¿Corrupción incorregible?

La desafección política en España ha alcanzado hoy unos niveles históricos por la crisis económica y las políticas de austeridad. Y sobre todo la corrupción. En España, en contraposición a otros países, no existen estadísticas oficiales sobre la corrupción. No obstante, algunos estudiosos lo han hecho. Según Luis Jerez, la urbanística entre 2000-2010 llegó a 676 municipios, el 8,3%. Europa Press reunió 130 causas judiciales con 1.900 imputados y 170 condenados hasta noviembre de 2014. En el CIS de marzo de 2017, la corrupción es el 2º problema tras el paro. Los principales campos de la corrupción han sido: contrataciones de obra pública, el urbanismo, y las privatizaciones de empresas y servicios públicos de sanidad, agua, etc. De estas últimas la privatización de la sanidad pública y el desfalco en el Canal Imperial del Isabel II en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las primeras han supuesto grandes sobrecostos para el erario público. El Tribunal de Cuentas en 2006 observó irregularidades derivadas de la deficiente regulación de la contratación: la infradeterminación de las características de los proyectos ofertados a la contratación; la poco exigente regulación de los concursos; y la deficiente definición de las modificaciones y las ampliaciones.

El marco institucional de la política urbanística ha generado grandes incentivos para la corrupción. Por un lado la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre los usos urbanísticos del suelo, que recae fundamentalmente sobre el patrimonio de los propietarios del suelo recalificado. Los contratos de obra pública amañados o decisiones urbanísticas, que favorecían a empresarios sirvieron para la financiación ilegal de los partidos. El instrumento de los partidos para conseguir que las administraciones públicas (AAPP) se presten a estos intercambios corruptos, ha sido politizarlas. Según Dimitri Sotiropoulos en los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) están muy politizadas. Esa penetración del partido en la burocracia pública produce dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo. El clientelismo at the top son los nombramientos políticos en los escalones superiores de la administración (ministros y secretarios de Estado). En los países del sur de Europa los nombramientos políticos llegan también a puestos claramente técnicos, clientelismo at the bottom, seleccionando funcionarios públicos.

Para Víctor Lapuente, esta politización de las AAPP extiende en los funcionarios el conocimiento de las reglas de juego: «Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se apercibirá que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto». Y es más, esta politización llega también a las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, etc.).

Los objetivos contra la corrupción deberían ser claros. Habría que reforzar la imparcialidad de las instituciones públicas para impedir su patrimonialización para usos clientelares y potenciar la confianza social en ellas. Para ello, es imprescindible que tales instituciones sean fiables y previsibles, y que no tomen decisiones según las conveniencias partidistas.

Para conseguir tales objetivos hay que desarrollar una estrategia con 2 pilares. Por un lado, habría que reducir la percepción de impunidad mediante el refuerzo de los controles efectivos sobre el poder ejecutivo. Por ende, es imprescindible potenciar el control del poder político por la justicia: independencia de tribunales, fiscalía y policía judicial; más medios, alargamiento de las prescripciones de los delitos de corrupción e incremento de sanciones, etc. Y robustecer otros mecanismos de control del poder político como (el CGPJ, Tribunal de Cuentas…); los medios de comunicación, despolitizados los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía subvenciones, y potenciar los órganos de control ciudadanos.

Por otro, reducir las oportunidades para la corrupción. Como las instituciones públicas fácilmente se ponen al servicio de intereses particulares, hay que acabar con su colonización política. Para ello hay que reforzar la imparcialidad de los funcionarios, proteger a los denunciantes y establecer canales para denunciar y a la vez definir mejor las carreras profesionales basadas en el mérito profesional. Recientemente en el Congreso de los Diputados y en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas legales e institucionales, el portavoz de C’s dijo: «La protección del funcionario denunciante es clave –el whistleblower (delator) es una regulación que ya existe en casi todos los países avanzados– porque son los funcionarios los que median en el día a día de las contratas, de las actividades del Estado, y deben tener la protección y la seguridad de que no van a ser perseguidos después».

Mas estas reformas institucionales, sin unas nuevas actitudes ciudadanas guiadas por la ética pública, la corrupción será incorregible.

Cándido Marquesán, profesor de Instituto.

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