El presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, está cumpliendo el estereotipo del dirigente africano que se aferra al poder, se mantiene alejado de los ciudadanos de su país e ignora la voluntad expresada por ellos.
La dramática situación surge de una lucha personal por el poder entre Gbagbo, que nunca ha sido elegido pero gobierna Costa de Marfil desde hace 10 años, desde las elecciones frustradas de 2000, y Alassane Ouattara, el candidato al que el 54% de los votantes escogió para la presidencia en la segunda ronda del 28 de noviembre.
El mundo, con razón, ha decidido respaldar la elección de los ciudadanos. Naciones Unidas, la Unión Africana, Estados Unidos y Francia han exigido a Gbagbo que entregue el poder a Ouattara.
Ahora bien, al centrar la atención en los defectos de los líderes, se oculta el problema de fondo: la desconexión absoluta entre las instituciones políticas modernas de África y sus comunidades étnicas e instituciones tradicionales. Dicha desconexión, que tan bien se refleja en Costa de Marfil, es la razón fundamental de la crisis de gobierno en el continente. Los Estados africanos contemporáneos son híbridos ineficaces de culturas y costumbres indígenas mezcladas con los modelos de gobierno árabes y europeos que llegaron con las invasiones, el colonialismo y las migraciones.
En vez de volver a buscar soluciones a corto plazo para la violencia desatada tras las elecciones, sería más sensato examinar las formas de evitar futuras crisis que tienen sus raíces en los sistemas políticos disfuncionales de África.
La crisis en Costa de Marfil manifiesta una profunda brecha entre el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur, mayoritariamente cristiano, una crisis exacerbada por las tensiones étnicas consecuencia del trazado de las fronteras coloniales sin tener en cuenta la integridad de las comunidades étnicas africanas. Como las fronteras del Estado atraviesan grupos étnicos importantes con una presencia significativa en los países vecinos, cada crisis nacional es también una crisis regional.
Las divisiones trasnacionales resultantes han servido de instrumento a los políticos deseosos de utilizar la intolerancia étnica y el chovinismo regional para obtener el poder. Por ejemplo, el general Robert Guei, líder del golpe de 1999, impidió que Ouattara impugnase las elecciones de 2000 basándose en el exclusivismo de las leyes de ciudadanía "marfileña", diseñadas para despojar de sus derechos a los habitantes del norte, considerados de origen extranjero.
Si, como parece probable, Ouattara asume el poder, su mayor reto será reunificar un país aún dividido por el legado de la guerra civil de 2002. Para ello tendrá que abordar las cuestiones de la identidad nacional y la ciudadanía, reformar la tenencia de tierras y transferir poderes que ahora están en manos de la presidencia para conseguir un Gobierno más representativo e integrador.
Para Costa de Marfil es especialmente importante que el traspaso de poderes cree más vínculos con grandes segmentos de la población cuya vida cotidiana se rige aún por las instituciones tradicionales y las costumbres africanas. Esto se puede decir de muchos otros Estados. El rediseño de las instituciones de gobierno de África debería tener en cuenta cuatro prioridades.
En primer lugar, la tradición política africana del "gran hombre" debe desaparecer para ser sustituida por nuevas leyes y disposiciones que ofrezcan un mejor equilibrio entre unas instituciones de gobierno independientes, con el fin de que haya verdadera responsabilidad. La Constitución de la Segunda República de Costa de Marfil (del año 2000) prevé una presidencia fuerte en el marco de la separación de poderes, pero, como en la mayor parte de África, el sistema político está dominado por el presidente. La Asamblea Nacional de Costa de Marfil, una Cámara única de 225 miembros, suele aprobar de manera automática las leyes propuestas por el presidente. La crisis de desunión que sufre el país es de tal magnitud que debería estudiarse la posibilidad de una reforma constitucional que establezca un Parlamento bicameral en el que hubiera una Cámara inferior de elección directa y una nueva Cámara superior compuesta por autoridades tradicionales y ciudadanos destacados que representara los intereses generales de la sociedad y actuase de elemento estabilizador para contribuir a la unidad nacional. El fortalecimiento del poder legislativo y el poder judicial es crucial para lograr un equilibrio que garantice más responsabilidad y, por consiguiente, más armonía nacional.
En segundo lugar, es preciso repartir el poder y la riqueza por toda la sociedad para acercar el Gobierno a la gente. En África, no solo es que el poder esté concentrado en la presidencia, sino que está concentrado en las capitales. La distribución bien coordinada de poder y recursos desde el centro hacia los órganos locales, tanto electos como administrativos, es fundamental para acabar con la corrupción y facilitar la provisión eficaz de servicios. Esta forma de comprometer a las autoridades tradicionales puede ayudar también a incrementar la presencia y la legitimidad del Gobierno en los pueblos. Si se presta atención prioritaria al desarrollo rural, sobre todo las inversiones en el sector agrario, este traspaso de poder tendrá más fuerza, porque el sector agrario da trabajo casi al 70% de la población activa en África. Costa de Marfil es el principal productor de cacao del mundo, y la agricultura representa el 24% de su PIB; entre el 60% y el 70% de los habitantes se dedican a algún tipo de actividad agraria.
En tercer lugar, es crucial garantizar la educación y la formación necesarias para construir el futuro contando con un electorado informado. En Costa de Marfil esto es especialmente cierto, porque el nuevo Gobierno tendrá que afrontar el reto de encontrar salidas productivas para los ex combatientes desmovilizados y los miembros de las milicias desmanteladas y evitar así que se conviertan en soldados de a pie de una nueva oleada del caos político iniciado con la muerte del presidente Felix Houphouet-Boigny en 1993.
Por último, el aumento de la armonía y la disciplina en la sociedad es lo único capaz de resolver las viejas divisiones exacerbadas por los políticos africanos que agitan a las comunidades étnicas con sus proclamas apocalípticas para obtener el poder. Es evidente que será un proceso largo, porque esta práctica política está profundamente arraigada en un lugar como Costa de Marfil, en el que, en 1995, el segundo presidente del país, Henri Bedie, fomentó la xenofobia contra los musulmanes del norte para impedir el paso a su principal rival, Alassane Ouattara; Bedie, a su vez, cayó en 1999 por el golpe de Estado del general Guei. Bedie encendió la mecha con la que hoy sigue ardiendo el país. Ouattara debe empezar por predicar y practicar la integración y la reconciliación nacional.
Desde la perspectiva de los problemas de África, no es extraño que muchos dirigentes busquen hoy su modelo de gobierno en Oriente, y no solo en Occidente, al tiempo que intentan restablecer ciertas costumbres autóctonas. Aunque no hay duda de que para los africanos sería beneficioso que reinaran el imperio de la ley, la protección de las libertades individuales y la separación de poderes, la verdad es que las elecciones democráticas que se han celebrado no han producido resultados duraderos ni han servido para impedir la violencia. Por eso, a muchos, el modelo chino, con su énfasis en la armonía social, la estabilidad política y el rápido crecimiento, les parece más relevante, sobre todo a medida que crece la presencia de China en el continente.
Lo mejor que puede pasarle a África es que encuentre una vía intermedia para gobernar, que incluya a todos y se apoye en la legitimidad de sus propias tradiciones, pero que sea pragmática y tome prestados elementos de Oriente y Occidente para afrontar sus retos. Tal vez la respuesta africana sea otra forma híbrida de gobierno, pero una forma construida por los propios africanos, no impuesta desde el exterior.
Jendayi E. Frazer, ex secretaria de Estado adjunta para Asuntos Africanos en el Gobierno de EE UU entre 2005 y 2009, y en la actualidad catedrática de Servicios Distinguidos en la Carnegie Mellon University, y Nicolas Berggruen, presidente y director ejecutivo del Nicolas Berggruen Institute, dedicado a investigar nuevas ideas para el buen gobierno. © Global Viewpoint Network/Tribune Media Services. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia