Corruptos y compañía

De la racha que llevamos de corrupción sabemos cuáles pueden ser algunas de las causas: escasa cultura de dación pública de cuentas y falta de implementación de medidas anticorrupción, cifrándolo todo a la represión penal. Pero el sistema judicial está desbordado, se ha acentuado su infradotación personal y material y se ha ‘berlusconizado’ buena parte de la normativa penal y procesal. Ello sin contar con obstruccionismos varios. Se ha puesto de relieve con razón que la corrupción en España es esencialmente política, es decir, anida en las altas esferas, normalmente de electos. La corrupción administrativa, esto es, de funcionarios medios y bajos, es muy poco relevante en calidad y cantidad.

Dentro de la corrupción política, hay que distinguir dos áreas esenciales que, en las esferas autonómicas y municipales, se desdibujan y tienden a confundirse. Me refiero, en primer lugar, aquellas actuaciones de los altos poderes públicos que dan lugar a cuantiosos gastos como las grandes infraestructuras, así como todos aquellos negocios de tarifa (suministros de todo tipo, concesiones, adjudicaciones, …). Solo el aeropuerto de Ciudad Real superó los 1.000 millones de gasto, de los que apenas se recuperará el 5%. El Castor fue indemnizando -más de 1.300 millones- en menos de 35 días y por decreto-ley, lo que evita que se razone la decisión y la confección de un expediente que debe informar el Consejo de Estado. Centenares de kilómetros de infraestructura del AVE se han cerrado. Un sistema de autopistas de peaje, en paralelo a vías de alta capacidad de libre circulación, suma ya una presunta indemnización de más de 4.500 millones. Súmese y véase de dónde sale el déficit público.

¿Qué tienen en común estos desaguisados? Fácil: son gastos (no inversiones) con cálculos irreales y de cuyo rendimiento los adjudicatarios no deben, por lo general, preocuparse. Las concesiones están sujetas a indemnización por parte del Estado. El escándalo es de órdago. Esta es una batalla que no ha hecho más que empezar.

El otro nivel, más propio de las agencias gubernamentales y de las administraciones territoriales, en el que la ‘Púnica’, es el último botón de muestra (último en aparecer, no último en nacer), es el relativo a todo lo que tiene que ver con la contratación de personal, el urbanismo y la concesión de servicios públicos. Las tres ramas están conectadas entre sí. Tomemos como ejemplo el epicentro de la ‘Púnica’, Valdemoro, cuyo exalcalde, Granados, está ahora en prisión como presunto máximo responsable de este colosal fraude público. Pues bien, en los tiempos más gloriosos de la ‘Púnica’ se llegó a contratar hasta 1.200 empleados, triplicando el número de los que tenía en 1999. Ahora, continúa, con la mitad aproximadamente de ese número, de los solo 140 son funcionarios fijos; el resto eventuales o contratados laborales, cuya legalidad no estaría de más auditar. Otro ejemplo: en la Diputación de Ourense, provincia, de menos de 330.000 habitantes (2011), en el primer trimestre de 2010, Baltar contrató a 104 personas al margen de los procedimientos establecidos, lo que le valió la correspondiente condena. Estas son dos señales entre muchas.

¿Cuál es la consecuencia? Estos munícipes y consejeros autonómicos, para perpetrar sus tropelías, necesitan un soporte administrativo: no solo es tomar la decisión, criminal en muchos casos, sino que hay que crear una apariencia de expediente, seguir unos mínimos procedimientos y librar los fondos necesarios o colocar los que se ingresan fuera del alcance de la ya de por sí magra fiscalización interna. La forma de conseguirlo es, en gran medida, mediante el concurso de estómagos agradecidos. El caciquismo no se basa solo en la compra de votos por favores, sino que constituye la pantalla de muchos de los males que azotan administraciones que son fácilmente desconectables de los procedimientos legales. El miedo al ‘mobbing’ o al despido es un mal con el que el funcionario legal, como la experiencia enseña, puede contar razonablemente.

Dicho de otro modo: estas tramas tan densas, tanto en botín como dilatadas en el tiempo, no son fruto de la actuación nocturna del desalmado político, sino que cuentan con importantes ayudas, tanto activas como las no menos vergonzantes de mirar para otro lado. Cuando se producen golpes como los de Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, o en la ‘pujolizada’ Catalunya, después resulta que «todo el mundo lo sabía». Quizás no lo sabía todo el mundo, pero seguro que más de una y más de dos … docenas lo sabían y, encima, ni obtenían provecho alguno. En el fondo, contar con buenos escuderos, es requisito indispensable para que los señores del sobre campen por sus respetos a costa de los ciudadanos. Ahora, al menos a algunos, no les toca seguir riendo.

Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB.

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