Por Juan I. Sanz Caballero, profesor de la Facultad de Derecho de ESADE (ABC, 10/11/05):
EN las últimas semanas parecen haberse multiplicado las vinculaciones políticas con casos de corrupción. Efectivamente, casos como el «informe Volcker» sobre pagos irregulares en el marco del programa Petróleo por Alimentos de la ONU, que involucra no sólo a 2.253 compañías de todo el mundo, sino a la propia organización, a su secretario general y al hijo de éste; o la segunda dimisión, ahora parece que definitiva, del ministro laborista Blunkett por haber incurrido en un presunto conflicto de intereses por la prestación de servicios ajenos a su cargo o, por terminar con los ejemplos, la situación por la que atraviesa estos días el gabinete de George W. Bush a causa de las imputaciones de varios de sus colaboradores más directos en relación con el blanqueo de capitales, la corrupción y la filtración de la identidad de alguna espía federal, son casos todos ellos que han copado recientemente los titulares de los medios de comunicación. Algunos, incluso, pendientes aún de resolución.
La corrupción no es nueva, pero sus consecuencias sí que son cada vez más graves en materia de gobernabilidad, tanto a nivel político como económico e institucional, como lo demuestra que desde el Foro Económico Mundial en Davos se anunciara el compromiso de un nutrido grupo de multinacionales dispuestas a la lucha contra la corrupción o, en otro caso, que la misma Convención de la ONU contra la corrupción la persiga con medidas como la repatriación del patrimonio de los corruptos ubicado en el exterior.
Y es que la gobernabilidad de un país se encuentra en estrecha conexión, cuando no en dependencia, con diversos factores, entre los que merece destacarse muy especialmente el nivel de corrupción existente en el mismo o la percepción que de ella se tiene, lo cual, ineludiblemente, repercute en los niveles de crecimiento y desarrollo económico y social. Corrupción entendida en sentido amplio y comprensiva no sólo de las actuaciones del poder público en provecho privado, acepción estricta del término, sino también de toda una serie de actuaciones que, cayendo dentro de la falta de ética, pueden no merecer la consideración de ilegales pero que, en todo caso, ofrecen un denominador en común, como es la «privatización de la política pública» (Kaufmann, Daniel: Myths and Realities of Governance and Corruption, Banco Mundial, 2005).
El grado de percepción de la corrupción existente es digno de algo más que una simple mención. Así, el último Informe sobre Índice de Percepción de la Corrupción («IPC») de Transparency International (Octubre 2005) concluye con un dato absolutamente desolador: más de dos tercios de las 159 naciones sondeadas obtuvieron una puntuación de menos de 5 sobre un máximo ideal de 10, lo que indica la existencia de la percepción de un elevado nivel de corrupción en la mayor parte de los países encuestados. Siendo de lamentar el dato reseñado, más lo es aún si valoramos la incidencia que tiene sobre la competitividad empresarial. Que algo hay de ello resulta de contrastar el informe anterior con el Índice de Crecimiento de Competitividad (GCI) publicado por el Foro Económico Mundial en septiembre de 2005.
El resultado es, cuando menos, clarificador. Los países con menor grado de percepción de corrupción son los que acreditan mayores niveles de competitividad empresarial. Es el caso, entre otros, de Islandia, Finlandia, Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Australia u Holanda. Otros, como Estados Unidos, mantienen excelentes posiciones en materia de competitividad, propias de su nivel tecnológico, mientras que la percepción de corrupción les hace perder un número considerable de posiciones. Quizá todo ello confirme la correlación indicada, porque la correspondencia en los furgones de cola de ambos índices también existe.
Por lo que al caso español se refiere, ocupamos la posición vigésimo tercera en materia de IPC, con una puntuación de 7 sobre 10, datos ambos que permiten dobles lecturas. Pero, por una vez y si me lo permiten, en este caso voy a ver la botella medio vacía, porque creo que ni la posición, ni la puntuación, deberían corresponder a un país como España. Más concretamente, los estudios indican que la percepción de corrupción en nuestro país se centra fundamentalmente en sede de partidos políticos y medios de comunicación. Y es ahora cuando vienen a mi memoria, y supongo que a la suya también, nombres y partidos relacionados en los últimos años a casos de corrupción, tanto a nivel nacional como autonómico o local, sin olvidar que el «informe Volcker» cita a cuarenta y cinco empresas españolas.
No sé si los casos habidos en España son pocos o muchos, pero lo que sí intuyo es que sus consecuencias, en términos reputacionales y de coste de oportunidad empresarial para nuestro país, se encuentran en relación de progresión geométrica. Y es que, al final y como en tantos otros ámbitos, acaban pagando justos por pecadores, porque mucho me temo que en ésta, como en otras materias, nos regimos por una doble moral: de absoluta transparencia informativa e intransigencia con la corrupción en cuanto a los principios, pero de tolerancia en cuanto a los comportamientos. Y la tolerancia, no lo olvidemos, cabe por activa, pero también por pasiva. Motivo por el que, probablemente y para terminar con todo ello, haga falta algo más que algunos hombres buenos y sea momento de que los afectados, esto es, todos nosotros, exijamos la adopción de medidas eficaces en la materia.
La cuestión me preocupa, sobre todo porque España ha bajado seis puestos en el último año en materia de competitividad, del puesto 23 al 29. Es sólo un deseo, pero espero que el retroceso no se deba a un incremento en la percepción de la corrupción en nuestro país...