Cosoberanía de Ceuta y Melilla: no gracias

Por Gustavo de Arístegui, diputado del PP (ABC, 10/10/05):

En la rueda de prensa conjunta de los jefes de Gobierno de España y Marruecos, un excelente profesional del periodismo hizo una incómoda pregunta al primer ministro de Marruecos, y el presidente del Gobierno de España guardó un imprudente silencio. Perdió una excelente ocasión para reafirmar lo que la inmensa mayoría de los españoles querían oír: que Ceuta y Melilla son españolas, como lo son las Islas Canarias, como reza en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Finalmente tuvo que aclara su postura a destiempo, cuando el desasosiego y la intranquilidad se habían instalado en la opinión pública, especialmente en las dos Ciudades Autónomas. El problema es que cada vez que se plantea un asunto espinoso, que preocupa a la ciudadanía, el presidente del Gobierno, lejos de crear el clima de tranquilidad desde el liderazgo exigible a cualquier líder político que tenga responsabilidades del máximo nivel, genera tensión, intranquilidad y falta de confianza. Este síntoma empieza a ser reflejo de una enfermedad crónica de este Gobierno y de su presidente, que sólo reacciona cuando se desbordan los temas y se convierten en polémicas ácidas, por carecer de la solidez y rigor mínimos exigibles a quienes ejercen tarea de gobierno en una democracia avanzada.

Las relaciones con nuestro vecino no son una cuestión sencilla, lo que no obsta para que Marruecos haya sido y sea siempre una prioridad estratégica para nuestro país. Sin embargo, esta relación fundamental no se puede construir a costa de la defensa de los intereses legítimos de nuestro país y de sus ciudadanos, llevarse bien no es incompatible con la defensa de nuestros intereses. Sin embrago, el Gobierno socialista ha fundamentado sus relaciones hacia Marruecos en la perpetua y constante cesión. Cabe preguntarse ¿qué hará el Gobierno socialista para llevarse bien cuando ya no le quede nada en que ceder? Las relaciones sanas, equilibradas y fundamentadas en el respeto mutuo se logran desde la transparencia, la cordial y exquisita discrepancia y en la sinceridad respecto de nuestros propósitos.

Por esa misma razón, el presidente del Gobierno no puede permitir que se genere una duda sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no puede ser corresponsable de crear un clima de inquietud y de preocupación, y de demostrar que no se tienen las ideas claras sobre política exterior. Melilla es española de forma ininterrumpida desde 1497; Ceuta, que fue una posesión portuguesa, pasó a manos españolas al heredar Felipe II el reino de Portugal a la muerte de su madre, Isabel de Portugal, en 1585. Cuando en 1640 nuestro vecino readquiere la independencia, se pregunta a los ceutíes a qué reino deseaban seguir vinculados, y hace 365 decidieron, seguramente por la comodidad de la proximidad, seguir bajo la Corona española; la cuestión es que decidieron. ¿Alguien pone en duda el carácter turco de sus territorios europeos que incluyen buena parte de su principal ciudad, Estambul? ¿Se puede cuestionar la soberanía sobre la base del constante ir y venir de las fronteras a lo largo de la historia? Por esa regla de tres, el Reino de Granada sólo forma parte de la Corona desde 1492 y sólo ultraconservadores, ultrarrigoristas y los islamistas radicales se atreven a reivindicar la reconquista de Al-Ándalus; Navarra, desde su definitiva incorporación en 1515 tras la boda de Fernando el Católico con Germana de Foix en 1512. Los argumentos no se tienen de pie, y lo que es peor, es que generan tal crisis de credibilidad en él las instituciones, que nos afecta a todos, y eso es un desastre para el sistema, no sólo para quienes aspiramos legítimamente a sustituir al actual Gobierno.

El haber permitido que se instalase la duda sobre una eventual negociación que llevase a la cosoberanía es de una preocupante irresponsabilidad; las rotundas negativas llegan tarde y con cajas destempladas, tampoco es de extrañar, puesto que uno de los asesores áulicos del Gobierno para la «alianza de civilizaciones» abogaba por la devolución -¿devolución o más bien entrega?- de las Ciudades Autónomas a Marruecos. ¿Entonces, qué podíamos pensar de los irresponsables silencios presidenciales? Si tanta influencia tiene ese asesor, ¿por qué no se puede creer que este mismo asesor ha podido influir también en el hecho de plantar eficazmente la duda en el Gobierno sobre la españolidad de nuestras Ciudades Autónomas? Lo extraño es que nadie hubiese hecho esa lectura. Por cierto, en un reciente congreso de juventudes celebrado en Venezuela bajo los auspicios del régimen de Hugo Chávez, representantes de los Ayuntamientos de Córdoba y de Sevilla suscribieron un comunicado final en el que se calificaba a Ceuta y Melilla de territorios ocupados que debían ser reintegrados a Marruecos. Quizás el alcalde de Sevilla y el PSOE de Andalucía, así como la alcaldesa de Córdoba y su partido, debieran explicar a la opinión pública cuál es su verdadera postura al respecto, para que todos sepamos a qué atenernos.

Ceuta y Melilla tienen una alta proporción de población española de origen musulmán, que son ciudadanos de la Unión Europea y de un país que en la últimas cifras disponibles tiene una renta per cápita de en torno a 23.000-24.000 euros. No creo probable que dejen de sentirse miembros de una comunidad que es tan suya como nuestra, y entre muchas otras, la prosperidad del país seguro que tiene su peso. Hemos visto recientemente cómo tomaba posesión de su escaño una diputada ataviada con el hiyab (el pañuelo islámico de cabeza), el consejero de Presidencia de Melilla es musulmán, y en las Ciudades Autónomas se ha dado una buena convivencia entre cristianos, agnósticos, musulmanes de origen beréber o árabe, judíos e hindúes. Estas polémicas artificial e irreflexivamente provocadas no deben ser alentadas desde el Gobierno, que acaba de debilitar, en otro tema más, la credibilidad y solidez de la Nación española.