Para escribir sobre la sentencia de los ERE, el articulista considera necesario manifestar primero que tiene con José Antonio Griñán una vieja relación si no de amistad, sí de estima y de respeto. Y que la condena firme de prisión dictada contra él le provoca una amarga mezcla de tristeza, decepción y desasosiego. Dicho lo cual, el análisis de este penoso proceso ha de asentarse sobre los hechos al margen de cualquier tipo de sentimiento. Y los hechos probados son contundentes: hubo un desfalco gigantesco, el mayor de la democracia en volumen de dinero, cuya génesis y desarrollo tuvo responsables directos y otros que lo fueron por consentimiento, pasividad, negligencia o silencio. 'Corruptio optimi pessima', decían los romanos, y ese proverbio sobrevuela a modo de resumen el veredicto del Supremo. La confianza en el Estado de derecho exige prescindir de elementos subjetivos como el afecto o el aprecio. Lo único que cabe lamentar es que el recorrido judicial del caso se haya prolongado durante tanto tiempo.
Más allá de la lógica penal y de las razones de la justicia, el escándalo alcanza una muy relevante dimensión política. Es el relato, ciertamente tardío, del mecanismo clientelar sobre el que se levantaron en Andalucía cuatro décadas de hegemonía socialista. Fondos de reptiles adjudicados a dedo y sin publicidad, a menudo mediante diligencias ficticias y siempre a espaldas de la legalidad administrativa. Tramas familiares, sindicales o partidistas. Cientos de millones repartidos de manera discrecional pese a las advertencias repetidas de funcionarios conocedores de la irregularidad que se cometía. Encubrimiento, simulación, nepotismo, arbitrariedad, compra de voluntades para mantener la paz social a base de regalías. Enriquecimiento ilícito de altos cargos, despachos de abogados, intermediarios y comisionistas. Una partida presupuestaria oculta cebada año tras año con recurrencia fija. Un sistema de corrupción organizada desde el poder que desacredita todo intento de convertir a sus promotores en víctimas. Mentira: los que no se llevaron dinero se beneficiaron del lucro electoral de sus siglas.
El PSOE ya nunca podrá presumir de limpieza. No podía desde que el felipismo desembocó en una rebatiña de mordidas, agio y corruptelas, pero los ERE sacan a la luz también la trastienda sucia de sus élites modernas. La dureza de las penas corta el paso a la protesta colectiva de inocencia; no afectan sólo a dos expresidentes de la Junta –Chaves también lo fue del propio partido– sino a docena y media de consejeros y directivos de empresas públicas o agencias. Y quedan por juzgar –dilación inadmisible que acabará sirviendo de atenuante– más de cien piezas de un puzzle jurídico cuya ramificación estructural compleja desborda la capacidad funcional de juzgados y audiencias. Nunca ha existido en España una red de delincuencia institucional tan extensa.
El sanchismo puede agradecer al Alto Tribunal la deferencia de aplazar su fallo hasta que las elecciones andaluzas se hubiesen celebrado. De emitirlo antes, el descalabro socialista habría desbordado los peores cálculos. Es cierto que la larguísima demora procesal del caso ha amortizado ya gran parte de su impacto y que el relevo de poder depuró las responsabilidades políticas hace tres años. Pero el recordatorio en campaña –que Zapatero se aventuró a mencionar ante el espanto de sus correligionarios– era un misil con potencia suficiente para reventar cualquier candidatura en pedazos. Juanma Moreno ni siquiera quiso utilizarlo. No hacía falta: el descomunal fraude tiene ya profundo arraigo en la conciencia del electorado. Y ahora es a Sánchez a quien apunta. Lo delata el embarazo con que sus portavoces manejan las burdas consignas de un mal improvisado argumentario. Al balbucir que «pagan justos por pecadores» reconocen la existencia del pecado. Que se llama delito en el ordenamiento laico.
Al presidente se le ha presentado un grave problema que desmonta su estrategia de estigmatización de la derecha. Podrá alegar que los hechos juzgados no ocurrieron en su etapa, pero una de sus ministras –María Jesús Montero– y Juan Espadas se sentaron a la mesa del Consejo que daba vía libre a las ayudas fraudulentas y él mismo ha insistido en la defensa de los dirigentes afectados por la múltiple condena. Sabe que es el partido entero el que queda bajo sospecha, lesionado en su reputación orgánica con un diagnóstico de gravedad extrema. La teoría de los 'cuatro golfos' y de la buena fe ha saltado junto con todas las demás que fueron utilizadas como burladero de emergencia. Simplemente, el PSOE sale inhabilitado para impartir lecciones de ética. La envergadura de esta múltiple y prolongada urdimbre de venalidad política acaba con la autoatribución de superioridad moral de la izquierda.
Repitámoslo una vez más: hay una relación patente y directa entre el desvío selectivo de fondos públicos de empleo y la duradera dominancia social del Gobierno que repartía ese dinero. La distribución incontrolada de subvenciones para empresas en crisis proporcionó al Partido Socialista indiscutible provecho. Y la resolución inicial de la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada en sus principales términos, establece que Chaves y Griñán eran «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad» del procedimiento. Si no lo crearon ellos, lo permitieron pese a los avisos formulados por un interventor general que ha resultado absuelto. No ha lugar a sobreactuaciones melodramáticas: las faltas y los errores se pagan al margen de que la personalidad de sus autores pueda dar más o menos lástima. Nadie mejor que un político –o dos– con amplia experiencia de mando a sus espaldas es consciente de su obligación de vigilancia sobre todo lo que sucede bajo su guardia.
Y si la calidad humana de Griñán, de la que es testigo este escribidor, su hoja de servicios o sus condiciones personales son capaces de producirle algún atisbo de compasión a Sánchez, tiene la potestad de indultarlo como a las madres secuestradoras de sus hijos o a los independentistas catalanes, que ni siquiera mostraron la mínima gratitud esperable –de arrepentimiento ni hablamos– ante un favor de esa clase. Si al jefe del Ejecutivo le parece de veras un hombre honorable, ésta es la ocasión de retratarse aunque no haya por medio ningún compromiso inconfesable. Eso sí, al precio de asumir el delicado riesgo de las consecuencias electorales. Porque estamos hablando de corrupción, palabras mayores incluso para alguien acostumbrado a creerse portavoz de las emociones populares y dueño feudal de las llaves de la cárcel. Siempre hay un momento en que la vida te pone tus contradicciones delante. Y hay que elegir entre la propaganda y la lealtad, entre la conveniencia y el coraje.
Ignacio Camacho, periodista.