Cada año, mueren en el mundo por hambre o enfermedades relacionadas unos nueve millones de personas; es el equivalente a la población de Austria. Ya bastante trágica es esta cifra, pero hay riesgo de que en 2020 se duplique, por los trastornos que la COVID‑19 provoca en las cadenas de suministro de alimentos.
Es el costo oculto de la pandemia de coronavirus, y caerá sobre los más pobres y vulnerables. Para prevenir estas muertes evitables, debemos en primer lugar reconocer que África, Asia meridional y otras regiones pobres no pueden entrar en cuarentena o tratar de contener la enfermedad imitando las medidas adoptadas en los países desarrollados. En vez de eso, deben hallar modos propios de equilibrar los riesgos del virus con los riesgos que los intentos de derrotarlo suponen para los medios de subsistencia y la vida de la gente.
Pero sobre todo, la comunidad internacional debe actuar ahora mismo para preservar el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos. De lo contrario, en las regiones más pobres del mundo, las consecuencias no deseadas de la cura serán peores que la enfermedad.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha identificado 26 países que corren más riesgo de aumento de la inseguridad alimentaria por la crisis de la COVID‑19; entre los más vulnerables en África se encuentran Etiopía, Nigeria y Mozambique. El PMA calcula que sólo en estos tres países, ya padecían inseguridad alimentaria crónica 56 millones de personas (de una población combinada de unos 334 millones). Además, de los 1500 millones de niños de todo el mundo que no están yendo a la escuela por la pandemia, 350 millones dependen de las comidas escolares para no pasar hambre.
La COVID‑19 plantea a los países pobres cuatro grandes problemas de seguridad alimentaria.
En primer lugar, las familias tienen menos ingresos para comprar alimentos cada vez más caros. Se prevé que por la pandemia, la producción per cápita en África subsahariana se contraerá más del 4% en 2020; al mismo tiempo, ha habido una marcada reducción de las remesas de trabajadores africanos en el extranjero (una empresa de pagos en el Reino Unido registró una caída del 80%). Y una encuesta de hogares en Bangladesh muestra que los pobres ya han visto sus ingresos disminuir un asombroso 70%; como consecuencia, casi la mitad ha debido reducir el consumo de alimentos.
En segundo lugar, el transporte de alimentos se ha vuelto más lento y costoso. La actividad naviera internacional se redujo un 25% en el primer trimestre de 2020, mientras que sólo en marzo, el costo de enviar cargamentos a través del Océano Pacífico se triplicó. Y las nuevas medidas de higiene y distanciamiento social demoran la liberación de los bienes y su entrega.
En tercer lugar, la pandemia está afectando el suministro mundial de productos agrícolas. En la India, el Consejo de Investigación Agrícola pidió que los agricultores pospongan la cosecha de trigo hasta que termine la cuarentena; en tanto, países como Vietnam y Camboya están restringiendo la exportación de arroz. Esto afecta en forma directa a África, que cada año importa 4500 millones de dólares de arroz.
A esto se suma un encarecimiento de los alimentos, mientras los países pobres luchan por conseguir divisas extranjeras para pagar importaciones. Por ejemplo, el precio del arroz en Nigeria aumentó un 30% en la última semana de marzo, en parte por una marcada caída de los ingresos por exportaciones después del derrumbe mundial de precios del petróleo.
También hay divergencias entre la oferta y la demanda. En el RU, la reducción de demanda de leche de los restoranes plantea el riesgo de que se descarten cinco millones de litros por semana. Pero este excedente podría haberse convertido en leche en polvo para exportarlo adonde se lo necesite.
Finalmente, la COVID‑19 afecta la agricultura y la disponibilidad de alimentos en los mercados, por la escasez de insumos y el atraso en el paso de agroquímicos vitales a través de puertos y puntos de control aduanero. El Banco Mundial calcula que la producción agrícola en África puede disminuir hasta un 7% en 2020 (según cuál sea la magnitud de los impedimentos al comercio).
En vista de estas dificultades, es necesario que los gobiernos provean transferencias de efectivo y canales seguros de distribución de alimentos para proteger a los ciudadanos vulnerables. Sobre todo, las autoridades deben concentrarse en eliminar cuellos de botella logísticos en las cadenas de valor locales e internacionales, para permitir el libre movimiento de alimentos entre los países y dentro de ellos. Además, los países deben invertir ahora en la temporada de siembra para aumentar la adopción de soluciones tecnológicas y reducir la dependencia de la importación de alimentos.
En el nivel internacional, se necesitan cuatro tipos de acción.
En primer lugar, la comunidad internacional debe aumentar la financiación de medidas de ayuda alimentaria y protección social.Este apoyo debe llegar lo antes posible, porque de lo contrario el costo final será mayor, al extenderse la hambruna y perder viabilidad los sistemas agrícolas.
La segunda prioridad es invertir en la producción agrícola local. Hay que mitigar rápido las disrupciones a los sistemas locales y regionales de producción de alimentos, en particular en momentos críticos de la temporada de siembra, cuando la distribución de insumos (por ejemplo, fertilizantes) es crucial. También se necesitan inversiones que ayuden a los países pobres a acumular hasta tres meses de reservas alimentarias estratégicas, como recomendó hace poco la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA). Y hay que apuntalar los mercados de cultivos alimentarios y no alimentarios para mejorar la resiliencia de los países pobres.
En tercer lugar, para aliviar las disrupciones a las cadenas globales de suministro de alimentos y productos agrícolas, hay que dar apoyo a los nodos logísticos regionales y locales; el PMA es el organismo mejor posicionado para coordinar esos nodos, y necesita 350 millones de dólares de inmediato para hacerlo. No es mucho dinero si es para asegurar que el alimento llegue en el menor tiempo posible allí donde más se lo necesita.
Finalmente, debemos incentivar la financiación del sector privado a las empresas agrotecnológicas y agroprocesadoras. Hay que canalizar recursos rápidamente hacia las oportunidades de inversión que están surgiendo como resultado de la pandemia, sobre todo en lo referido a soluciones innovadoras para las cadenas de valor. Algunas prioridades incluyen dar apoyo al comercio electrónico y a las plataformas de mercado electrónico en los países en desarrollo (sobre todo en África) y reforzar el procesamiento de alimentos.
La industria turística, las modalidades de trabajo y muchas otras cosas ya han sido afectadas por la COVID‑19. La pandemia crea una oportunidad para transformar también los sistemas alimentarios. Un buen ejemplo de lo que se puede hacer es el nuevo acuerdo de asociación alcanzado en Kenia entre la tienda virtual minorista africana Jumia y Twiga, una plataforma de mercado electrónico para agricultores locales.
El elemento vital que falta para completar una estrategia eficaz contra la COVID‑19 es proteger las cadenas de suministro de alimentos. Aunque esto implica enormes dificultades, pueden resolverse por medio de acuerdos de asociación globales, en particular entre el sector privado, los gobiernos, los bancos de desarrollo, ONG y organizaciones de agricultores. Pero hay que implementar estas soluciones lo antes posible para que los países en desarrollo no sufran una crisis alimentaria catastrófica.
Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom from 1997 to 2007, is Chairman of the Institute for Global Change. Agnes Kalibata, President of the Alliance for a Green Revolution in Africa, is the United Nations Secretary General’s Special Envoy for the 2021 Food Systems Summit. Traducción: Esteban Flamini.