Creyentes y ciudadanos

Por Reyes Mate, autor de Luces en la ciudad democrática. Guía del buen ciudadano, Pearson, Madrid, 2007 (EL PAÍS, 01/07/07):

Soy autor de un libro dedicado a los profesores de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Lo he hecho pensando que ejercía el noble arte de la ética política, así que debería asombrarme del comunicado de los obispos que descalifica esa incursión como atentado a derechos de los padres. Pero no me asombro porque fue lo mismo que dijeron sobre el divorcio y la LODE, aunque los protagonistas fueran el hábil Tarancón, el bueno de Díaz Merchán y, ahora, el duro de Rouco.

La Iglesia española tiene un esquema mental con el que mide la relación de la política con la moral y es ésta: existe un derecho natural que tiene sus principios establecidos sobre lo que es bueno y malo en la vida privada y pública. Como su representante en la tierra es la Iglesia católica, hay que atenerse a ésa cuando se legisle sobre el particular. Este supuesto va cambiando de piel: ya no se habla de derecho natural sino de un “derecho originario e inalienable”; ya no se presenta la Iglesia como garante del mismo, sino que se le atribuye “a los padres y a la escuela” (privada); ya no afecta a toda la vida social, sino sólo a la familia y a la sexualidad.

Los números 11 y 12 de la declaración del pasado 21 de junio son fiel reflejo de esta teoría. Suena la alarma cuando constatan que la citada asignatura pretende “la formación de la conciencia moral de los alumnos”. Eso es una grave lesión “al derecho originario e inalienable” de los padres y de las escuelas privadas (las publicas tienen que ser ideológicamente “neutrales”), únicos habilitados para “elegir la formación moral que deseen para sus hijos”. La LOE, al no respetar estos principios, permite que el Estado “suplante a la sociedad como educador de la conciencia moral”, con lo que la formación moral degenerará en adoctrinamiento.

¿Pretende la nueva asignatura formar la conciencia del alumno? Claro que sí, pero sólo en lo que afecta a sus derechos y deberes ciudadanos. ¿Puede el Estado, es decir, los representantes del pueblo, legislar sobre asuntos de convivencia de una manera distinta a como lo plantearía ese famoso derecho natural gestionado por la Iglesia? Es evidente que puede. Lo reconoce el propio documento cuando lamenta que Educación para la Ciudadanía no se haya limitado a explicar la Constitución y los Derechos Humanos. Se puede hablar de tolerancia, de ciudadanía, de responsabilidad, de paz y reconciliación, de la pobreza en el mundo y del medio ambiente. Eso forma parte de la moral pública y hablar de eso no parece que atente “al derecho originario”. Se puede hablar de ello sin peligro de adoctrinamiento porque la educación cívica no significa que se hable de sus temas sin sentido crítico. Se puede criticar la democracia realmente existente desde lo que Aranguren llamaría “la democracia como moral” y los derechos humanos tienen flancos muy vulnerables. Eso forma parte de la famosa “libertad de enseñanza” que no es sólo el derecho a crear centros privados con ideario religioso, sino también libertad de cátedra en la escuela pública y en la privada. El respeto al sentido crítico consolida la convivencia más que cualquier apología.

Reconozcamos que aquí la Iglesia ha dado un paso adelante. No están tan lejos los tiempos en los que la Iglesia condenaba la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, el liberalismo, la democracia y hasta perseguía los derechos humanos; y más cercanos, en los que no había más moral pública y privada que la suya. Como suele decir el teólogo alemán Johan Baptist Metz “no hay un solo valor moderno que no haya sido desacreditado por la Iglesia”, aunque muchos de ellos han salido del seno del cristianismo.

El problema es la familia y la sexualidad, último reducto de un imperio temático venido a menos. El alumno puede oír juicios sobre el matrimonio gay que no concuerden con lo que le digan en clase de religión católica. ¿Justifica esta disonancia le negación de la asignatura? Desde luego nada impide que, en nombre de la libertad de cátedra, un profesor de la escuela pública critique esa figura y otro, de la privada, la elogie. Lo importante es que se conozca esa modalidad jurídica y se la pueda juzgar libremente.

Esta confrontación entre Iglesia y Gobierno por una asignatura semejante no la han dado los franceses ni los alemanes, sin duda porque tienen otra idea del lugar de la religión en democracia. Resulta difícil imaginar a un obispo francés diciendo que no se pueden defender los derechos republicanos en una escuela católica o exigiendo “neutralidad ideológica” en la escuela pública. La diferencia es que mientras en el país vecino el republicanismo forma parte de la cultura general, aquí la versión escolástica del derecho natural es residual. Eso explicaría por qué la Iglesia francesa es socialmente tan influyente, pese a la rigurosa laicidad del Estado, y aquí cada vez lo es menos, pese a la complaciente “aconfesionalidad” del Estado español.

Se equivoca gravemente la Iglesia española si mide su presencia social por el eco que encuentra en un partido político. Ese eco es ruido y la triste verdad es que cada vez interesa menos su discurso a los creyentes, también a los de ese partido, y al conjunto de la sociedad española. Es verdad que no corren tiempos favorables a la lírica, pero se echa de menos una voz que despierte lo mejor de una tradición tan fecunda como la cristiana que es algo más que familia y sexo.