Es posible que en una cena de viernes o en alguna conversación distendida, algún amigo pontifique en estos términos: «Desengañaos, el problema no es este o aquel fenómeno de corrupción aislado, sino la quiebra de todo el sistema político, que ha entrado ya en una etapa de perversión plena. El esquema es el siguiente: la sociedad está dominada por el Estado (vía controles y subvenciones); el Estado está dominado por el Gobierno (dado que el Parlamento no es más que un patio de Monipodio); el Gobierno está dominado por el partido (de hecho, los ministros no es que sean secretarios, como dice Solchaga, sino que son floreros); y el partido (huérfano de democracia interna) está dominado por un grupo de políticos de hoja perenne, inasequibles al desaliento, que se renuevan por cooptación, ligeros de equipaje ideológico y sin remilgos para matar –metafóricamente– a quien se les ponga por delante. Estos políticos –la cúpula– son quienes al final manejan el cotarro en beneficio propio y de sus adláteres. En el bien entendido de que entre las cúpulas de todos los partidos existe una soterrada comunión de intereses que se manifiesta en un doble plano: en cierto reparto de lo público según áreas de influencia, y en una última solidaridad frente a un hipotético enemigo común, que les hace reaccionar, en ciertos casos, de forma parecida a como lo hacen las familias de la Cosa Nostra».
Y es también probable que otro de los comensales apostille: «De acuerdo. Esto es tan así, que podría añadirse que la corrupción política es común a todos los partidos, y directamente proporcional a su respectivo grado de participación en la política de gestión». Dicho lo cual, la charla se va por derroteros menos inhóspitos.
Ahora bien, estas reflexiones –improvisadas y ligeras– se tornan preocupantes cuando se lee el libro que acaba de publicar el profesor Alejandro Nieto –El desgobierno de lo público–, en el que, siguiendo el camino que inició hace años con La organización del desgobierno, analiza con extremo rigor y notoria pericia técnica «las causas y finalidad del desgobierno del Estado, centrándose el análisis en la partitocracia y en la patrimonialización privada de lo público, en el fracaso de los contrapesos institucionales y en la fuerza de las derivas sociales (irracionalidad, personalización, parasitismo, patrimonialización…) que no se intentan siquiera contrarrestar». Tan es así que –para Nieto– «la política realizada por un Gobierno es la que resulta del programa anunciado una vez ajustado por los cambios sobrevenidos, los contrapesos encontrados y las derivas no resistidas».
Tras el examen crítico de esta realidad, las conclusiones del profesor Nieto son demoledoras. Los partidos políticos constituyen –según él– el nervio de todo el sistema, con sus reglas propias de funcionamiento, que no coinciden exactamente con las constitucionales y que se imponen por la coerción psicológica o la manipulación generalizada con arreglo a técnicas de mercadotecnia.
Asimismo, el proceso político real se desarrolla a lo largo de una sucesión de suplantaciones: la Constitución declara que la soberanía reside en la nación y en el pueblo, pero en realidad el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el Gobierno la del Estado y el partido la del Gobierno. Los partidos, por su parte, son víctimas de unos principios oligárquicos implacables, puesto que están en manos de un aparato profesional que, a su vez, está dominado por una oligarquía reducida, siendo variables y ambiguas las relaciones entre los oligarcas y el líder. En este marco, el partido gobernante tiende siempre a desmontar de manera descarada e implacable los contrapesos tradicionales (oposición política, burocracia y presión social) para evitar resistencias en su ejercicio del poder. Y, por este camino, se llega a la corrupción generalizada, que es el desgobierno en estado puro. Tal es la causa de la incoherencia de la política anticorrupción que se sigue: por una parte, una repulsa incondicionada y un anuncio constante de represión –que no pasan nunca de meras declaraciones–, y, por otra, la ocultación sistemática de los hechos y la tolerancia práctica. Vivimos –concluye– en una situación de desgobierno de lo público en la que el modelo proclamado se encuentra deliberada y arteramente falseado en la práctica, hasta convertir el Estado en un botín que los partidos disfrutan alternadamente a través del juego electoral.
No obstante todo ello, el mismo autor nos alerta de que sería incorrecto imputar a la partitocracia la exclusiva responsabilidad por el desgobierno de lo público, aunque es cierto que por los partidos pasan todos los hilos que lo mantienen y fomentan. Esta responsabilidad se extiende a cuantos participan regularmente, aunque no sea de forma permanente, en el ejercicio del poder en cualquiera de sus variantes: política, social y económica.
Si hoy les he dado la lata con este artículo es por dos razones: para que lean –si les interesa– el libro del profesor Nieto, y para que, cada vez que oigan hablar mal de los políticos, piensen también en los otros. ¡Ay, los otros!
Juan-José López Burniol, notario.