra liberalismos salvajes y el consumismo. Y no lo hace como moralista, sino como humanista. No damos crédito a la «ecología social de la riqueza». La banalización de los valores –advirtió Hanna Arendt– resta toda importancia a las corrupciones habituales. Y aceptamos que en las escuelas, en las empresas, en las familias se aperciba contra la corrupción como concepto, pero no de que incluso los bienes bien ganados se poseen solo en administración. También después de 2008, el español disfruta de un «estado de plutocracia», real o utópico. Y la avidez de dinero trivializa moralmente la corrupción.
Y el «Estado de las autonomías», ¿es ajeno a la corrupción? Pregunta políticamente incorrecta. Las autonomías son visibles: un método de eficacia (como la descentralización administrativa), pero con poder autónomo. Existía en España otro problema subyacente: la identidad de los pueblos. La Constitución englobó los dos en la solución del título VIII: no el Estado federal, que culmina un proceso centrípeto uniendo Estados independientes, sino el proceso centrífugo que apunta a distintos estados a partir de uno solo, que había resultado ya de una especie de federalismo secular. El título VII fue plebiscitariamente refrendado; y los ríos no remontan.
Ningún estado, sin embargo, se conforma con ser «miniestado». Necesita sentirse poder, cuya característica primaria es la de rehusar controles. Yendo al tema, en las autonomías la corrupción ha crecido exponencialmente. No en el Estado, sino en los territorios con casi plenos poderes (habría que analizar en ambos ámbitos la proporción recursos públicos-corrupción). Las corrupciones parecen tener fronteras: se mueven bien en una autonomía, y se concentran allí donde suele haber partidos hegemónicos. ¿Por qué? Cuanto más reducido es el ámbito, el poder domina más a cada persona, y en el día a día se imponen clientelismos y nepotismos políticos inmorales, y retribuidos. ¿Se pensó en controles exógenos, y en todo caso actúan con eficiencia? No. Desde el poder central existe alergia a indagar cuanto roce con los nacionalismos autonómicos. Es un tabú.
Siempre nos quedará el tercer poder. ¿Pero es capaz de aguantar la pasividad de los otros dos poderes? ¿Por cuánto tiempo, con qué desgaste? Cuando Garrigues habla de riesgos para la democracia, y Martín Villa de la corrupción social irresponsable, puede que tengan razón. Tienen razón.
Santiago Araúz de Robles, abogado.