Crecimiento económico y empleo

Son numerosas las voces que en España reclaman una política presupuestaria menos exigente en cuanto al gasto público pensando que se impulsaría así el crecimiento y el empleo, en lugar de la actual de consolidación presupuestaria, que pretende reducir el déficit público a niveles relativos inferiores al 3% del PIB en dos años. Es necesario advertir, aunque resulte conocido, que el ritmo de la consolidación presupuestaria no se decide por el Gobierno español sino que deriva de acuerdos alcanzados en dramáticas negociaciones con la UE. Quienes piden su desaceleración aspiran a cambiar esas condiciones aceptadas por el Gobierno anterior en términos aún mucho más perentorios que los actuales. Esas voces olvidan también otras consideraciones respecto al crecimiento y al empleo. La primera, que el crecimiento con empleo estable y no redundante se logra con mayor actividad económica privada y con una acción pública que facilite economías externas a las empresas. Entre ellas, mano de obra capacitada con salarios que reflejen su productividad, mercado extenso sin trabas inútiles, marco jurídico e institucional estable que propicie la libertad y la solidaridad y clima político sin graves conflictos. Pero el crecimiento también exige que la acción del Estado no impida la financiación de las empresas, porque los tipos de interés de la deuda pública señalan las rentabilidades que, sin correr apenas riesgo, pueden obtenerse colocando fondos en esa deuda frente a las que se derivarían de invertir en actividades empresariales.

Los altos tipos de interés de la deuda pública dificultan el crecimiento económico, pero resulta casi imposible evitar que, cuando el volumen de esa deuda aumenta año tras año para financiar el déficit, no se eleven sus tipos de interés, especialmente en mercados financieros como los actuales, escaldados por la experiencia reciente de tipos reducidos para inversiones de alto riesgo. En esos mercados nuestra deuda se valora con desconfianza debido a razones ya reiteradas en estas páginas. Primero, por su rápido crecimiento, que bordea peligrosamente la frontera del 90% del PIB con tipos elevados, límite a partir del cual sus intereses pueden retroalimentar aceleradamente su volumen. Segundo, por la importante cuantía de la deuda que mantienen con el exterior sector público, banca, empresas y familias, lo que tensiona aún más la prima de riesgo. Tercero, por nuestra incapacidad para reducir el déficit público sin recurrir a los aumentos impositivos. Cuarto, por el pobre crecimiento previsible de nuestra economía. Quinto, por estar denominada en euros y padecer los efectos de la crisis de nuestra moneda común. Y sexto, porque una parte muy sustancial de la deuda pública se coloca en los bancos españoles, que la prefieren a la deuda privada por su alta rentabilidad cuando, además, no abundan los proyectos solventes de inversión empresarial que compitan con ella.

En ese contexto, la primera medida para lograr el crecimiento tiene que ser la de evitar las emisiones de nueva deuda pública que tensionen aún más sus tipos de interés, lo que solo puede conseguirse con unos Presupuestos sin déficit. En estas páginas se ha recomendado no pedir prórrogas en los déficits acordados y llegar aceleradamente al equilibrio de gastos e ingresos, por aquello de que los malos tragos hay que pasarlos pronto para que no terminen en metástasis irreversible. Ese ritmo rápido pretende seguirse en los Presupuestos para 2013, que responden al objetivo adecuado. Se fundamentan en una hipótesis que expuso el ministro de Hacienda en su presentación: cumpliremos en 2012 con el compromiso que tenemos con la UE, pese al déficit del 9,4% alcanzado en 2011, según las cuentas de las administraciones públicas dadas a conocer este martes. Fundamentaba esta hipótesis en que ya se han estimado los ingresos de 2012 y que esas estimaciones garantizan que el déficit no sobrepasará significativamente el 6,3% del PIB, pese a que a mitad de 2012 se situaba en el 8,4% del PIB. Mucho habrá que recaudar todavía para lograrlo, pero el Gobierno dispone de información y medios para estimar con fiabilidad los ingresos a solo tres meses de su final. Por otra parte, la rapidez y entusiasmo con que la UE ha apoyado estos Presupuestos hace pensar que los hombres de negro los supervisaron y encontraron conformes.

Las críticas a los Presupuestos de 2013 se centran en lo difícil que resultará conseguir los ingresos previstos atendiendo a la evolución del PIB pues, en opinión de muchos analistas, su caída en términos reales no será del -0,5% que señala el Gobierno sino del -1% o más. Para que en 2012 se cumpla la hipótesis Montoro los ingresos públicos tendrían que crecer un 4,3% respecto a 2011, pese a que a mitad de año sólo lo hacían un 0,11% con un PIB monetario que caía un -0,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero, de cumplirse esa hipótesis en 2012, también podrían crecer los ingresos un 3,7% en el próximo año, que es lo que pronostican los Presupuestos. En 2012 la recaudación se está impulsando con la reforma del IRPF y, a partir de septiembre, con la muy importante del IVA. Esas reformas se aplicarán ya al ejercicio completo durante el próximo año potenciando la recaudación y, por otra parte, se introducirán nuevos cambios tributarios cuyo impacto se estima en casi 5.000 millones de euros adicionales. De confirmarse los ingresos que el Gobierno espera para 2012, no resultaría difícil que se alcanzaran también los previstos para 2013. Existe, además, la posibilidad de dos impulsos adicionales. El primero, que el crecimiento de los precios implícitos en el PIB durante 2013 será superior al de 2012 según los propios Presupuestos, y ya se sabe que la recaudación tributaria depende de los crecimientos nominales del PIB y no de los reales. El segundo, que se prepara una dura lucha contra el fraude y en España hay mucho que ganar en recaudación si se aprietan las clavijas. Pero quizá tampoco deberían descartarse nuevos impuestos a mitad del próximo año si todo fallase, aunque eso afectaría muy negativamente a la actividad económica.

En cuanto al gasto, las críticas se dirigen a que se reducen partidas como las de desempleo y las inversiones, mientras que no aparecen reducciones en las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas, entes necesarios pero a los que fundadamente se achacan despilfarros. La explicación quizá se encuentre en que se trata de los Presupuestos del Estado y no de las comunidades o ayuntamientos, que habrán de someterse a los límites de gasto, déficit y deuda establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los límites a esos déficits se han fijado para las comunidades autónomas durante 2013 en el 0,7% del PIB regional, frente al 1,5% de 2012. Es decir, que en 2013 se pretende reducir esos déficits a más de la mitad, lo que obligará a las autonomías a reducir también sus gastos.

El impulso al crecimiento se encomienda a un conjunto de reformas estructurales, que se articularán mediante más de 40 proyectos de ley con un calendario también publicado junto a los Presupuestos de 2013. Son reformas de hondo calado que cambiarán radicalmente la economía española e impulsarán el crecimiento y el empleo.

Estos son, a grandes rasgos, los aspectos más esenciales de los nuevos Presupuestos y las razones que justifican el programa de política económica que contienen. Con ellos puede decirse que España está intentando cumplir anticipadamente con los compromisos que se derivarían de un eventual rescate. Sólo falta que Europa cumpla también con esos compromisos y, sosteniendo el euro, ayude sin más demoras a nuestros bancos y a nuestra deuda pública.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública.

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