América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo en términos de ingresos y oportunidades. Una de las áreas en las que estas desigualdades se hacen más presentes es la educación. Antes de la pandemia, los estudiantes vulnerables tenían en promedio un rezago en aprendizajes de dos años de escolaridad con respecto a sus pares menos vulnerables. Esta situación se ha visto agravada con la crisis de la covid-19 y el cierre de escuelas.
Se estima que la brecha de aprendizajes entre los alumnos más ricos y pobres se ha ampliado en un 25% (equivalente a más de seis meses de escolaridad), producto de las desigualdades de acceso a educación no presencial de calidad. Esto implicaría que los países de la región deberían incrementar los recursos destinados a la población más vulnerable y afectada por la pandemia para reducir la brecha de aprendizaje. Sin embargo, son pocos los sistemas de financiamiento en América Latina que destinan más recursos donde más se necesitan, lo que hace aún más difícil afrontar la crisis actual.
Según un estudio reciente del BID, Argentina y Brasil poseen las mayores brechas de desigualdad de financiamiento educativo, ya que los gobiernos subnacionales más vulnerables tienen casi la mitad de los recursos educacionales que los más ricos. Eso se debe fundamentalmente a disparidades en los ingresos locales: las regiones más ricas tienen una mayor capacidad de recaudar impuestos y, por tanto, pueden invertir más en educación. En Colombia, los municipios ricos también invierten más por estudiante que los de escasos recursos, pero a diferencia de Argentina y Brasil, la fórmula de financiamiento colombiana focaliza los recursos en los municipios más pobres. Sin embargo, los recursos nacionales no logran nivelar las diferencias provocadas por recursos locales.
En cambio, Chile, Perú y Ecuador tienen un financiamiento escolar progresivo, es decir, mayor para los más vulnerables. En ellos, el gasto por estudiante en los gobiernos subnacionales más vulnerables es mayor que en los territorios más acomodados. En Chile, esto se explica por una fórmula de financiamiento que entrega una subvención per-cápita (voucher) un 50% mayor para estudiantes desfavorecidos. En Perú, el financiamiento equitativo es impulsado por una política de bonificación salarial para los docentes que trabajan en escuelas desaventajadas (escuelas de zonas rurales, unidocentes, multigrado, de frontera o en zonas de conflicto) con un incremento salarial de hasta 30%. En Ecuador, la progresividad se debe a una decisión política más discrecional de enfocar los recursos en las regiones rurales, de más bajo nivel socioeconómico y con mayor población indígena.
En el escenario de crisis económica que abre la pandemia, y donde se espera que el presupuesto de educación caiga en más de un 30%, se necesitan políticas de financiamiento progresivas que promuevan una distribución más equitativa de los recursos escolares, beneficiando a los estudiantes más vulnerables de América Latina. Estas políticas deben incluir, por ejemplo, fórmulas que otorgan mayor peso a los estudiantes de bajos ingresos; incentivos para atraer docentes más calificados a escuelas vulnerables y rurales; y subsidios que ayuden a reducir las desigualdades fiscales entre los gobiernos locales. Además, es necesario que estas políticas sean transparentes e institucionalizadas por ley para garantizar un modelo de financiamiento escolar progresivo y sostenible que no solo dependa de la buena voluntad política del gobierno de turno.
Las políticas de financiamiento escolar son herramientas efectivas que los gobiernos de América Latina tienen a su disposición para mitigar los efectos nocivos de la pandemia en la desigualdad educativa, garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con una educación de calidad independiente de su nivel socioeconómico.
Gregory Elacqua es economista principal de la División de Educación del BID. Luana Marotta es consultora y Carolina Méndez, especialista en ese mismo departamento.