Corruptores y colaboracionistas

¿Qué se rompe cuando algo se co-rrompe? La integridad. Todo organismo necesita mantener la unidad sistémica de sus elementos, porque de lo contrario, se disgrega, se pudre y muere. El prefijo «co» de la palabra, indica que no hay corrupción aislada. Lo corrompido corrompe indefectiblemente. En la escuela nos contaban la historia de la manzana podrida que acababa pudriendo al resto. Pensábamos que era una analogía tremendista, como todas las prédicas morales. A estas alturas pienso que es cierta. La corrupción es un fenómeno activo, invasivo, expansivo, como las infecciones. Del mundo orgánico, el término ha pasado al mundo social. Una persona íntegra es la que sabe armonizar lo que dice con lo que hace, sus deseos con sus valores, su interés con el interés de los demás, su interior y su exterior, la economía con la ética, el poder con el respeto. Siempre se ha juzgado duramente la doblez, los griegos detestaban al aner dipsijós, al hombre de doble mente. El corrupto siempre miente. Y la mentira es contagiosa porque obliga a mentir a los demás para sobrevivir. Es como el dopaje. El que se dopa obliga a los demás a doparse. Si una Administración exige una comisión, o paso por el aro o mi empresa desaparece. Lo que caracteriza a una sociedad justa es que en ella se puede ser decente sin necesidad de ser heroico.

La sociedad se corrompe cuando se quiebran los vínculos sociales, la confianza, la reciprocidad. Es una patología social, que se transmite como las enfermedades víricas. De la misma manera que un virus para sobrevivir tiene que colonizar células sanas, el corrupto, para mantenerse, necesita corromper a alguien. Todo corrupto es corruptor por necesidad. Analicemos el fenómeno. Hay dos tipos de corrupción: de alta o baja intensidad. La primera es delictiva, y por lo tanto debe ser perseguida mediante instrumentos legales y policiales. Me parece fácil de corregir, porque los actos están muy bien tipificados desde hace siglos. Cualquier conocedor del Derecho romano sabe con qué precisión estaban estudiadas las distintas maneras de corrupción política. Quien se apropiaba de bienes públicos, por ejemplo, estaba obligado -además de sufrir penas como el destierro- a devolver dos veces y media lo que había robado. Estos últimos días me ha preocupado comprobar la insensibilidad que hemos desarrollado sobre estos temas. En Barcelona, hablando con intelectuales -que deben ejercer el pensamiento crítico- sobre la corrupción política en Cataluña, la respuesta fue: «Peor es en Madrid». En Madrid, en un debate en TV, un economista me dijo: «La corrupción política no se puede evitar, es connatural al ser humano». Insisto: la corrupción delictiva se puede controlar. Basta con investigarla con los suficientes medios, y castigarla implacablemente cuando se descubra. Los «economistas del comportamiento» saben que en las conductas delictivas hay un cálculo de riesgo y beneficio, igual que en cualquier otra inversión. Si no hay beneficio, no hay inversión. La impunidad es una especie de seguro contra pérdidas y, por lo tanto, fomenta el delito.

Mi convicción es firme y fundada: la corrupción delictiva no se limita porque no se quiere limitar. Por lo tanto, habría que ampliar el radio de acción policial y judicial, y empezar a perseguir a los colaboradores necesarios para ese delito. A un médico negligente se le puede condenar por haber colaborado con un agente patógeno al no haberle combatido debidamente. En el ámbito de las patologías sociales, debería suceder lo mismo. Así pues, la erradicación de la corrupción delictiva no me plantea problemas ni teóricos ni prácticos. Sólo de ejecución.

Me preocupa más la corrupción de baja intensidad, porque se extiende insidiosamente, penetra por todos los pliegues de la vida social o privada, y acabamos por no detectarla, convirtiéndonos así en colaboracionistas. Es una intoxicación, más que una infección. Es -y esto es terrible- una cultura. Me parece la causa principal de la situación de aplanamiento, pasividad, anemia social que nos paraliza. Esta semana he tenido que realizar trámites normales -cambio de contrato de luz, pagar un impuesto, enviar por tercera vez un documento a un juzgado- que han resultado incompatibles con un horario laboral normal. Falta productividad en todos los niveles. Los organismos no funcionan. Acabo de ver un reportaje sobre el Tribunal de Cuentas. Al parecer, presenta los informes con cinco años de retraso y, sus miembros -que deben auditar a los partidos políticos- están elegidos por los partidos políticos. El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre los matrimonios homosexuales después de siete años. Una consejera de Bankia declara que no sabía nada de finanzas pero cobraba 300.000 euros anuales por oír. La tragedia del Madrid Arena descubre chapuzas administrativas. Me escandaliza que toleremos con excesiva facilidad las promesas no cumplidas, asunto muy serio. Hay comportamientos indecentes, vergonzosos, deshonestos, que no son delito. Hay faltas éticas y no sólo faltas penales.

¿Hace años, escuché a Robin Dunbar, un reputado antropólogo, una contundente frase que me sorprendió: «Los gorrones son el mayor problema con que se enfrenta un organismo social». Me intrigó tanto esa afirmación que decidí investigar el tema, conocido técnicamente como the freerider problem. Al final llegué a la conclusión de que estaba en lo cierto. La vida social está fundada en la cooperación. Eso requiere que cada individuo se comprometa a limitar sus deseos en interés de la comunidad, sometiéndose a un altruismo recíproco beneficioso para todos. Ser miembro de un grupo nos permite disfrutar de los bienes que se obtienen por cooperación, pero en contrapartida nos impone una serie de deberes. El freerider toma los beneficios de la cooperación social, pero no paga los costes. Rompe los lazos de la reciprocidad, que son potentísimos en todas las culturas. El gorrón es un parásito. Por eso, las sociedades han inventado procedimientos para detectarlo. Hemos decidido que la tolerancia es la gran virtud cívica, sin aclarar lo que eso significa. ¿Qué debemos tolerar? ¿Lo bueno? No. Lo bueno hay que aplaudirlo y fomentarlo. ¿Lo malo? Tampoco. Es evidente que no hay que ser tolerante con lo intolerable.

Creo, pues, que hay que tratar la corrupción como una enfermedad social y declarar un estado de pandemia. Padecemos lo que he llamado «síndrome de inmunodeficiencia social». El síndrome de inmunodeficiencia física está bien descrito en los individuos: un organismo pierde su capacidad de defenderse contra un agente patógeno. Su sistema inmunitario deja de funcionar. Pero no está descrito en su dimensión social. Una sociedad puede también perder esa capacidad, y volverse incapaz de aislar, combatir, neutralizar o expulsar los elementos dañinos. Sus defensas se debilitan, se hace más vulnerable y no reacciona ante el agresor que la ataca. La corrupción, la quiebra de la confianza en las instituciones, la desmoralización -en su doble sentido de falta de energía ética y de abundancia de comportamientos indignos-, son una prueba de que nuestra salud es precaria. Resulta peligrosa la facilidad con que todos nos habituamos a cualquier cosa, sometidos a un lento proceso de intoxicación. El antídoto: reconocer lo que nos pasa, fortalecer nuestro sentido crítico, librarnos de una confusa tolerancia, premiar al que obra bien y castigar al que obra mal. Y ser lo suficientemente lúcidos y valientes para no ser colaboracionistas.

José Antonio Marina es filósofo.

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