Crisis (42): Catalunya es inviable

La Generalitat de Catalunya pedirá 5.023 millones de euros al fondo de liquidez español porque los mercados financieros ya no le conceden más crédito. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Veamos: desde 1997, primer año de la burbuja inmobiliaria, hasta el fin de la era Pujol, la deuda de la Generalitat se mantuvo constante alrededor de los 10.000 millones de euros. Pero entre el 2003 y el 2008 (gobierno de Pascual Maragall y primeros años de José Montilla) la deuda pasó de 10.900 a 15.776 millones. Eso fue un grave error, porque el Govern tenía que haber visto que su recaudación dependía de una burbuja que tarde o temprano tenía que explotar. Y al ser temporales esos ingresos, tenía que haberlos ahorrado para cuando vinieran las vacas flacas. Pero no, en lugar de hacerlo, la Generalitat los dilapidó e incluso aumentó su deuda en casi un 50%: aeropuertos e infraestructuras absurdas, Fòrum de les Cultures, gasto sanitario descontrolado, altos cargos repletos de parientes y afiliados del partido, estaciones de metro encargadas a los arquitectos más caros del mundo y hasta algún conseller sostenible y solidario diseñando su propio edificio de oficinas al estilo feng shui.

Todo este vergonzoso despilfarro siguió hasta que, naturalmente, explotó la burbuja y llegó la recesión. Era la segunda mitad del 2008. La recaudación fiscal cayó en picado y como se siguió gastando como si no pasara nada, la deuda pública se duplicó (repito, ¡duplicó!) hasta alcanzar los 34.229 millones de euros en el 2010. Bravo, don José.

Con Artur Mas llegaron los recortes..., pero la deuda siguió subiendo hasta los 42.000 millones (21% del PIB) de la actualidad. Y es que la austeridad, por más necesaria que sea a la larga, tiende a agravar las crisis económicas a corto plazo y, por tanto, disminuye la recaudación.

Lección número uno: el primer gran responsable de la deuda de la Generalitat es la propia Generalitat y su dispendio descontrolado durante los años de la burbuja. Dicho esto, la mala gestión no puede explicar por sí sola el cierre del acceso a los mercados de capital. Al fin y al cabo, una deuda del 21% del PIB es pequeña si la comparamos con los países de Europa. Sí, ya sé que Catalunya no es un país independiente y que si lo fuera, tendría más competencias y por tanto más gastos públicos. Pero también tendría más ingresos (los que ahora van al Gobierno central para financiar sus competencias y los que van a la solidaridad interregional). Si Catalunya fuera, pues, un Estado independiente y su gobierno tuviera una deuda de sólo el 21% del PIB, sería considerada una economía sana y los mercados financieros se pelearían por prestarle dinero. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no es un Estado independiente, sino que forma parte de España, y eso tiene al menos tres consecuencias importantes.

Primera, por razones que se escapan a toda racionalidad, el Gobierno central ha mantenido una incomprensible deslealtad institucional, acusando a las autonomías de causar casi exclusivamente el déficit del Estado a pesar de que el 60% del total corresponde al Gobierno central. Esas continuas acusaciones han minado la confianza de los mercados.

Segunda, los mercados saben que los impuestos que se pagan en Catalunya no son administrados por la Generalitat, sino que se van a España y es el Gobierno central quien decide cuánto dinero regresa a Catalunya. Se estima que, en promedio, sólo lo hace el 60%. Es verdad que si Catalunya fuera un Estado independiente, sus ingresos se habrían visto reducidos por culpa de la crisis, igual que los de todos los estados en recesión. El problema es que, además, Catalunya sufre la caída de recaudación proveniente de un nefasto sistema de financiación autonómica que permite que hasta el 40% de los impuestos recaudados en Catalunya desaparezca. Y los mercados no ven que eso se vaya a solucionar pronto, porque los sucesivos gobiernos centrales se niegan a reconocer el problema.

La tercera consecuencia de formar parte de España es que, en estos momentos, la marca España es una lacra. Eso lo notan, por ejemplo, todas las empresas grandes del país, que tienen verdaderos problemas para financiarse. El común denominador de empresas tan dispares como Telefónica, Gas Natural o ACS es que son españolas. La agencia Moody’s lo dijo claramente: “El rating de Telefónica sólo puede estar un escalón por encima del rating del Gobierno de España”. Pues eso.

Y es que el mundo entero observa al momento cómo se deterioran las principales instituciones de España: el Rey cazando elefantes en medio de la crisis; su yerno imputado por corrupción; el presidente del Tribunal Supremo, dimitido por apropiación de dinero público; el juez Garzón, obligado a dimitir por espionaje; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, imputado por fraude empresarial; Emilio Botín evadiendo 2.000 millones sin que le pase nada; el descrédito de entes reguladores como el Banco de España y la CNMV, o las constantes mentiras de un Gobierno que hace exactamente lo contrario de lo que prometió. Todo este desprestigio institucional hace que los inversores vean a España como un país poco fiable al que le va a costar salir del agujero.

A la mala gestión de la Generalitat durante los años de la burbuja, pues, se le ha unido la incompetencia y deslealtad del Gobierno central, el insostenible sistema de financiación autonómico y el desmoronamiento institucional de España. Este cóctel explosivo tiene una consecuencia demoledora: en esta España de hoy, Catalunya es inviable.

Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele www.salaimartin.com

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